- Los dos estudios reflejan una creciente desconfianza ciudadana hacia la Justicia y la percepción de una creciente politización de los tribunales.
Dos encuestas difundidas este lunes 6 de julio han puesto el foco en la percepción ciudadana sobre la Justicia en España. Según un estudio de 40dB para El País y la Cadena SER, el 65,4% de los españoles considera que existe lawfare o guerra judicial en el país. Paralelamente, un barómetro elaborado por Ipsos para La Vanguardia refleja que seis de cada diez ciudadanos creen que hay jueces que están haciendo política. Ambos sondeos apuntan a una percepción mayoritaria de desconfianza hacia la imparcialidad del Poder Judicial cuando los asuntos afectan a la esfera política.
El estudio de 40dB, realizado mediante 2.000 entrevistas online entre el 26 y el 29 de junio, dibuja un panorama significativo. Solo el 32,2% de los encuestados considera que las resoluciones judiciales sobre asuntos políticos suelen ser justas e imparciales, mientras que el 59,3% opina lo contrario. Además, el 82% cree que la Justicia es demasiado lenta; el 75,5% considera que los partidos políticos intentan influir en las decisiones de los jueces, y el 63% está de acuerdo en que algunos magistrados toman decisiones condicionadas por sus propias ideas políticas.
La valoración del funcionamiento de la Justicia también varía según el tipo de procedimiento. Los ciudadanos puntúan con un 3,7 sobre 10 su actuación en los escándalos políticos, mientras que la nota supera el aprobado —entre 5 y 5,4 puntos— cuando se trata de litigios civiles, laborales o procesos penales ordinarios.
El sondeo introduce además de forma expresa el concepto de lawfare. El 65,4% responde que sí existe en España; el 11% considera que no y el 24% afirma no tener una opinión formada. Entre quienes creen que existe, el 28% considera que se ejerce principalmente contra el Gobierno y los partidos de izquierdas; el 22,6% opina que se utiliza indistintamente desde diferentes ámbitos políticos y el 14,8% cree que afecta sobre todo a la oposición y a la derecha. Asimismo, un 34% de los encuestados considera que los jueces tienden a favorecer a la derecha, frente al 16% que cree que favorecen a la izquierda, mientras que alrededor de una cuarta parte los considera imparciales.
La encuesta también refleja el grado de conocimiento ciudadano sobre distintos procedimientos judiciales de actualidad. Según los datos publicados por 40dB, los casos que afectan a dirigentes o personas vinculadas al PSOE presentan un mayor nivel de notoriedad que otros procedimientos relacionados con etapas anteriores de gobiernos del PP, como Kitchen o Púnica. Esa diferente exposición mediática parece influir también en las percepciones de los encuestados sobre la posible existencia de motivaciones políticas detrás de determinadas actuaciones judiciales.
El barómetro elaborado por Ipsos para La Vanguardia, basado en 1.306 entrevistas realizadas entre el 16 y el 29 de junio, llega a conclusiones similares. El 60% de los participantes considera que hay jueces que están haciendo política, mientras que solo el 41% cree que la mayoría actúa de forma imparcial. Un 43% opina lo contrario.
La desconfianza aparece, además, repartida entre electorados de distinto signo político. Aunque alcanza porcentajes especialmente elevados entre votantes de PSOE y Sumar, también es compartida por una parte significativa de quienes apoyan al PP y a Vox. El estudio señala igualmente que la percepción de parcialidad judicial es más elevada entre mujeres y jóvenes.
Al analizar procedimientos concretos, el sondeo de Ipsos aprecia diferencias relevantes. La causa que afecta a Begoña Gómez es la que suscita un mayor porcentaje de ciudadanos que cuestionan la imparcialidad judicial, mientras que otros procedimientos reciben valoraciones más equilibradas o incluso mayoritariamente favorables respecto a la neutralidad de la actuación de los tribunales.
Ambos estudios coinciden en publicarse en un momento de elevada presencia de la actividad judicial en la agenda política e informativa. Según la encuesta de 40dB, el 67,1% de los ciudadanos considera que la política se ha judicializado. Además, el 58% cree que los mecanismos internos de control del Poder Judicial vigilan poco o nada la actuación de los jueces que incumplen sus obligaciones, y casi la mitad reconoce confiar hoy menos en la Justicia que hace cinco años.
Para los vecinos de Alcalá de Henares, estas cifras trascienden el debate nacional. La ciudad cuenta con una intensa actividad judicial en materias civiles, penales, laborales, mercantiles, de familia o violencia sobre la mujer, además de albergar una histórica sede judicial actualmente en proceso de restauración por parte de la Comunidad de Madrid. Aunque la inmensa mayoría de los procedimientos que se tramitan diariamente en los juzgados complutenses son completamente ajenos a la confrontación política, la percepción ciudadana sobre la Justicia también puede verse influida por el clima de desconfianza reflejado en ambos estudios.
Los dos sondeos coinciden en identificar tres grandes preocupaciones entre los ciudadanos: la lentitud estructural de la Administración de Justicia, la sospecha de posibles influencias políticas y la percepción de que determinados jueces pueden actuar condicionados por criterios ideológicos. Se trata, en todo caso, de percepciones expresadas por los encuestados, no de una valoración objetiva sobre el funcionamiento efectivo de los tribunales.
Precisamente por ello, los resultados plantean un desafío institucional de primer orden. Más allá de las diferencias partidistas, una parte muy significativa de la ciudadanía manifiesta dudas sobre la neutralidad del sistema judicial cuando la política entra en los juzgados. Recuperar esa confianza aparece, según reflejan las propias encuestas, como uno de los principales retos para reforzar la credibilidad de una de las instituciones esenciales del Estado de derecho.
Conviene recordar, finalmente, que ambos trabajos son estudios demoscópicos destinados a medir la percepción de la opinión pública. Sus resultados describen cómo ven los ciudadanos el funcionamiento de la Justicia, pero no constituyen una evaluación jurídica sobre la corrección de las resoluciones judiciales ni sobre la actuación concreta de jueces o tribunales.
¡ Nuestro canal en Telegram! Si te ha interesado esta información, únete ahora a nuestro canal de telegram @alcalahoy para estar al tanto de nuestras noticias.
