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Ceuta vuelve a evidenciar que la frontera sur exige firmeza, estrategia y una respuesta europea sostenida frente a una presión recurrente.
Hay crisis que estallan de repente y otras que, en realidad, llevan décadas gestándose. Lo ocurrido en Ceuta a finales de julio de 2026 pertenece a esta segunda categoría. No es un episodio aislado ni una simple crisis migratoria descontrolada. Es el último capítulo de una larga historia en la que Marruecos utiliza, cuando lo considera conveniente, la presión sobre las ciudades españolas del norte de África como instrumento político y diplomático.
Me consta, como a cualquier observador atento de la realidad norteafricana y de las relaciones hispano-marroquíes, que Marruecos no ha renunciado nunca a su reivindicación sobre Ceuta y Melilla, un territorio español desde antes de la creación del reino de Marruecos. No se trata de una ocurrencia puntual ni de un recurso retórico de ocasión. Forma parte del discurso oficial marroquí desde la independencia, se refleja en los libros escolares y reaparece periódicamente cada vez que Rabat considera oportuno recordar a Madrid y, por extensión, a Bruselas que controla una de las principales puertas de entrada al continente europeo. Lo que cambian son los métodos, las circunstancias y la intensidad de la presión.
Tampoco es la primera vez que ocurre. La Marcha Verde de 1975 demostró hasta qué punto Marruecos estaba dispuesto a utilizar la movilización de población civil como instrumento de presión política. En 2002 llegó la crisis del islote de Perejil, resuelta tras una rápida intervención militar española y una intensa mediación diplomática. En mayo de 2021, la relajación del control fronterizo permitió la entrada de miles de personas en Ceuta en apenas unas horas. Lo sucedido ahora responde a esa misma lógica, aunque con una dimensión y una velocidad inéditas.
En apenas treinta y ocho horas, entre la madrugada del 30 de julio y el mediodía del 31, entre 50.000 y 60.000 personas, en su inmensa mayoría jóvenes marroquíes, cruzaron a nado o a pie el espigón del Tarajal y las zonas adyacentes. La cifra supera ampliamente la registrada en 2021 y colocó a una ciudad de poco más de 83.000 habitantes al borde del colapso. Al menos 57 personas perdieron la vida, la mayoría ahogadas. Más de 53.000 regresaron a Marruecos en menos de dos días, muchos de ellos de forma voluntaria al comprobar que las promesas difundidas en redes sociales poco tenían que ver con la realidad que encontraron al otro lado de la frontera. El resto fue devuelto con el despliegue del Ejército, la Guardia Civil y la Policía Nacional. Ceuta quedó paralizada, con actos suspendidos, vecinos abandonando temporalmente la ciudad y una imagen de vulnerabilidad que dio la vuelta al mundo.
Las primeras horas estuvieron marcadas por un lenguaje político y mediático especialmente inflamado. Desde distintos sectores se habló de «invasión», de «asalto coordinado» y de «ataque híbrido». Se reclamó el cierre inmediato de la frontera, la declaración de emergencia nacional y medidas excepcionales. El Gobierno respondió inicialmente atribuyendo el fenómeno a las mafias y a una interpretación interesada de una reciente sentencia del Tribunal Supremo. Más tarde, el presidente Pedro Sánchez acabaría calificando lo sucedido como una «violación de la integridad territorial». Entre ambos relatos quedó una evidencia difícilmente discutible: el Estado se vio desbordado durante las primeras horas.
La sentencia del Supremo, dictada pocas semanas antes, existe y abre un vacío operativo al establecer que las denominadas devoluciones en caliente no pueden aplicarse cuando la entrada se produce a nado al no existir una frontera física comparable a la valla terrestre. Las mafias de tráfico de personas también existen y aprovechan cualquier resquicio jurídico o cualquier rumor para atraer a miles de jóvenes. Pero una avalancha de semejante magnitud difícilmente puede explicarse solo por esos factores. Requiere, como mínimo, una relajación temporal de los controles en el lado marroquí o una respuesta insuficiente durante las horas decisivas. Ese patrón ya se observó en 2021: permitir que la presión aumente, dejar que las imágenes recorran Europa y colaborar después en el retorno cuando el impacto político ya se ha producido.
Las razones de fondo probablemente sean varias y no necesariamente excluyentes. La reciente visita de Pedro Sánchez a Argelia volvió a despertar recelos en Rabat. El Sáhara Occidental continúa siendo el eje central de la política exterior marroquí y cualquier gesto hacia Argel se interpreta allí con enorme sensibilidad. A ello se suma la pugna simbólica por la sede de la final del Mundial de 2030 y, sobre todo, la convicción marroquí de que Ceuta y Melilla siguen siendo una cuestión abierta. Para España no existe negociación posible sobre su soberanía; para Marruecos constituyen un elemento permanente de presión diplomática.
La dimensión europea de la crisis quedó patente desde el primer momento. Italia anunció controles temporales sobre el tráfico procedente de España, posteriormente matizados. Francia reforzó la vigilancia fronteriza. La Comisión Europea trató de transmitir tranquilidad asegurando que nadie había accedido desde Ceuta al territorio continental. Sin embargo, la imagen de una frontera exterior de la Unión desbordada en apenas unas horas volvió a poner de manifiesto una realidad incómoda: Europa sigue careciendo de una política migratoria verdaderamente común, eficaz y capaz de responder con rapidez a situaciones extraordinarias.
En el plano interno, la crisis también ha evidenciado debilidades conocidas. La legislación vigente y la interpretación judicial generan zonas grises que las organizaciones dedicadas al tráfico de personas aprovechan con rapidez. El Gobierno anuncia ahora reformas legales para facilitar las devoluciones también por vía marítima y estudia instalar boyas que delimiten visualmente la frontera. Son medidas necesarias, pero inevitablemente reactivas. La pregunta es por qué no se adoptaron antes cuando el problema ya había sido advertido.
Tampoco han faltado quienes han intentado utilizar políticamente la crisis desde el exterior. Donald Trump recurrió a Ceuta para reforzar su discurso sobre la inmigración irregular en Estados Unidos, mientras desde Israel se aprovecharon los acontecimientos para devolver críticas al Gobierno español en un contexto de relaciones especialmente tensas. Son movimientos propagandísticos. No existen evidencias de que terceros países hayan provocado la crisis. Marruecos dispone por sí solo de capacidad suficiente para modular la presión migratoria sobre Ceuta cuando considera que ello favorece sus intereses estratégicos.
Pero el análisis político no debe hacer olvidar el drama humano. Al menos 57 personas murieron intentando alcanzar territorio español. Muchos de quienes cruzaron eran jóvenes convencidos de que podrían acceder rápidamente a la Península o regularizar su situación. Se encontraron con una ciudad bloqueada, sin capacidad de acogida y con una población exhausta tras años soportando una presión migratoria constante. Fueron utilizados como instrumento de una estrategia política que les era completamente ajena. Reconocer esa realidad no significa cuestionar el derecho de España a proteger sus fronteras ni a devolver a quienes acceden irregularmente. Significa, sencillamente, recordar que detrás de cada cifra hay vidas humanas.
¿Qué debería hacerse ahora? Lo primero, abandonar tanto la ingenuidad como el alarmismo. Marruecos seguirá siendo un vecino imprescindible en materia de seguridad, comercio y cooperación. Pero esa necesidad no puede traducirse en dependencia política. España necesita una estrategia estable para Ceuta y Melilla, con capacidad legal para responder con rapidez, recursos permanentes, coordinación efectiva entre Interior, Defensa y Exteriores y un respaldo europeo mucho más sólido que el actual. La protección de la frontera sur no puede descansar únicamente sobre la voluntad coyuntural de Rabat.
Ceuta no es un problema local ni una anomalía geográfica. Es uno de los lugares donde convergen la soberanía española, las aspiraciones territoriales de Marruecos, las rutas migratorias del Mediterráneo occidental y las carencias de la política común europea. Cada vez que Rabat endurece o relaja el control fronterizo recuerda a Madrid y a Bruselas hasta qué punto esa frontera depende también de sus decisiones. La crisis de julio de 2026 ha sido excepcional por su magnitud, pero responde a una lógica conocida desde hace décadas.
España no puede seguir viviendo en la sorpresa permanente. Ni refugiándose en la retórica de una cooperación ejemplar cuando los hechos muestran otra realidad, ni alimentando discursos que convierten el miedo en arma política, ni retrasando reformas legales que acaban imponiéndose siempre después de cada crisis. La defensa de Ceuta y Melilla exige una auténtica política de Estado, sostenida en el tiempo y respaldada por Europa. Porque la frontera seguirá ahí mañana. Y Marruecos también.
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