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Piquet denuncia caos, falta de recursos y confusión normativa tras reunirse con el Gobierno, mientras crecen las listas de espera en servicios sociales.
La presidenta de la Federación de Municipios de Madrid (FMM) y alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, ha lamentado este lunes la falta de avances tras la reunión mantenida con el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid para abordar el impacto del proceso de regularización en los servicios públicos locales. El balance, en palabras de la propia Piquet, no deja lugar a matices: “Salimos con más caos y sin ningún compromiso de ayuda para los ayuntamientos”.
La también presidenta de la FMM acudía al encuentro con una batería clara de exigencias, información precisa, coordinación institucional y refuerzo de recursos, que, según ha denunciado, no han sido atendidas por el Ejecutivo central. “Ninguna ayuda para los ayuntamientos, ni más personal, ni más medios económicos, ni nada; lo que nos dicen es que tengamos más pedagogía y más divulgación”, ha criticado, advirtiendo de que estas recomendaciones resultan insuficientes ante la presión real que soportan los servicios sociales municipales. “Con más pedagogía y más divulgación los servicios sociales no dejan de colapsarse”, ha insistido.
Reconocimiento de errores… sin soluciones
Uno de los elementos más relevantes de la reunión ha sido, según Piquet, el reconocimiento por parte de la Delegación del Gobierno de que la información trasladada hasta ahora no ha sido correcta. “Al menos han podido afirmar que ha existido una información no correcta durante estos días”, ha señalado, si bien ha matizado que esta admisión no se ha traducido en una clarificación inmediata ni en directrices operativas claras para los ayuntamientos.
Lejos de disiparse, la incertidumbre normativa persiste. “Siguen clarificando cuáles son los requisitos para la regularización; por tanto, desde el principio no estaba nada claro”, ha afirmado la alcaldesa complutense, subrayando la sensación de improvisación que, a su juicio, está marcando todo el proceso.
Especialmente controvertido ha resultado el cambio de criterio en torno al certificado de vulnerabilidad, uno de los documentos clave en la tramitación. Según ha explicado Piquet, el Gobierno sostiene ahora que no es necesario un estudio social exhaustivo, sino un informe más ágil que podría emitir cualquier trabajador social en una cita rápida.
“Viene a ser al final un acto de fe”, ha resumido la presidenta de la FMM, cuestionando el rigor del procedimiento. “No es un estudio de nuestros servicios municipales que requieren un análisis para comprobar que están en riesgo de exclusión social. Al final lo que vemos es que son todos meros trámites administrativos que no sabemos qué es lo que va a conllevar”, ha añadido.
Servicios sociales al límite
Más allá del debate técnico, Piquet ha puesto el foco en las consecuencias directas que esta situación está teniendo sobre la ciudadanía. “Los vecinos van a seguir teniendo que esperar, y han visto cómo aumenta esa lista de espera para utilizar los servicios sociales municipales”, ha denunciado, dibujando un escenario de saturación que, según afirma, dista mucho de la normalidad.
La alcaldesa ha recordado que los ayuntamientos llevan ya “diez días con los colapsos en los servicios sociales” sin recibir instrucciones claras ni recursos adicionales. En este sentido, ha criticado que sea ahora cuando se empiece a matizar que determinados documentos no eran imprescindibles. “Son unos requisitos que no se han ido explicando a nadie, que no se han ido detallando a nadie”, ha insistido.
Ante la proximidad del 30 de junio, fecha límite del proceso de regularización, Piquet ha reclamado una implicación directa del Gobierno de España con los responsables municipales. En concreto, ha pedido que se convoquen reuniones técnicas con trabajadores sociales, alcaldes y concejales del área para aclarar criterios y procedimientos.
“He pedido que se reúnan con los trabajadores sociales, con los alcaldes, con los concejales de servicios sociales y expliquen cuál ha sido el desarrollo de estos criterios que hasta ahora nadie los tenía claros ni ellos mismos han sabido explicarlos”, ha señalado.
La crítica de fondo, sin embargo, trasciende lo operativo y apunta al modelo de gestión. “No se puede legislar desde un despacho y trasladar toda la presión a las administraciones locales”, advertía Piquet antes del encuentro. Tras la reunión, su diagnóstico no ha cambiado, sino que se ha endurecido: “Como nada está claro con este caos de política migratoria que tiene el Gobierno de España, pues salimos con más caos. Lamentablemente, poco que ofrecer a los ayuntamientos”.
Una conclusión que, en pleno aumento de la demanda en los servicios sociales municipales, deja a los consistorios, y a sus vecinos, a la espera de respuestas que, por ahora, siguen sin llegar.
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