- Las denunciantes describen el centro como un lugar hostil donde el miedo y las amenazas sustituyeron al refugio y la protección.
Varias usuarias y extrabajadoras han denunciado presuntos maltratos, amenazas y humillaciones en un centro de acogida para mujeres víctimas de violencia de género dependiente de la Comunidad de Madrid. La Fiscalía de Alcalá de Henares ha presentado una denuncia ante los juzgados de Arganda por “deficiencias en el funcionamiento” y “trato discriminatorio”, a raíz de una acción colectiva impulsada por mujeres que han pasado por el centro y trabajadoras que formaron parte de su plantilla.
El recurso, cuya ubicación se mantiene en secreto por motivos de seguridad, forma parte de la red de centros de acogida financiados con fondos públicos, pero su gestión está externalizada a una asociación privada sin ánimo de lucro. Según los testimonios recogidos por RTVE, medio que ha tenido acceso a la denuncia, el ambiente en el centro era “opresivo y hostil”, llegando incluso a provocar que algunas mujeres decidieran abandonarlo antes de tiempo.
“Pasé de tener miedo a un hombre a tener miedo a estas mujeres”, declara una de las víctimas, que relata episodios de humillación, amenazas con quitarle la custodia de su hijo y condiciones de vida indignas. Otra de las afectadas asegura que fue trasladada a una habitación sin calefacción en pleno invierno como represalia por no acatar las normas internas. “No me dejaban comprar una colcha, mi hijo tuvo neumonía”, relata.
Uno de los episodios más graves incluidos en la denuncia hace referencia a la negativa de dar agua a un bebé para evitar que “gastara muchos pañales”. El menor terminó ingresado en un hospital por deshidratación. Las mujeres también denuncian que las responsables del centro las trataban con desprecio, se burlaban de su aspecto físico y las controlaban mediante amenazas constantes. “Te decían que si no obedecías, llamarían a los servicios sociales para quitarte a los niños”, señala otra testigo.
El portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, ha explicado que fue la propia Consejería de Familia y Asuntos Sociales quien, tras recibir las quejas, abrió un expediente informativo y trasladó la situación a la Fiscalía. Según sus declaraciones, “el caso fue archivado a finales de mayo”, aunque ha asegurado que “si se confirma mala praxis, se tomarán las medidas necesarias”.
La asociación que gestiona el centro no ha respondido a los mensajes ni peticiones de información por parte de RTVE. Mientras tanto, las denunciantes siguen reclamando justicia y, sobre todo, garantías de que ninguna otra mujer tenga que pasar por lo que ellas vivieron.
Este caso abre un debate necesario sobre la fiscalización de los recursos públicos destinados a la protección de las mujeres víctimas de violencia machista y el modelo de externalización que, según denuncian diversos colectivos sociales y feministas, puede dar lugar a situaciones de desprotección institucional. Se exige también transparencia, supervisión independiente y responsabilidad política ante unos hechos que no pueden quedar impunes.
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