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Piquet mantiene su respaldo a Acosta mientras PSOE y Más Madrid reclaman medidas inmediatas y cuestionan la gestión municipal.
La alcaldesa mantiene su confianza en el portavoz de Vox tras la Junta de Portavoces extraordinaria celebrda este viernes y rechaza que el Ayuntamiento haya confirmado la existencia de una investigación interna como aseguraba EL PAÍS. La oposición de izquierdas reclama medidas antiacoso y la retirada de competencias, pero la situación procesal sigue exactamente donde estaba al inicio de la polémica.
La crisis política abierta en torno al portavoz de Vox y segundo teniente de alcalde de Alcalá de Henares, Víctor Acosta, vivió este viernes un nuevo capítulo con la celebración de una Junta de Portavoces extraordinaria solicitada por el PSOE. Sin embargo, al término de una jornada marcada por comunicados, reproches cruzados y peticiones de dimisión, la realidad judicial permanecía inalterable.
De hecho, la principal novedad informativa no llegó desde la reunión celebrada en el Ayuntamiento, sino de las declaraciones realizadas por la alcaldesa, Judith Piquet, apenas veinticuatro horas antes en una entrevista concedida a SER Henares tras el balance de sus tres años al frente del Gobierno municipal. En esa entrevista, la regidora fijó una posición inequívoca: Víctor Acosta seguirá siendo portavoz de Vox, seguirá siendo concejal y seguirá formando parte del Gobierno municipal mientras no exista una resolución judicial que justifique otra decisión.
Las declaraciones de la alcaldesa adquieren especial relevancia porque se producen en medio de una creciente presión política por parte de PSOE y Más Madrid, que consideran insuficiente la respuesta del Gobierno municipal y exigen la adopción inmediata de medidas contra el edil de Vox.
La diferencia entre unos y otros no es menor. Mientras PP y Vox sitúan el debate en el terreno de la presunción de inocencia, la oposición de izquierdas sostiene que la protección de las denunciantes y las responsabilidades políticas deben activarse con independencia del recorrido judicial del caso. Y es precisamente en ese choque donde se encuentra hoy el verdadero campo de batalla.
“Va a seguir siendo mi compañero y socio de Gobierno”
Durante su intervención en SER Henares, Judith Piquet fue especialmente contundente al rechazar cualquier posibilidad de apartar a Acosta de sus responsabilidades institucionales.
La alcaldesa defendió que el procedimiento se encuentra todavía en una fase inicial y recordó que no existe ninguna resolución judicial que permita establecer responsabilidades. “Va a seguir siendo mi compañero, va a seguir siendo mi socio de Gobierno”, afirmó de forma rotunda.
Piquet sostuvo además que la presunción de inocencia debe aplicarse con independencia de las siglas políticas y denunció lo que considera una doble vara de medir cuando los afectados pertenecen a determinadas formaciones. La alcaldesa aprovechó la entrevista para comparar la situación con otros procedimientos que afectan a dirigentes o cargos vinculados al PSOE, insistiendo en que el respeto a las garantías judiciales debe ser idéntico para todos.
La posición expresada por la regidora coincide sustancialmente con la línea editorial defendida por ALCALÁ HOY en el artículo publicado el pasado 27 de mayo bajo el título “La presunción de inocencia no es negociable”, donde este medio recordaba que una denuncia no equivale a una condena y que corresponde a los tribunales, y no a los titulares ni a las redes sociales, determinar la existencia o no de responsabilidades penales. Naturalmente, otra cuestión distinta es la batalla política. Y esa batalla está lejos de haberse cerrado.
El desmentido a El País y las preguntas que siguen abiertas
Uno de los aspectos más llamativos de la entrevista fue la respuesta de Judith Piquet a las informaciones publicadas por El País en las que se afirmaba que el Ayuntamiento había iniciado una investigación interna relacionada con el caso y que esta habría quedado paralizada tras la judicialización de los hechos.
La alcaldesa negó expresamente que esa información hubiese sido facilitada desde el Consistorio. Según manifestó, el Ayuntamiento no había trasladado esos extremos al periódico y llegó incluso a ironizar señalando que, en ocasiones, los medios de comunicación parecen disponer de más información que la propia administración municipal.
La regidora confirmó igualmente que había hablado con las funcionarias afectadas, algo que justificó como parte de sus obligaciones cuando surge algún problema dentro de la organización municipal. Precisamente ese punto se ha convertido en uno de los principales argumentos de la oposición.
Porque buena parte de la discusión política ya no gira exclusivamente sobre las denuncias conocidas, sino sobre el conocimiento previo de los hechos, las actuaciones desarrolladas dentro del Ayuntamiento y la gestión institucional del conflicto. Y ahí es donde PSOE y Más Madrid creen haber encontrado una línea de ataque política.
El PSOE exige respuestas y reclama medidas inmediatas
Tras la Junta de Portavoces extraordinaria, el Grupo Socialista endureció su posición y reclamó explicaciones más detalladas a la alcaldesa. Según los socialistas, durante la reunión se formularon tres preguntas concretas.
La primera, desde cuándo conocía Judith Piquet la existencia de un conflicto entre la Tenencia de Alcaldía, la Intervención Municipal y los Servicios Jurídicos. La segunda, si las medidas cautelares dirigidas contra un medio de comunicación habían sido impulsadas por el propio Ayuntamiento. Y la tercera, si se había adoptado recientemente alguna decisión que afectase a la situación laboral del interventor municipal o de la directora del Área de Asesoría Jurídica.
Los socialistas recordaron además que llevan semanas esperando acceso a diversa documentación relacionada con el funcionamiento de Ciudad Deportiva Municipal, entre ella la carta de renuncia de la directora que ejercía como secretaria del Consejo de Administración del organismo autónomo. Desde el PSOE se calificó de “increíble y poco veraz” que la alcaldesa afirme desconocer una situación que afecta al ámbito laboral municipal y a una empleada pública del Ayuntamiento.
Asimismo, el portavoz socialista exigió la activación de medidas antiacoso y cuestionó que la alcaldesa remitiese la gestión del asunto a la Comisión de Acoso existente en el Consistorio. Los socialistas consideran que Judith Piquet no puede limitarse a invocar los mecanismos existentes y sostienen que debería asumir una intervención más directa como máxima responsable de la política de personal municipal. En consecuencia, el PSOE mantiene su exigencia de apartar a Acosta de sus responsabilidades institucionales mientras se esclarecen los hechos.
Más Madrid denuncia contradicciones y reclama protección para los denunciantes
En términos similares se expresó Más Madrid Alcalá, que calificó de “decepción” el resultado de la Junta de Portavoces convocada por la alcaldesa. La formación liderada por Rosa Romero considera que la prioridad debería centrarse en la protección de las personas denunciantes. «Lo más importante ahora mismo es activar medidas antiacoso para proteger a las personas denunciantes trabajadoras del Ayuntamiento”, señaló la formación en su comunicado.
Más Madrid sostiene que dicha protección es perfectamente compatible con el respeto a la presunción de inocencia y con el desarrollo normal de las actuaciones judiciales. La formación cuestiona además las explicaciones ofrecidas por el Gobierno municipal sobre el conocimiento previo de la situación y sobre la activación de posibles mecanismos internos. “Hoy la alcaldesa ha dicho no tener conocimiento de ninguna denuncia contra el portavoz de Vox y tampoco ha aclarado desde cuándo conoce esta situación”, señaló la formación de izquierdas.
Más Madrid insiste igualmente en que las personas denunciantes continúan desempeñando su trabajo en el Ayuntamiento y considera necesario establecer medidas específicas que garanticen su protección mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes. “Proteger a quien denuncia es perfectamente compatible con el respeto a la presunción de inocencia y a las garantías judiciales”, concluye el comunicado difundido tras la reunión.
La formación recuerda además que Vox ha reclamado en otras ocasiones responsabilidades políticas inmediatas en casos similares ocurridos en otros municipios, una circunstancia que considera contradictoria con la posición mantenida ahora en Alcalá de Henares.
Mucha política, pocas novedades judiciales
La Junta de Portavoces extraordinaria ha servido para confirmar algo que ya parecía evidente desde hace días. Las posiciones políticas están completamente definidas. PP y Vox sostienen que cualquier decisión debe esperar a la evolución del procedimiento judicial.
PSOE y Más Madrid consideran que la gravedad de las denuncias justifica medidas inmediatas en el ámbito político y administrativo. Unos apelan a la presunción de inocencia. Otros a la protección de las denunciantes y a las responsabilidades políticas. Y entre ambos discursos se desarrolla una batalla que previsiblemente seguirá ocupando titulares durante las próximas semanas.
Sin embargo, más allá de declaraciones, comunicados, entrevistas y reproches cruzados, existe un hecho objetivo difícil de discutir. La situación procesal conocida de Víctor Acosta no ha cambiado. No se ha hecho pública ninguna resolución judicial. No se conocen medidas cautelares acordadas por un órgano jurisdiccional. No existe, por el momento, ninguna novedad procesal que altere sustancialmente el escenario que se conocía cuando el asunto saltó al debate público.
La batalla política avanzó varios kilómetros durante la jornada del viernes. La judicial, sin embargo, permaneció exactamente donde estaba. Y probablemente ahí seguirá hasta que quienes tienen la última palabra en este asunto, los tribunales, decidan pronunciarse.
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