La Fiscalía pide el archivo de la denuncia contra cuatro ediles de Somos Alcalá por prevaricación

• Fue la propia Fiscalía de Área de Alcalá de Henares en virtud de las diligencias de investigación incoadas a raíz de una denuncia interpuesta por Víctor Chacón Testor, quien en noviembre de 2017 inició el procedimiento contra estos cuatro ediles de Somos Alcalá.

Así consta en un escrito en el que reclama al juzgado número 4 de Alcalá de Henares el sobreseimiento provisional de la denuncia respecto a los concejales de Alcalá de Henares Jesús Abad Pinto (acción social); Brianda Yáñez Arrondo (transparencia); Alberto Egido Viciana (medio ambiente); y Laura Martín Pérez (ciudadanía y participación).

Según el denunciante, el 8 de julio de 2016 se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid las bases reguladoras de “la convocatoria de subvenciones a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos de impacto social en el área de acción social para el año 2016”.

Chacón alegaba que la comisión evaluadora para la obtención de dichas subvenciones se formó por 9 personas de las cuales 4 eran los concejales de “Somos Alcalá”, un técnico de cada área y un técnico de la asesoría jurídica, y que finalmente las asociaciones que obtuvieron una mayor puntuación y que por ende fueron beneficiarias con la subvención tenían vínculos directos con los concejales, sin que estos se hubieran abstenido en la votación.

Añadía que, además, se desconocía el desglose de las puntuaciones que llevaron a ser esas las asociaciones beneficiadas.

En su escrito la Fiscalía recuerda que la constitución de la comisión de evaluación venía ya determinada en la propia convocatoria publicada en el BOCM (especificando los concejales que iban a formar parte de la misma), “sin que esta fuera impugnada tal y como alega el propio denunciante en sede judicial”.

Sobre las posibles vinculaciones de las asociaciones beneficiadas y Somos Alcalá, el representante del Ministerio Público señala que no se ha podido constatar una “relación íntima” o de “gran envergadura” entre los concejales que constituyeron la comisión de evaluación y los miembros de las asociaciones.

Es más, precisa que no se ha acreditado dicha relación y que sólo concurren en este caso sospechas de que al conocerse del partido podrían tener una relación más profunda.

“Por otro lado las puntuaciones se realizaron de forma global pudiendo suponer una irregularidad en el procedimiento que no constasen desglosadas uno a una tal y como alega el denunciante, si bien los demás miembros de la comisión acreditan que fue un acuerdo común y que se entregaron con posterioridad desglosadas, si bien no evaluador a evaluador.

A más abundamiento el número de miembros de la comisión que desconocía las asociaciones según sus propias declaraciones constituye la mayoría de la comisión”, añade la Fiscalía.

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