Del “amén” al “presunto delito”: PSOE y PP convierten el nuevo Resucitado en la última batalla política de Alcalá

La futura imagen de Jesús Resucitado ha desatado una nueva tormenta política en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. El PSOE denuncia una posible adjudicación irregular de 30.000 euros de dinero público y llega a hablar de eventuales delitos de prevaricación y fraude, mientras el Gobierno de PP y Vox niega que exista adjudicación alguna, exige una rectificación inmediata y asegura que cualquier contratación se tramitará conforme a la legalidad vigente.

Foto de Ricardo Espinosa
  • Los socialistas denuncian posibles irregularidades; el Gobierno municipal responde que no existe adjudicación y acusa al PSOE de fabricar sospechas sin pruebas.
Foto de Myriam Trujillo

La política municipal de Alcalá de Henares tiene una capacidad casi infinita para sorprender. Cuando parecía que el verano iba a discurrir entre obras, piscinas, cigüeñas y programación cultural, el debate ha terminado girando en torno a una imagen de Jesús Resucitado que todavía ni siquiera existe. O, mejor dicho, existe como proyecto, como previsión presupuestaria y, desde este martes, como motivo de un durísimo enfrentamiento entre PSOE y Gobierno municipal.

Los socialistas han elevado el tono hasta hablar de posibles delitos de prevaricación administrativa y fraude en la contratación pública si finalmente se confirma que la futura talla fue encargada directamente a un imaginero sin seguir el procedimiento legal. El Gobierno de PP y Vox ha respondido apenas unas horas después acusando al PSOE de fabricar una acusación basada exclusivamente en suposiciones y exigiendo una rectificación inmediata.

El resultado es un nuevo episodio de la ya habitual política de alto voltaje en el Ayuntamiento complutense, con una diferencia respecto a otras polémicas recientes: esta vez el centro del debate no es una obra pública, un contrato de limpieza o una infraestructura, sino una imagen religiosa destinada a la Semana Santa de Alcalá.


Un presupuesto de 30.000 euros que desata la tormenta

El origen inmediato de la controversia está en la previsión de destinar 30.000 euros de dinero público para financiar la futura imagen de Jesús Resucitado, una iniciativa que ya había generado malestar entre algunas hermandades semanas atrás.

De hecho, la polémica no nace este martes. A finales de junio la SER Henares ya informó del descontento existente entre distintas cofradías por la financiación pública de la futura talla y por la falta de información sobre cómo se estaba desarrollando el proyecto. Aquella noticia situó por primera vez el foco sobre un asunto que hasta entonces había permanecido prácticamente fuera del debate público. Ahora el PSOE ha decidido elevar considerablemente la presión política.

Según la nota difundida por el Grupo Municipal Socialista, si se confirmara que la imagen hubiese sido encargada directamente a un artesano sin expediente previo podrían existir indicios de delitos como prevaricación administrativa o fraude en la contratación pública, además de posibles responsabilidades administrativas y contables.

La formación sostiene además que preguntó expresamente por este asunto tanto en la Comisión de Hacienda como en la Comisión de Servicios Públicos y que, en ambas ocasiones, los responsables municipales afirmaron desconocer la cuestión pese a que el gasto ya habría pasado por la Junta de Gobierno Local.

Para los socialistas, esa circunstancia evidenciaría una falta de transparencia hacia la oposición y también hacia las propias hermandades, que, según aseguran, habrían conocido la iniciativa a través de los medios de comunicación.


El PP responde: «No existe ninguna adjudicación»

La respuesta del Gobierno municipal no se hizo esperar. El concejal de Fiestas y Tradiciones Populares, Antonio Saldaña, compareció mediante una nota de prensa para exigir al PSOE que rectifique unas acusaciones que considera extraordinariamente graves.

Su principal argumento es sencillo: no existe adjudicación alguna. Según explica el edil, la existencia de una previsión presupuestaria no significa que exista un contrato firmado ni un encargo realizado a ningún artista. Entre reservar una partida económica y adjudicar un contrato media todo el procedimiento administrativo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público.

Saldaña sostiene que cualquier actuación futura deberá tramitarse mediante el correspondiente expediente administrativo, acompañado de los informes técnicos, jurídicos y económicos preceptivos. En consecuencia, considera que el PSOE ha construido una acusación penal sobre una hipótesis.

En palabras del concejal, los socialistas «primero inventan una adjudicación, después la califican de irregular y finalmente hablan de delitos», todo ello, afirma,  sin aportar una sola prueba. El edil rechaza igualmente que exista ocultación de información.

Su tesis es que resulta imposible entregar a la oposición un expediente de contratación que todavía no ha culminado su tramitación, ni informar de una adjudicación que, según mantiene, sencillamente no se ha producido.


Entre la fiscalización y la sospecha permanente

Más allá del cruce de comunicados, la polémica vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que acompaña buena parte de la actual legislatura: el delicado equilibrio entre el derecho de la oposición a fiscalizar al Gobierno y la necesidad de sostener las acusaciones públicas sobre hechos suficientemente acreditados.

El PSOE sostiene que precisamente su labor consiste en preguntar antes de que los procedimientos concluyan y denunciar cualquier indicio que considere irregular. El PP replica que una cosa es exigir información y otra muy distinta presentar públicamente la posible comisión de delitos cuando ni siquiera existe una resolución administrativa definitiva.

En realidad, ambas posiciones responden a dos formas muy diferentes de entender el control político. La oposición interpreta que las dudas deben plantearse precisamente antes de que el contrato quede formalizado, mientras que el Gobierno considera inaceptable hablar de prevaricación cuando el procedimiento todavía estaría en una fase preliminar.

Y entre ambas posiciones aparece un tercer actor nada menor: las cofradías. Porque la discusión política se desarrolla sobre un proyecto que afecta directamente a la Semana Santa complutense, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, y en un contexto en el que ya existían sensibilidades distintas dentro de la propia Junta de Cofradías respecto a la conveniencia de impulsar una nueva imagen del Resucitado y sobre la forma en que debía financiarse.


Mucho más que una talla religiosa

La paradoja es evidente. Una imagen destinada precisamente a simbolizar la Resurrección amenaza con resucitar también viejos debates municipales sobre transparencia, contratación pública, relaciones con las entidades ciudadanas y gestión política.

Durante esta legislatura no han faltado enfrentamientos similares en torno a expedientes, inversiones o decisiones municipales. El propio PSOE recuerda en su comunicado conflictos anteriores con entidades deportivas, colectivos culturales, comunidad educativa o trabajadores municipales para sostener que existe un patrón de falta de diálogo por parte del Ejecutivo.

El Gobierno, por su parte, considera que la oposición ha encontrado un nuevo asunto con el que alimentar una estrategia de confrontación permanente. Probablemente la realidad administrativa terminará resolviendo una parte importante de esta controversia.

Si finalmente se inicia el expediente de contratación conforme marca la legislación, con publicidad cuando proceda, informes preceptivos y adjudicación formal, muchas de las acusaciones actuales perderán recorrido. Si, por el contrario, aparecieran actuaciones realizadas al margen del procedimiento legal, el debate adquiriría una dimensión muy distinta. Por ahora ninguna de esas dos hipótesis puede darse por acreditada.

Lo que sí parece fuera de toda duda es que el nuevo Jesús Resucitado ya ha conseguido algo antes incluso de empezar a tallarse: convertirse en protagonista absoluto de la actualidad política local. Y quizá esa sea la mayor ironía de toda esta historia. Una imagen concebida para cerrar cada Semana Santa con un mensaje de encuentro y esperanza ha terminado provocando, varios meses antes de existir físicamente, uno de los enfrentamientos políticos más ásperos del verano complutense.

En Alcalá, donde la política municipal rara vez desaprovecha una oportunidad para subir el volumen del debate, incluso una talla aún inexistente puede convertirse en arma arrojadiza. Ahora será el expediente administrativo, cuando exista y pueda examinarse, el que determine si todo queda en un intenso intercambio de comunicados o si, como sostiene el PSOE, había razones objetivas para encender las alarmas. Mientras tanto, el Resucitado sigue sin salir del taller… pero la polémica hace días que echó a andar.

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