“Soltar lastre para intentar volar 4 años más”

Es una decisión política que reabre un debate esencial: ¿qué debe ir primero, el partido o la representación institucional? Para cualquier militante con una mínima cultura política, la respuesta es clara: el partido.

Los partidos no son herramientas al servicio de cargos públicos, sino estructuras colectivas que definen proyectos, marcan objetivos y establecen las líneas que sus representantes deben desarrollar en las instituciones. El grupo municipal no es un ente autónomo, sino la expresión institucional de esa voluntad colectiva. Invertir ese orden supone desnaturalizar la política democrática.

Por eso, cuando un dirigente abandona la responsabilidad orgánica pero se aferra a la institucional, el mensaje que se lanza es preocupante: que el espacio de poder institucional pesa más que el compromiso con el partido. Que se puede representar un proyecto político sin someterse plenamente a su estructura.

La metáfora es clara. Como esos aviones que, ante el riesgo de estrellarse, sueltan peso para intentar mantenerse en el aire, aquí parece haberse optado por desprenderse de la carga orgánica para intentar sostener el vuelo institucional durante cuatro años más. Pero en política, tirar peso no siempre salva el vuelo; a veces evidencia que el problema es más profundo.

Además, hay un elemento clave que agrava la situación: han pasado más de 40 días desde la dimisión y el partido se encuentra bajo la dirección de una comisión gestora. Conviene recordar qué es —y qué no es— una gestora. Su función es meramente transitoria: pilotar el proceso hacia la elección de una nueva dirección. No sustituye a una comisión ejecutiva local elegida democráticamente por la militancia, ni puede ejercer con plena legitimidad política las funciones de dirección.

Esto genera una anomalía evidente. Por un lado, el partido está descabezado, sin una dirección legítimamente elegida que marque el rumbo político. Por otro, el principal referente institucional continúa ejerciendo con normalidad su liderazgo en el Ayuntamiento. Es decir, el instrumento (el grupo municipal) sigue funcionando mientras el sujeto político (el partido) permanece en una situación provisional.

Este desequilibrio no es menor. Porque debilita la capacidad del partido para definir objetivos y orientar la acción política. Y, al mismo tiempo, refuerza la idea de que la institución puede funcionar al margen de la organización que le da sentido.

La pregunta, por tanto, es inevitable: si se ha considerado necesario dimitir como secretario general, ¿por qué no asumir también las consecuencias en el ámbito institucional? ¿Por qué esa dimisión parcial?

La respuesta implícita parece clara: porque el coste político no es el mismo. Y ahí es donde surge el problema. Cuando las responsabilidades se asumen de forma selectiva, en función de dónde duelen menos, se erosiona la credibilidad.

Para cualquier militante, el partido es el espacio central. Es donde se debate, se decide y se construye el proyecto político. Es también donde se asumen las responsabilidades cuando las cosas no salen bien. Las instituciones, en cambio, son el lugar donde ese proyecto se ejecuta.

Alterar ese orden implica debilitar la lógica colectiva de la política. Supone trasladar el centro de gravedad desde el partido hacia el cargo. Y eso tiene consecuencias: se diluye la rendición de cuentas interna y se refuerza la personalización del poder.

No se trata de cuestionar trayectorias personales, sino de analizar decisiones políticas. Y esta decisión concreta transmite una prioridad clara: preservar la posición institucional por encima de la reconstrucción orgánica.

Sin embargo, en momentos de dificultad, lo que más necesita una organización es precisamente lo contrario: fortalecer el partido, reconstruir su dirección y redefinir su proyecto. Y eso exige coherencia.

Porque la política no puede ser solo gestión institucional. Debe ser, ante todo, un proyecto colectivo articulado a través del partido. Cuando ese vínculo se debilita, lo que queda es una estructura vacía de contenido político.

En definitiva, la dimisión de Javier Rodríguez Palacios como secretario general, manteniendo la portavocía del grupo municipal en un contexto de gestora, no es una decisión neutra. Es una forma de reordenar prioridades que sitúa la institución por encima del partido.

Y para muchos militantes, ese orden sigue siendo innegociable: primero el partido. Después, todo lo demás.

Firmado: Alberto Larrán Sánchez, militante.

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