- Femar ha sido sancionada con 2.448.000 euros por tres infracciones
En concreto, el organismo ha desmantelado tres cárteles que se repartían el suministro de alimentos a hospitales, residencias de mayores, centros penitenciarios e instalaciones del Ejército tras una investigación que se inició gracias a las consultas sobre ciertos contratos que realizaron funcionarios de otras administraciones de la CNMC. En total, la multa es a siete empresas y a cinco de sus directivos: Plataforma Femar, S. L. (Femar), Acacio, S.L. (Acacio), Serviline Foods, S. L. (Serviline), Asesores Llangon, S. L. (Llangon), Leonesa de Patatas, S. L, Hermanos Vidal, S. L. (Hnos. Vidal) y Frutícolas Ateca, S. L. (Ateca). La multa en total asciende a los 3,13 millones de euros a empresas y a los 176.100 euros a directivos.
El primer cártel, formado por Plataforma Femar, S. L. (Femar), su filial Acacio, S. L. (Acacio), Serviline Foods, S. L. (Serviline) y Asesores Llangon, S. L. (Llangon), se repartió las licitaciones para suministrar alimentos a colectividades dependientes de organismos públicos y privados desde noviembre de 2015 hasta agosto de 2021.
Este cártel concertó una “bolsa conjunta de beneficios” y operó gracias al rol de facilitador de Llangon —empresa de asesoramiento para concursos públicos sin volumen de negocio en el mercado afectado—.
La bolsa funcionaba mediante una suerte de subcontrataciones entre las empresas. Estas estaban prohibidas en la mayoría de los pliegos o no se comunicaban al órgano de contratación. Eran un subterfugio para compensarse el reparto de los lotes y cumplir con un reparto de los beneficios al 50 %.
Además, las empresas también intercambiaron información comercial sensible sobre sus márgenes de beneficio en los contratos; los precios de oferta a un cliente privado; su zona de influencia para operar; las licitaciones a las que se iban a presentar e, incluso, la contraseña y el certificado digital para acceder a la plataforma de contratación.
Por ello, la CNMC, considerando que se han cometido infracciones del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, ha interpuesto la multa a la Femar de 2.041.000 euros por la primera infracción, 244.000 euros por la segunda infracción y 163.000 euros por la tercera infracción.
Por su parte, a Acacio, S. L. se le ha plantado la multa de 346.000 euros; a Serviline Foods, S. L. de 170.000 euros; y a Asesores Llangon, S. L. de 3.500 euros.
En cuanto a los directivos de Femar afectados, la CNMC ha impuesto a Fernando Marín Hernández (Femar y Acacio) una multa de 29.200 euros por la primera infracción, 21.100 euros por la segunda infracción y 21.000 euros por la tercera infracción; y a Alberto Marín Hernández (Femar) de 25.800 euros.
Otros cárteles desmantelados
El segundo cártel, formado por Femar y Leonesa de Patatas, S. L. (Leonesa), afectó a la entidad estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (TPFE). En concreto, a los contratos para varios centros penitenciarios desde enero a marzo de 2022.
Y el tercero, formado por Femar, Hermanos Vidal, S. L. (Hnos. Vidal) y Frutícolas Ateca, S. L. (Ateca), afectó también a centros penitenciarios del TPFE desde febrero a marzo de 2022.
La estrategia de estos dos cárteles consistió en dos acuerdos anticompetitivos que alcanzó Femar con Leonesa y dos empresas vinculadas entre ellas: Hnos. Vidal y Ateca, respectivamente.
En el primer acuerdo, cuando los órganos de contratación les invitaban a participar en el concurso, Femar acordó con Leonesa la presentación recíproca de ofertas de cobertura, repartiéndose los centros penitenciarios en función de su localización.
En el segundo acuerdo, Femar también acordó con Hnos. Vidal y Ateca, vinculadas al tener los mismos administradores, presentar ofertas de cobertura para repartirse los contratos.
Por ello, Leonesa de Patatas, S. L. ha sido sancionada con 45.000 euro; Frutícolas Ateca, S. L. con 65.000 euros y Hermanos Vidal, S. L. con 60.000 euros.
En lo que respecta a sus directivos, le cae una multa a José Antonio Cebollada Andrés (Serviline) de 31.000 euros. a Miguel Ángel Cebollada Andrés (Serviline) de 20.000 euros y a Nuria Llanos González (Llangon) de 28.000 euros.
Contra esta resolución de la CNMC podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su notificación.
¡ Nuestro canal en Telegram! Si te ha interesado esta información, únete ahora a nuestro canal de telegram @alcalahoy para estar al tanto de nuestras noticias.
