- Se trata de la tercera reunión del alto nivel que mantiene la madre de Richard Ángel, que ya ha tenido sendos encuentros con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y con el el consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno madrileño, Ángel Garrido.
La madre del joven trasladará a la fiscal María José Parrado Benito su certeza de que Richard no falleció por causa natural sino que fue asesinado. “Si hay mal trabajo policial, no tengo la culpa“, ha señalado Carmen Rainero, que ha asegurado disponer de “pruebas contundentes” que acreditan que a su hijo “lo mataron“.
Por otra parte, la familia de Richard ha presentado un escrito, al que ha tenido acceso Efe, en el que pide al titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Alcalá de Henares y al Juzgado de Menores número 2 de Madrid que se pronuncien sobre las diligencias solicitadas hace dos meses para esclarecer los hechos.
Se trata de una segunda autopsia ante los “errores” apreciados por un informe forense que dice que Richard no tuvo una muerte natural, sino violenta; así como una nueva declaración en calidad de investigado a Miguel Ángel Pavón -imputado en la causa- que recientemente publicó una fotografía en redes sociales, en la que quema una imagen del fallecido junto a su madre.
Igualmente, la familia pidió al juez de Alcalá que investigue los desperfectos causados el 11 de abril en el altar que existe a modo de homenaje junto a la zona donde fue hallado su cadáver en Alcalá.
En concreto, aparecieron las pintadas “Richi me la chupa“, “Fuck cops” (jodidos Policías) y “Me cago en tus muertos”, que consideran “palabras totalmente vejatorias y que atentan directamente contra el honor de Richard y sus familiares que todavía sufren por su muerte“.
Richard Ángel desapareció en Alcalá la madrugada del 1 de febrero en las inmediaciones de la discoteca Decano, situada a escasos metros del caudal del río Henares. Vivía con su padre en la cercana localidad de Meco y salió con unos amigos a celebrar un cumpleaños la noche del viernes 31 de enero.
Ocho personas fueron detenidas por estos hechos, cinco de ellas como presuntos coautores de la muerte y los otros tres como supuestos encubridores. La juez dejó en libertad con cargos a los tres mayores, mientras que los otros cinco pasaron a disposición de Fiscalía de Menores.
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Es un hecho muy triste, que merece la mayor atención y profesionalidad tanto de las fuerzas y cuerpos de seguridad, como la fiscalía y el juez instructor. No se justifica la falta de recursos para realizar una investigación tan deficiente.