- Vivienda, Ceuta y primarias frustradas en Alcalá dibujan una política donde los problemas llegan antes y las soluciones casi siempre después.
Hay una forma muy española de gobernar que consiste en anunciar el país que vendrá mientras se desaloja el que ya está. Se firma un plan de cinco años, se sube a la tribuna de la ONU y se dice que no hay que convertir al migrante en enemigo. Luego se baja del avión y resulta que en Ceuta siguen sin cuadrar las cifras y que en Madrid una mujer de ochenta y siete años sale de su casa en camilla después de setenta y un años entre las mismas paredes. El relato viaja en business; la realidad, en ambulancia.
No hace falta ser cruel con Pedro Sánchez para describir el momento. Basta con leerlo en voz alta. En 2019 prometió que con un Gobierno socialista no habría desahucios sin alternativa habitacional. El 23 de septiembre de 2026, Maricarmen Abascal fue lanzada de un piso de Retiro por una sentencia firme que aplica la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 —esa que firmó otro socialista, Felipe González— y por un propietario que no es un fondo con sede en las Caimán, sino una empresa española con instinto de fondo. Pagaba unos 450 euros. Le pidieron cerca de 1.650. La pensión no llega. El presidente, desde Nueva York, explicó que si el PP no hubiera tumbado un decreto, “hoy Maricarmen no habría sido desahuciada”. El decreto al que se agarró no tapaba el agujero de las rentas antiguas ya extinguidas. Ella, que no ha leído el BOE pero sí ha vivido el recibo, señaló primero a Sánchez, después a Ayuso, después a Almeida. “No se entera o no quiere enterarse”, dijo. Hay editoriales más largos y menos precisos.
La vivienda no es un eslogan desafortunado. Es el primer problema del país en el CIS de septiembre (37,5%) y el segundo cuando se pregunta por la vida de cada cual (27,9%). El Banco de España habla de un déficit de más de 400.000 casas. El precio de la vivienda libre subió un 12,5% interanual en el segundo trimestre. Tres años de Ley de Vivienda no han bajado el alquiler en ninguna capital; en varias, la oferta permanente se ha encogido como un jersey barato. El Ministerio moviliza sobre el papel 7.000 millones hasta 2030 y “vivienda protegida para siempre”. Hasta julio había ejecutado una fracción ridícula del presupuesto del año. Casa 47 asoma con unos cientos de pisos, casi ninguno donde duele el mercado. El relato es el quinto pilar del Estado del bienestar. La realidad es que el pilar está en fase de render.
Ceuta es el otro decorado, el que sí llena portadas porque tiene foto. Entre el 30 y el 31 de julio cruzaron, según el recuento que uno elija, entre 70.000 y 80.000 personas hacia una ciudad de unos 83.000 habitantes. Hubo decenas de muertos. En 72 horas volvió la mayoría; eso es cierto y el Gobierno tiene derecho a decirlo. Casi dos meses después siguen en Ceuta del orden de 9.000 a 13.000 personas, según hable Moncloa o el gobierno local, y más de 3.000 en la calle. El CNI avisó el 29 de julio de un llamamiento en redes. La Delegación dijo primero que no sabía y después que sí, pero que no era para tanto. La Audiencia Nacional investiga un ataque a la integridad territorial y una facilitación desde Marruecos. Sánchez habla de desigualdad, desesperación y desinformación. El 82% de los encuestados por DYM para 20minutos cree que Rabat promovió la crisis; el 63% ve poco o nada firme la defensa de la soberanía. Incluso más de la mitad de los votantes socialistas duda de que el Gobierno esté poniendo todos los recursos. Se puede discutir el adjetivo. No se puede discutir el desbordamiento.
El contraste entre ambos frentes es el de siempre: Ceuta es un shock de frontera; la vivienda, un desgaste de legislatura. El Ejecutivo prefiere el segundo terreno porque admite planes, millones y competencia autonómica. La oposición prefiere el primero porque admite tanquetas y titular. Los dos tienen razón a medias y los dos mienten por omisión. Ceuta no es solo “mafias” ni solo “Sánchez”: es una frontera que Marruecos abre y cierra, una ciudad pequeña y un vacío jurídico sobre devoluciones. La vivienda no es solo “fondos buitre” ni solo “Ayuso”: es suelo, licencias, años de no construir y una ley que asustó oferta sin producir piso. En Alcalá lo sabemos sin ir a la ONU. Aquí el alquiler también come el sueldo y la lista de espera no se arregla con un tuit.
La política, mientras, se ha vuelto un género menor de la ciencia ficción. En la Asamblea, la presidenta regional despacha las listas de espera del Ramón y Cajal como “el bulo del culo de la semana”. En el Congreso, una diputada del PP, Ana Vázquez, enseña un espray de gas pimienta como “material escolar básico” de las mujeres de Ceuta y el gas acaba en los baños de la Cámara, con doce atendidos y zonas precintadas. El país discute si el bote estaba vacío. Ceuta sigue llena. Maricarmen sigue fuera. Es el realismo mágico del hemiciclo: primero el atrezo, después el parte.
Las encuestas —las privadas, no el CIS— llevan dos meses dibujando el mismo mapa. Sin el centro oficial, la media de agosto y septiembre deja al PP cerca del 33%, al PSOE bajo el 26% y a Vox hacia el 18,5%. PP y Vox suman más del 50% del voto y, en escaños, más de 200. El Gobierno no tiene mayoría ni para convalidar un decreto. Sánchez ha descartado el superdomingo de mayo de 2027 —municipales y autonómicas el 23 de mayo, generales otro día— y ha dejado abierto el primer trimestre: “Presupuestos en 2026 y elecciones en 2027”. En los despachos se habla de febrero o marzo. No es valentía; es calendario. Adelantar ahora, con la camilla y la valla en la retina, sería una confesión. Estirar hasta julio es apostar a que el tiempo mejore lo que la gestión no mejora.
Y aquí, en la ciudad que se pretende cuna y a veces funciona como sucursal, el mismo método se aplica a escala de patio. El PSOE no ha querido primarias en Alcalá. La Comisión Federal de Listas ha impuesto a Javier Rodríguez Palacios, alcalde de 2015 a 2023, hoy diputado y portavoz municipal. Una gestora administra la agrupación desde que él mismo dejó la secretaría general en febrero. Los críticos pedían urnas internas; Ferraz les ha dado candidato. Palacios dice que acomete el reto “con ganas y con convicción” y que en Alcalá hay “un gobierno municipal nefasto, una coalición de Vox y el PP que se odian entre ellos”. Puede que la coalición se lleve mal. También es verdad que el partido que quiere recuperarla no se fía de su propia militancia. Este medio preguntó a la ciudad: las primarias duplicaban el apoyo a la designación a dedo. Da igual. El relato local es el cambio; el procedimiento, el inventario.
Y mientras tanto, desde la propia militancia socialista de Alcalá se está difundiendo por redes un mensaje que resulta difícil encajar con ese inventario. Este 26 de septiembre recuerdan que hoy deberían estar votando: «Somos militantes, tenemos voz. Porque defender la democracia interna es defender al PSOE. Porque las primarias son sagradas. No pedíamos ganar, pedíamos votar». El mensaje añade que «sin primarias no hay partido, y sin partido no hay futuro» y recuerda que la Casa del Pueblo lleva meses cerrada mientras «la militancia de Alcalá de Henares sigue aquí». El remate tampoco necesita demasiada traducción política: «La democracia y los principios, también. Por un PSOE de Alcalá de Henares con voz y voto». Y piden difundirlo. Lo están haciendo.
Se dirá que un medio de Alcalá no debería mezclar el Tarajal con el callejero complutense. Al contrario. La distopía no es que un día entren 70.000 personas por una frontera o que una octogenaria salga en camilla. La distopía es el sistema que, ante las dos cosas, produce el mismo artefacto: una rueda de prensa, un decreto que se negocia después, un culpable del otro color y un candidato que llega de arriba porque el reloj electoral ya está en marcha. El martes puede haber otro real decreto de vivienda. Junts querrá desgravaciones; Sumar, expropiar el piso de Maricarmen; el PP ya ha dicho que no está. Aunque salga, no construirá en 2026 las 400.000 casas que faltan ni devolverá a Maricarmen a Retiro. Aunque Torres cuente cada día los que vuelven a Marruecos, Ceuta no recuperará la escala humana de julio.
Gobernar no es elegir entre la foto de la valla y la foto de la camilla. Es no necesitar ninguna de las dos para descubrir el problema. Este Gobierno lleva ocho años descubriéndolo en diferido. La oposición, el tiempo justo para grabar el vídeo. El ciudadano, que no preside ni la Asamblea ni el Consejo de Ministros, paga el alquiler, mira Ceuta en el telediario y se pregunta en qué momento el país se convirtió en un comunicado con retraso. No hay que insultar a nadie para responder. Basta con no creerse el próximo anuncio.
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