- Carballo advierte sobre la erosión democrática, el ruido político y la pérdida de confianza ciudadana que comienza en lo cotidiano y municipal.
- Adolfo Carballo se define como ciudadano del mundo. Activista de derechos humanos. Cuestiono lo evidente, exploro los mundos que llevo dentro y busco que cada pensamiento y acción tengan sentido propio. Como decía Voltaire: “El sentido común es el menos común de los sentidos”.
En política, como en la vida, los disfraces son peligrosos. No porque oculten durante un tiempo la realidad —eso podría incluso ser comprensible—, sino porque, cuando se prolongan demasiado, acaban sustituyéndola.
Vivimos un tiempo en el que la política ya no se percibe únicamente como el arte de gestionar lo común, sino como una batalla permanente de relatos. Y en esa batalla, la verdad deja de ser un punto de encuentro para convertirse en un campo de disputa. Lo que importa no es tanto lo que ocurre, sino quién consigue imponer su versión de lo que ocurre. Y ahí es donde empiezan los problemas.
Porque cuando la política se convierte en relato, la propaganda se disfraza de información, el interés se disfraza de ideología y la estrategia se disfraza de convicción. Y cuando todo se disfraza, la ciudadanía deja de ver con claridad.
En los últimos años, el espacio público se ha llenado de ruido. No un ruido cualquiera, sino un ruido organizado, constante y en muchos casos deliberado. Redes sociales, tertulias, canales digitales y determinados espacios mediáticos han contribuido a consolidar una dinámica en la que el bulo, la exageración o la manipulación emocional encuentran terreno fértil.
En ese contexto, distintas formaciones políticas han sido señaladas por su uso intensivo de estrategias comunicativas agresivas o por su relación con determinados entornos mediáticos. No se trata solo de ideología, sino de métodos: la simplificación extrema, la desinformación emocional y la construcción de enemigos permanentes. Cuando la política adopta estos mecanismos, el debate democrático se degrada. Ya no se discuten ideas, sino identidades. Ya no se confrontan proyectos, sino lealtades. Y en ese escenario, la verdad deja de importar tanto como la adhesión.
Uno de los aspectos más sensibles en cualquier democracia es el uso del dinero público. No es un recurso abstracto: es el esfuerzo de la ciudadanía convertido en presupuesto común. Por eso su gestión exige un nivel máximo de transparencia, rigor y ejemplaridad. El rastro del dinero público vuelve a aparecer siempre en el mismo lugar: contratos, subvenciones, favores y redes de comunicación convertidas en herramientas de influencia política.
Casi 700.000 euros en contratos destinados a espacios señalados por su papel en la difusión de discursos políticos o ideológicos alimentan un debate necesario: hasta qué punto las instituciones están garantizando el pluralismo informativo o, por el contrario, contribuyendo a la consolidación de estructuras de propaganda indirecta. No se trata únicamente de legalidad administrativa. Se trata de legitimidad democrática. Porque incluso aquello que es legal puede ser profundamente dañino para la confianza pública si erosiona la percepción de imparcialidad institucional.
En el actual escenario político español, formaciones como el Partido Popular y Vox han sido objeto de debate constante en torno a sus estrategias de comunicación y su papel en la polarización del discurso público. Desde sectores críticos se les acusa de fomentar dinámicas de confrontación permanente, de contribuir a la simplificación extrema del debate y de utilizar el miedo o la inseguridad como elementos de movilización política. Sus defensores, por el contrario, argumentan que se trata de una respuesta legítima frente a lo que consideran desequilibrios ideológicos previos.
Más allá de las interpretaciones, lo cierto es que la polarización ha crecido. Y cuando la polarización crece, el espacio para el acuerdo se reduce y la democracia se vuelve más frágil.
Uno de los elementos más delicados en cualquier sistema democrático es la percepción de justicia. No basta con que las instituciones funcionen; es necesario que la ciudadanía confíe en que funcionan. Cuando esa confianza se debilita, aparece una sensación peligrosa: la de que existen distintos niveles de responsabilidad según el poder, la influencia o la posición política. Esa percepción, sea justa o no, erosiona el contrato social.
Por eso es fundamental reforzar los mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas. No como arma política, sino como garantía democrática. Porque una democracia no se sostiene solo con elecciones periódicas, sino con instituciones sólidas que actúan con independencia y credibilidad.
La democracia no se destruye de un día para otro. Se erosiona poco a poco, con pequeñas renuncias, con silencios, con indiferencia y con la aceptación progresiva de lo que antes nos parecía inaceptable. Y ese proceso no ocurre solo en los grandes debates nacionales o en los titulares de los medios. También ocurre en lo cercano, en lo municipal, en lo cotidiano: en los ayuntamientos, en los plenos, en los barrios, en las decisiones que afectan directamente a la vida de las personas.
Porque la política municipal no es un espacio menor: es, en realidad, el nivel más tangible de la democracia. En este ámbito, el papel de las asociaciones vecinales y los colectivos ciudadanos resulta esencial. Son quienes, de forma constante y muchas veces silenciosa, mantienen viva la conexión entre la ciudadanía y las instituciones: alertan de problemas, trasladan necesidades, proponen soluciones y recuerdan que la democracia no se agota en el día de las elecciones.
Cuando estas voces son escuchadas, la democracia se fortalece. Cuando son ignoradas o relegadas a un segundo plano, se debilita el vínculo entre representantes y representados. Y cuando la participación ciudadana se percibe como decorativa o sin impacto real, la desafección crece.
La desaparición o el debilitamiento de plataformas, asociaciones vecinales o colectivos de este tipo plantea preguntas incómodas: ¿falta de participación?, ¿cansancio acumulado?, ¿o simplemente un cambio de ciclo en la implicación ciudadana? No siempre hay una única respuesta, pero siempre hay una señal que merece ser atendida. Porque la erosión democrática también empieza ahí: en la distancia entre lo institucional y lo ciudadano.
Ese deterioro no ocurre solo en los grandes escenarios políticos, sino también en lo cotidiano. Incluso en el ámbito más cercano, el de las asociaciones vecinales y los colectivos ciudadanos, nada es completamente neutro. Están formados por personas, y las personas siempre traen consigo ideas, trayectorias y afinidades. Eso no es el problema. El problema empieza cuando esas ideas dejan de ser matices y se convierten en identidad, cuando el compromiso con el barrio se diluye y es sustituido por la lógica de las siglas.
Porque la frontera entre lo vecinal y lo político es más frágil de lo que se reconoce públicamente. No siempre se cruza de forma explícita; a veces ocurre de manera silenciosa, por desgaste, por dependencia institucional o simplemente por la inercia del tiempo. Pero el resultado es siempre el mismo: lo que nació como espacio común empieza a percibirse como prolongación de un posicionamiento político concreto.
Y cuando eso sucede, algo se rompe de forma casi imperceptible pero profunda: la confianza. La ciudadanía deja de ver esos espacios como expresión plural del barrio y comienza a interpretarlos como una pieza más del tablero político. No es una ruptura brusca, sino una erosión lenta, casi invisible, pero constante.
Quizá la cuestión de fondo no es solo por qué ocurre, sino qué dice de nosotros como sociedad que ocurra con tanta facilidad. Porque cuando incluso los espacios de proximidad dejan de ser plenamente compartidos, cuando lo común se fragmenta en bandos y lo cotidiano se interpreta en clave de confrontación, la democracia deja de erosionarse en abstracto y empieza a hacerlo en su raíz más íntima: la confianza.
“La democracia no muere de un golpe, sino de una lenta renuncia a vigilar.” O como advertía Alexis de Tocqueville, “el mayor peligro de la libertad es que los ciudadanos dejen de vigilar”.
Porque, al final, las democracias no caen solo por quienes las atacan, sino también por quienes, poco a poco, dejan de defenderlas.
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