- El Seprona siguió el rastro de la uralita retirada hasta una finca de Cuenca donde habría sido depositada de forma ilegal.
La retirada de viejas cubiertas de uralita en distintos puntos de España habría terminado muy lejos de una instalación autorizada para residuos peligrosos. Parte de las placas de fibrocemento desmontadas acabaron presuntamente abandonadas en una finca de la provincia de Cuenca dedicada al cultivo de olivos. La investigación de la Guardia Civil ha conducido hasta una empresa ubicada en Alcalá de Henares y se ha saldado con la detención de tres personas en la Comunidad de Madrid.
A los arrestados se les atribuyen presuntos delitos de estafa, intrusismo profesional, falsedad documental y contra los recursos naturales y el medio ambiente por su supuesta participación en la retirada y gestión irregular de materiales que contenían amianto.
La investigación ha sido desarrollada por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Cuenca y comenzó en abril de este año, después de que un vecino denunciara posibles irregularidades tras contratar la retirada de una cubierta de fibrocemento.
Las pesquisas llevaron a los agentes hasta una empresa ubicada en Alcalá de Henares que ofrecía trabajos de desmontaje y retirada de placas de uralita en diferentes puntos de España. Según la investigación, la compañía habría trasladado a sus clientes la imagen de que estaba habilitada para realizar estos trabajos y gestionar posteriormente unos residuos considerados peligrosos.
El problema surgía después de retirar las cubiertas y cobrar los trabajos. Algunos clientes no habrían recibido la documentación o los certificados que debían acreditar que las placas desmontadas habían sido trasladadas y entregadas en instalaciones autorizadas para el tratamiento de este tipo de materiales.
El amianto está considerado un residuo peligroso y tanto su manipulación como su transporte y eliminación están sometidos a una normativa específica. Su gestión debe realizarse mediante procedimientos y operadores autorizados para evitar la dispersión de fibras y los consiguientes riesgos para las personas y el medio ambiente.
La investigación del Seprona permitió seguir el rastro de parte del material retirado. Según las pesquisas, las placas de fibrocemento procedentes de distintos inmuebles no habrían terminado en centros autorizados, sino que fueron presuntamente transportadas hasta una finca privada de la provincia de Cuenca utilizada para el cultivo de olivos. Allí habría sido depositada ilegalmente parte de la uralita retirada, evitando de esta manera el procedimiento establecido para la gestión de unos residuos que requieren un tratamiento especializado.
Los agentes también habrían localizado indicios de la utilización de datos que no se correspondían con la realidad en facturas y otros documentos. El objetivo habría sido aparentar que la retirada, el transporte y el posterior tratamiento de los residuos se habían realizado conforme a la legislación vigente. De esta forma, los investigadores consideran que los responsables habrían ofrecido un servicio que aparentemente incluía la correcta gestión de la uralita, mientras que al menos parte de esos residuos peligrosos habría terminado abandonada en un terreno en el que no estaba permitido su depósito.
La investigación culminó con la detención de tres personas en la Comunidad de Madrid relacionadas con la empresa investigada. Los arrestados y las diligencias instruidas han quedado a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Guardia de San Clemente, en Cuenca. La operación ha permitido a los agentes reconstruir el recorrido de los residuos desde el desmontaje de las cubiertas de fibrocemento hasta su presunto abandono en la finca conquense.
La Guardia Civil recuerda que los materiales que contienen amianto requieren una gestión especializada y controlada y que tanto su retirada como su transporte deben ser realizados por operadores autorizados y aplicando las medidas de seguridad establecidas. Será ahora el procedimiento judicial el que determine las responsabilidades por los hechos investigados. Los tres detenidos mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial firme.
¡ Nuestro canal en Telegram! Si te ha interesado esta información, únete ahora a nuestro canal de telegram @alcalahoy para estar al tanto de nuestras noticias.
