- Editoriales en ALCALÁ HOY
Desde el año 2005, el Pleno Municipal ya no es lo que era. Desde que Alcalá de Henares se acogiera a la Ley de Modernización de las Administraciones Locales, la llamada “Ley de Grandes Ciudades”, el pleno del ayuntamiento ya no gobierna la ciudad: la práctica totalidad de sus competencias han pasado a formar parte de la Junta de Gobierno, el órgano elegido por el alcalde de turno y que es donde de verdad se toman las decisiones del gobierno municipal.
Salvo un puñado muy limitado de competencias, como la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana, las Ordenanzas Fiscales, el Presupuesto y sus modificaciones, la aprobación de la plantilla municipal, la solicitud de préstamos, la creación de órganos supramunicipales o la constitución de organismos descentralizados de gestión (como Alcalá Desarrollo o Ciudad Deportiva), todo lo demás, es decir, todo, es competencia de la Junta de Gobierno Local o del Alcalde.
Para que todo el mundo nos entienda, desde su entrada en vigor en agosto de 2006, el Pleno se ha “parlamentarizado”, esto es, es un sitio en el que se habla y se discute mucho de política pero en el que se deciden muy pocas cosas que tengan que ver con el día a día de la ciudad porque, en realidad, el Pleno ya no es gobierno. Sin embargo, como órgano de fiscalización y control, el Pleno si es el espacio de la Oposición.
En cada pleno, los grupos políticos de la oposición presentan sus propuestas, llamadas Mociones, que se discuten y debaten durante horas y que la realidad es que no sirven para nada. Para nada.
Para que se hagan una idea, un pleno municipal que empieza a las 17 horas, suele terminar su orden del día de gestión ordinaria en no más de 40 minutos o una hora. El debate de las mociones de los grupos políticos puede llevar hasta 4 horas. Cuatro horas de debate político que no tiene ninguna incidencia en las decisiones del gobierno, porque no está obligado a cumplir ninguna de las propuestas que haga la oposición. Bueno, lo está sobre el papel, pero el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento aprobado por Bartolomé González en 2006 dice en su artículo 85.3:
“Las mociones carecerán de la eficacia precisa para la adopción de acuerdos que exijan informes técnicos, económicos o jurídicos (…) limitándose por tanto (a ser) pronunciamientos expresivos de una voluntad política determinada.”
Y como son muy pocas las propuestas que se hacen que no necesiten de algún tipo de informe, ya sea jurídico, técnico o económico, la realidad es que todas las propuestas de los partidos de la oposición no tienen valor alguno desde el punto de vista de gestión y se limitan a ser, como muy bien dice el articulado del Reglamento, un “pronunciamiento expresivo”, es decir, un espacio de representación política sin efectos sustantivos.
Si quieren una prueba de ello, entre julio de 2015 y mayo de 2019, esto es, durante cuatro años, el Pleno Municipal aprobó 212 mociones de los grupos políticos de la oposición. Las que se han llevado a cabo de forma efectiva, no son más de 10.
Así que el Pleno Municipal, en tanto que Parlamento, se ha convertido, esa es la buena noticia, en el indicador de los problemas que los políticos de la oposición quieren colocar en el escaparate en cada momento. A través de las mociones es como Ciudadanos, PP, Vox y Unidas Podemos tratan de conectar con los vecinos de la ciudad y hacerles llegar no sólo soluciones concretas, sino una mirada global sobre cómo piensan en la ciudad.
En cualquier caso, desde que el Pleno dejó de ser “el Pleno”, los alcaldes viven mucho más tranquilos. Ese era el objetivo de la Ley de Modernización de las Administraciones Locales: que los gobiernos no tuvieran bloqueos de mayorías. El lamento de los gobiernos en minoría terminó por cristalizar en una ley mucho más ejecutiva en un sentido práctico: todo el poder para el alcalde y para la Junta de Gobierno. El Pleno, donde reside la verdadera soberanía local, ya no les estorba. O lo justo.