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Varios trabajadores de tiendas en Alcalá robaban móviles y usaban datos de clientes para revenderlos online.
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una trama criminal especializada en la receptación y venta online de teléfonos móviles de alta gama, muchos de ellos procedentes de hurtos en tiendas de telefonía de Alcalá de Henares y Fuengirola (Málaga). El caso ha sacado a la luz un sistema perfectamente engrasado: robo o adquisición fraudulenta de dispositivos, comercialización en plataformas de segunda mano a precios sospechosamente bajos y beneficios que, en conjunto, superan los 300.000 euros.
Los responsables del operativo han confirmado la detención de cuatro personas, tres de ellas en Madrid y una en Fuengirola. Otras 17 están siendo investigadas en provincias como Madrid, Alicante, Girona, Málaga, Sevilla, Almería, Granada, Jaén y Cádiz. La red operaba desde 2022 y fue detectada por agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia tras identificar un perfil de compraventa con miles de terminales vendidos en apenas unos meses.
El líder del entramado dirigía la operación desde su domicilio en Madrid, donde recibía los móviles –nuevos y precintados– a través de paquetería. Junto a él trabajaba su pareja, una mujer con plaza como Técnica de Hacienda, que se encargaba de gestionar la contabilidad, los cobros y el flujo de fondos a través de sistemas de pago electrónico difíciles de rastrear.
Robos internos en tiendas de Alcalá y compras con identidades falsas
Buena parte de los móviles comercializados por la trama fueron sustraídos por empleados desleales de tiendas en Alcalá de Henares y Fuengirola, que se aprovechaban de su acceso a los terminales. En algunos casos, directamente se hurtaban móviles recién llegados a los almacenes; en otros, se tramitaban compras con identidades suplantadas de clientes reales.
El objetivo era siempre el mismo: conseguir terminales de alta gama sin dejar rastro legal, para remitirlos rápidamente al cabecilla, que los ofrecía en plataformas digitales a precios sensiblemente inferiores al del mercado. Esta diferencia de precio, muy por debajo del habitual, fue lo que alertó a los agentes.
La investigación descubrió además que algunos de los fondos con los que se adquirían los móviles eran gestionados a través de monederos virtuales recargados con dinero procedente de otras estafas online. El entramado financiero de la red incluía cuentas distribuidas entre sus colaboradores en diferentes puntos del país, lo que permitía mover grandes cantidades sin levantar sospechas.
Gracias a la colaboración de las plataformas de compraventa, la Policía pudo rastrear gran parte de estas operaciones, conectando los terminales ofertados con dispositivos robados o estafados en diferentes localidades, muchas de ellas de la Comunidad de Madrid.
Una funcionaria como contable del fraude y un registro revelador
Una de las piezas clave del caso ha sido el papel de la mujer del cabecilla, que no solo conocía el negocio, sino que lo administraba. Según fuentes policiales, se encargaba de las cuentas bancarias, los flujos de dinero y la gestión contable de toda la actividad delictiva. Su perfil profesional llamó la atención: es Técnica de Hacienda, con acceso a conocimientos fiscales y bancarios que ponía al servicio del fraude.
Durante el registro del domicilio familiar, en Madrid, la Policía incautó un arsenal tecnológico: 136 teléfonos móviles, cinco tablets, cinco relojes inteligentes, cuatro ordenadores portátiles y un ordenador de sobremesa, muchos de ellos todavía sin registrar por las operadoras. De hecho, algunos de los móviles que la pareja había denunciado como supuestamente robados en su vivienda fueron localizados a la venta en su propio perfil online.
En el resto del país, la investigación se ha saldado con siete personas imputadas en Fuengirola y Ronda, y otras doce investigadas en municipios como Sanlúcar de Barrameda, Dos Hermanas, Granada, Jaén, Girona, Alicante y Almería. La Policía considera que la red sigue activa en parte, por lo que no descarta más detenciones en las próximas semanas.
Desde la Jefatura Superior de Policía se ha recordado la importancia de proteger los datos personales y revisar regularmente los contratos de telefonía, ya que muchas víctimas del caso no eran conscientes de haber sido utilizadas para obtener móviles que nunca pidieron.























