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Campuzano sostiene que el aval europeo a la amnistía no cerrará el conflicto político ni frenará la oposición judicial al acuerdo con Junts.
- Por Antonio Campuzano. Periodista, patrono de la Fundación Diario Madrid.
A poco que los meandros procesales del Tribunal Supremo y otras instancias judiciales comunitarias ganen tiempo en la infinitud de la categoría temporal se habrá decretado el comienzo de la campaña de las elecciones generales para dar continuidad histórica a las de julio de 2023, donde nadie ganó pero de las cuales emergió la sucesión de Pedro Sánchez a manos del propio Pedro Sánchez en virtud de acuerdos con otras fuerzas, de cuyo conjunto emerge sobre todas las demás Junts, santo y seña independentista y conservador del movimiento que hizo valer su audacia en el otoño de 2017 sin producción de violencia ni terror, pero sí confrontación constitucional si la carta magna de la transición se moviliza como abanderada de la convivencia de los españoles, entre los cuales cabe sumar a los catalanes.
La revisión de aquella pertenencia catalana al común español tambaleó en aquellas fechas el edificio constitucional con la intervención del gobierno de Mariano Rajoy en forma de aplicación del famoso artículo 155 que permite la invasión de facultades de una comunidad por el Estado central cuando se dan circunstancias excepcionales como las habidas en octubre de 2017.
El acuerdo verbalizado para la investidura de Sánchez incluía el ejercicio de la amnistía para los actores del otoño de aquel año de gran convulsión. La fuerza argumental de aquel acuerdo, que parecía estupendo al resto de partidos que permitió la revalidación de Sánchez, significaba el paso de página de aquella reverberación sísmica constitucional para empezar la senda de la reconciliación y la convivencia.
La fuerza nacionalista de Junts y Esquerra Republicana de Catalunya tenía muchas ramificaciones y opiniones en la diversidad, pero había coincidencia en la necesidad de la amnistía y la vuelta a casa de aquellos que se encontraban en momento de exilio porque el regreso comportaba presidio, principalmente leído el ejemplo del ex president Puigdemont.
Entre discordias y malestares, la legislatura se ha desarrollado temporalmente sin apenas sobresaltos que la hiciesen desaparecer para disolver el parlamento que la hizo posible. Proyectos de ley y presupuestos generales han padecido el desdén del partido de Puigdemont para vadear lo sustancial del principio del pacto, el mantenimiento de un gobierno de coalición nacido de una mayoría minoritaria de inicio.
Todas las iniciativas orientadas al camino del indulto y la amnistía emanadas del gobierno han resultado de naturaleza hostil a la oposición con resultado contrario a toda colaboración. En este sentido, el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de esta semana, en atención a la petición de los tribunales españoles dudosos en aplicar la medida extraordinaria del paso de página, resultaba un hito en la discordia de gobierno y oposición sobre la llegada a territorio catalán de Puigdemont.
Europa se constituía en poder arbitral para empezar la vía del entendimiento. Europa y su derecho comunitario ha hablado para consolidar lo hecho por el gobierno en materia amnistiable con los sucesos del otoño de 2017 y el resultado es la repetición de la interpretación de la oposición nacional.
Un juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, mantiene la cuestión prejudicial sobre diversas materias relacionadas con aquel otoño con olvido de la moción global que representa la voz del tribunal europeo, que sanciona el buen hacer del gobierno.
El arúspice del PP, el ex presidente Aznar, de cuyas entrañas de pensamiento se nutre gran parte del partido de la calle Génova, declama con grandes sintagmas la necesidad de castigo para aquel gran pecado de la secesión para el cual no existe penitencia.
La vocecita de Aznar a la que añade seriedad profunda desde su insondable actividad económica de ex presidente recuerda a Max Aub, en La calle de Valverde, para recordar la etapa dictatorial de Primo de Rivera y ponerla en la voz del cantaor Antonio Chacón, de quien predicaba «la floritura gutural de la pena, de la angustia, del castigo, de la aflicción, de la congoja, del ahogo».
El encaje de Chacón en aquel entonces por Aub debe similitud a la posición de Aznar en este preciso momento de resistencia al silencio y al descanso después de tantos desvelos por España.
En esa misma longitud de onda transmite parte de la judicatura española, valedora de las cuestiones prejudiciales como táctica de melancolía filibustera de retraso y deterioro aun en la seguridad del ejercicio de la banalidad.
La fecha de la voz del TJUE ha llegado para, en el caso de la pérdida de autoridad, dar paso a la continuidad del empuje de oposición por todos los medios que permite la categoría mediática.
Las instrucciones de los escándalos que amenazan la estabilidad de gobierno se han quedado en soledad habida cuenta de la descompresión europea de la amnistía como elemento de corrupción con mercancía del voto.
El apoyo de Junts a la opción de Sánchez en lugar de la de Feijóo con la mochila epidural de Vox, en 2023, se fundamentaba en la gestión de la amnistía, pero la autoridad judicial europea ha dictaminado que la materia objeto de negociación no se encontraba en la tabla de elementos tóxicos, peligrosos e inflamables, sino, antes al contrario, podían predicarse de su utilidad convivencial y plenitud de amor y concordia, dicho sea con las ventajas que proporciona la traducción libre y personal.
A partir de ahora, Puigdemont y su prolongación en Madrid, Miriam Nogueras, podrán exigir más y mejor en nuevos catálogos de distintas calidades, pero el cumplimiento del pacto del verano de 2023 no se encuentra al alcance de quien lo firmó, sino en el resquemor ex presidencial de Aznar y en la red de alcantarillado judicial del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional.
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