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El juzgado amplía la investigación del caso de la filtración policial y cita a Severien, Orlena de Miguel y Alfonso Serrano como testigos.
La investigación judicial por la filtración de un documento interno de la Policía Local de Alcalá de Henares, que describía a “un joven de raza negra” como presunto autor de un intento de agresión sexual, sigue su curso. La jueza titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Alcalá ha citado a declarar como testigos al tercer teniente de alcaldía, Gustavo Severien, y a la concejala de Seguridad Ciudadana, Orlena de Miguel, en el marco del conocido ya como caso de la filtración policial.
Según ha desvelado este lunes eldiario.es, también está llamado a declarar el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, que deberá comparecer el próximo 2 de diciembre. La comparecencia de los dos ediles complutenses se enmarca en una batería de diligencias ordenadas por la magistrada para esclarecer el origen de la publicación en redes sociales de una nota interna de la Policía Local, utilizada por Serrano en su cuenta de X (antes Twitter) para respaldar unas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso.
Una nota interna convertida en argumento político
Los hechos se remontan a enero de 2024, cuando la presidenta regional celebró en Alcalá de Henares un Consejo de Gobierno extraordinario junto a la alcaldesa Judith Piquet, en pleno debate sobre la acogida de migrantes procedentes de Canarias en el CAED (Centro de Acogida, Emergencia y Derivación) instalado en el antiguo cuartel Primo de Rivera.
En aquella comparecencia, Ayuso afirmó que en el centro “se habían producido varias reyertas graves” y que “algunas mujeres del municipio” habían denunciado agresiones sexuales cometidas por internos del dispositivo. Las declaraciones de Ayuso provocaron reacciones críticas desde la oposición, que reclamó prudencia institucional y rigor informativo ante la sensibilidad del asunto.
Sin pruebas. https://t.co/wtM9G3buuE pic.twitter.com/hcwZp2yjKW
— Alfonso Serrano (@SerranoAlfonso) January 18, 2024
La polémica escaló cuando el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, replicó a un tuit de eldiario.es que titulaba “Ayuso vincula sin pruebas inmigración con agresiones sexuales y un brote de sarna en Alcalá”. Serrano respondió con un pantallazo de una nota interna de la Policía Local, en la que constaba la denuncia de una mujer por un intento de agresión sexual presuntamente cometido por “un joven de raza negra”. La alcaldesa Judith Piquet compartió esa publicación, amplificando su difusión.
Esa nota no era un documento público, sino un parte interno de uso policial, que no debería haber salido del ámbito administrativo. Su publicación originó una denuncia del PSOE de Alcalá por un posible delito de infidelidad en la custodia de documentos contra la alcaldesa y su jefe de prensa, Raúl Castillo.
La causa judicial sigue abierta
Judith Piquet declaró como investigada en enero de 2025 y negó ser la filtradora del documento. Argumentó que el parte “ya circulaba fuera del Ayuntamiento” antes de su retuit y que ella se limitó a reaccionar a una publicación de un dirigente regional. Su defensa solicitó el archivo de la causa, pero la Fiscalía se opuso, y la Audiencia Provincial de Madrid avaló la continuación de la investigación el pasado mes de mayo.
El juzgado ha requerido además al jefe de la Policía Local que aporte la transcripción completa de una conversación mantenida con la concejala de Seguridad Ciudadana, Orlena de Miguel, y los mensajes de WhatsApp intercambiados entre ambos y con Raúl Castillo el 18 de enero de 2024, fecha en la que se difundió el documento. El cotejo de esos materiales está previsto para el 10 de noviembre en sede judicial.
Las nuevas citaciones pretenden determinar cómo salió el parte interno de la Policía Local, quién lo tuvo en su poder y si existió o no una comunicación institucional que facilitara su difusión. Ninguno de los citados figura por ahora como investigado: comparecerán en calidad de testigos, dentro de la fase de instrucción previa, una condición que les obliga a decir la verdad bajo juramento.
Dimensión política y repercusión local
El llamado caso de la filtración policial ha vuelto a situar a Alcalá de Henares en el foco político y mediático de la Comunidad de Madrid. La presencia de Serrano en la causa, aunque como testigo, añade presión a un gobierno local que comparte el PP con Vox y que desde el inicio de la legislatura ha defendido una línea dura en materia de seguridad.
Desde el PSOE, que ejerce la acusación, se insiste en que la filtración “afecta a la confianza en las instituciones” y que “no puede normalizarse que datos sensibles de la Policía Local acaben en redes sociales”. Por su parte, fuentes del gobierno municipal consultadas por este medio se remiten a la “máxima colaboración con la justicia” y evitan realizar valoraciones públicas.
El caso ha generado fricciones políticas en el Ayuntamiento y ha motivado reproches cruzados entre gobierno y oposición en torno a la gestión del CAED y del área de Seguridad. La instrucción, entretanto, continúa avanzando en el juzgado complutense, donde se han incorporado nuevas diligencias para esclarecer el recorrido del parte policial filtrado.
Grabaciones y mensajes bajo la lupa judicial
Según ha podido saber ALCALÁ HOY, el auto judicial dictado el pasado 16 de octubre introduce nuevos elementos en la investigación y amplía la documentación requerida a la Policía Local. En concreto, la magistrada del Juzgado n.º 2 de Alcalá ha ordenado que se aporten las grabaciones y los mensajes de WhatsApp intercambiados el 18 de enero de 2024 entre el entonces jefe de la Policía Local, Rubén Jiménez Rodríguez, y la concejala de Seguridad Ciudadana, Orlena de Miguel, así como las conversaciones mantenidas ese mismo día entre el mando policial y el jefe de prensa municipal, Raúl Castillo, también investigado.
Estas comunicaciones, grabadas y conservadas por el propio jefe policial, son consideradas relevantes por el juzgado para determinar la secuencia exacta de los hechos y aclarar cómo salió del ámbito interno el parte de la Policía Local. Fuentes municipales consultadas por este medio vinculan además este episodio con la posterior sustitución de Rubén Jiménez Rodríguez, meses después, por un comisario procedente de Torrejón de Ardoz, un relevo que, según esas mismas fuentes, podría guardar relación con las tensiones derivadas de la filtración.
El nuevo auto, fechado el 16 de octubre, desmiente la versión interna que minimizaba el alcance de las diligencias y confirma que la instrucción sigue viva y se amplía con la incorporación de estas pruebas.
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