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El inesperado regreso de los audios reabre dudas sobre la Kitchen y el diferente ritmo judicial según el peso político de los investigados.
Durante años permanecieron en un segundo plano, archivados como si fueran un expediente incómodo del que nadie quisiera acordarse. Los audios de las conversaciones entre la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y el comisario José Manuel Villarejo vuelven ahora al primer plano judicial. El juez Antonio Piña, instructor del caso Kitchen, ha ordenado nuevas diligencias para analizarlos precisamente cuando el juicio oral contra la antigua cúpula del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy entra en su recta final y la sentencia se espera para finales de este mes.
La coincidencia temporal resulta, cuando menos, llamativa. Lo suficiente como para reabrir una pregunta que sobrevuela desde hace años este procedimiento: ¿por qué unas pruebas consideradas ahora relevantes permanecieron tanto tiempo sin desempeñar un papel decisivo en la investigación?
“Me lo ha dicho el presidente”
Los audios que ahora vuelven a escena no son precisamente irrelevantes. En una de las conversaciones, Cospedal habla con Villarejo sobre la necesidad de controlar la documentación comprometedora que podía conservar el extesorero del PP, Luis Bárcenas. En un momento de la conversación afirma: «A mí me lo ha dicho el presidente, no me lo ha dicho nadie más».
En otra grabación, fechada en 2013, pide expresamente al comisario que frene «lo de la libretita», en referencia a las anotaciones manuscritas de Bárcenas sobre la presunta caja B del Partido Popular que entonces comenzaban a ocupar titulares.
Mientras tanto, durante el juicio celebrado en la Audiencia Nacional, Mariano Rajoy sostuvo que la operación Kitchen perseguía localizar dinero oculto y posibles testaferros del extesorero. Cospedal, por su parte, declaró que nunca impartió instrucciones sobre aquella operación ni conoció sus detalles operativos.
Los audios, al menos, introducen un contexto mucho más complejo que el descrito por ambos durante sus declaraciones judiciales. Y precisamente por eso sorprende que vuelvan a cobrar protagonismo cuando el procedimiento principal ya está prácticamente concluido.
Una investigación que llega cuando el tren casi ha entrado en la estación. El juez ha solicitado ahora a la Unidad de Asuntos Internos que examine las grabaciones en busca de posibles indicios delictivos y ha reclamado a RAC1 los archivos originales completos. La decisión llega cuando el juicio contra el exministro Jorge Fernández Díaz y otros responsables del Ministerio del Interior ya ha celebrado prácticamente todas sus sesiones, la Fiscalía ha formulado sus conclusiones y el procedimiento se encuentra pendiente de sentencia.
Resulta inevitable preguntarse si estas diligencias podrían haberse practicado mucho antes. Porque los audios no aparecieron ayer. Son conocidos desde hace años. Sin embargo, durante distintas fases de la instrucción fueron considerados insuficientes o quedaron al margen de la causa principal. Ahora recuperan protagonismo justo cuando el calendario judicial apenas deja margen para que puedan influir en el procedimiento que ya está visto para sentencia. La casualidad procesal, cuanto menos, invita a la reflexión.
La eterna sensación de una justicia a dos velocidades
Más allá del contenido de las grabaciones, el verdadero debate vuelve a situarse en el ritmo con el que avanza la Justicia cuando la investigación se acerca a determinados niveles de responsabilidad política. Los mandos policiales y responsables del Ministerio del Interior han terminado sentados en el banquillo tras una larga instrucción que finalmente desembocó en juicio.
Sin embargo, la situación procesal de Cospedal siguió un recorrido muy distinto. Los intentos de la acusación popular por volver a imputarla fueron rechazados en distintas ocasiones. Solo ahora, cuando el juicio principal prácticamente ha concluido, el instructor considera oportuno profundizar en unas conversaciones que llevaban años incorporadas al universo del caso Villarejo.
No significa necesariamente que existiera voluntad de proteger a nadie. Pero sí alimenta una percepción muy extendida entre la opinión pública: que determinadas investigaciones parecen avanzar con mucha mayor lentitud cuando afectan a las más altas responsabilidades políticas. Y esa percepción, fundada o no, termina siendo casi tan dañina para la confianza en la Justicia como los propios hechos investigados.
La gran incógnita es si estas nuevas diligencias pueden modificar realmente el panorama judicial. Los audios son comprometidos desde un punto de vista político y podrían adquirir relevancia penal si aparecen nuevos elementos que corroboren su contenido. Correos, documentos, nuevas grabaciones o cualquier otra prueba que permita acreditar una eventual participación directa en la denominada operación Kitchen podrían dar lugar a nuevas actuaciones.
Pero tampoco conviene olvidar el momento procesal en que todo esto sucede. Si finalmente se abriera una nueva línea de investigación contra Cospedal, el procedimiento tendría que recorrer prácticamente todo el camino desde el principio. Nuevas diligencias, recursos, posibles imputaciones y un calendario judicial que, a la vista de la experiencia española en causas complejas, difícilmente sería breve. Mientras tanto, el juicio principal seguirá su curso hacia la sentencia.
Cuando los tiempos también cuentan
Los tribunales decidirán si estos audios tienen recorrido penal o si acabarán siendo una pieza más del inmenso puzle judicial construido alrededor del caso Villarejo. Pero, ocurra lo que ocurra, resulta difícil ignorar el efecto que produce su reaparición precisamente ahora.
Porque en un Estado de Derecho no solo importa que la Justicia actúe. También importa cuándo lo hace. Y cuando unas grabaciones potencialmente relevantes permanecen años sin consecuencias aparentes para volver a primera línea justo cuando el procedimiento principal está a punto de concluir, la pregunta deja de ser únicamente qué dicen esos audios.
La pregunta pasa a ser por qué llegan ahora.Y esa, probablemente, es la incógnita que más debería preocupar a quienes creen que la igualdad ante la ley no solo debe existir, sino también parecerlo.
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