¿Quién debería aprobar los presupuestos | Por Santiago López Legarda

Con apreciable suspense y alguna sorpresilla final, el Gobierno de Mariano Rajoy ha conseguido superar en el Congreso la primera prueba del proyecto de Presupuestos para el presente año. La sorpresilla es el voto equivocado del canario Pedro Quevedo, lo cual permitió deshacer el empate entre defensores y detractores de las seis enmiendas de totalidad que se habían presentado.

 

  • Santiago López Legarda es un periodista alcalaino que ha ejercido en diferentes medios nacionales.

Pero la gran sorpresa la ha proporcionado el PNV al conseguir con el ejecutivo un acuerdo para subir todas las pensiones según el IPC en 2018 y 2019 y para retrasar la entrada en vigor del factor de sostenibilidad hasta 2023. El propio portavoz de los nacionalistas vascos, Aitor Esteban, reprochó al resto de los grupos – y especialmente al PSOE y a Podemos – que no hayan sido ellos quienes se encargasen de intentar la negociación y el acuerdo con el Ejecutivo.

A lo largo de toda esta legislatura se está viendo claro que los partidos políticos no han sabido adaptarse a la nueva configuración aritmética del parlamento español. Resulta escandaloso, a la vista de la reciente historia de nuestro país, que la aprobación de las cuentas estatales se haga depender del capricho o de las exigencias de un pequeño partido nacionalista que, por definición, tiene que estar más pendiente de los intereses de su territorio que de buscar lo mejor para el conjunto de los ciudadanos.

Lo ocurrido en esta ocasión es que el PNV ha demostrado ser más listo o más hábil o más flexible que los demás. Y se ha lanzado a fondo en pos de una oportunidad que, como dice el refranero, se la pintaban calva. El descontento social por la escasa subida de las pensiones era generalizado en todo el país y especialmente vigoroso en Euzkadi, donde por cierto se cobran las pensiones más altas de toda España. Así que los peneuvistas vieron con nitidez que podían apuntarse un gran tanto ante su propia parroquia y sin levantar suspicacias o sospechas o descontento en el resto del país, como ocurrió el año pasado.

También podría interpretarse lo ocurrido como una muestra del oportunismo de Rajoy, dispuesto a negar hoy lo que defendía ayer con tal de asegurarse un salvavidas que le permita completar la legislatura. El Presidente del Gobierno bien podría haberse mantenido en sus trece y simplemente ir a elecciones anticipadas si la oposición parlamentaria se empeñaba en echarle abajo las cuentas. Pero, claro, ir a elecciones después de haber negado una y otra vez el caramelo que le estaban exigiendo en la calle los pensionistas era una apuesta suicida.  De este modo, los mayores tendremos un poco más de dinero en el bolsillo (no mucho) y él gana tiempo hasta 2020. Para entonces pueden pasar dos cosas: que los nubarrones que hoy se ciernen sobre el PP se hayan alejado o que se presenten todavía más negros. Pero de momento él gana tiempo y el tiempo, junto con las palabras, es la materia prima de la política.

El acuerdo alcanzado con el PNV va a provocar un crecimiento del  gasto en pensiones superior al crecimiento de la economía y muy superior al crecimiento de los ingresos que es capaz de generar la Seguridad Social. De modo que ya puede intuirse la catarata de advertencias y negras previsiones sobre la situación presuntamente insostenible a la que nos acercamos. Lo que acabará pasando, creo yo, es que, en vista de que el personal no se aviene a un “aterrizaje suave” del gasto en pensiones, se buscarán nuevas fuentes de financiación por la vía de elevar ciertos impuestos  y ciertas cotizaciones sociales. Los propios pensionistas pagarán en parte la subida que obtienen.

El factor de sostenibilidad es un componente de ese “aterrizaje suave” al que me refiero. Retrasarlo hasta 2023 no es catastrófico, pero tampoco es razonable, del mismo modo que tampoco es muy razonable que la reforma aprobada en 2011 no termine de implantarse hasta 2027. Más de una década y media de periodo transitorio parece  demasiado.

Es  verdad, como han recordado en este debate los portavoces de la izquierda, que España tiene margen para subir la presión fiscal, puesto que ahora está en el 38% del PIB frente al 45% de media en la Unión Europea. Pero subir la presión fiscal significa que ciudadanos y empresas paguen más impuestos, aunque entre nosotros parece extenderse la idea de que la presión fiscal podría subirse sin que nadie tuviera que sufrirlo en sus carnes. De momento, para este ejercicio lo que se anuncia son más dificultades para lograr el objetivo de déficit y tampoco habrá grandes avances en materia de deuda. A lo mejor vienen el BCE o el FMI a sacarnos las castañas del fuego.

Santiago López Legarda es un periodista alcalaino que ha ejercido en diferentes medios nacionales.

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