El Supremo tumba la rescisión del contrato del IES Francisca de Pedraza: Ayuso pierde otro pulso judicial por el instituto de La Garena

• El Supremo anula la rescisión por caducidad del expediente y abre la puerta a posibles indemnizaciones tras años de retrasos y polémica.

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que marca un punto y aparte en uno de los capítulos más controvertidos de la gestión educativa en Alcalá de Henares durante la última década: la anulación de la rescisión del contrato para la construcción del IES Francisca de Pedraza, ubicado en el barrio de La Garena. El fallo, conocido a principios de marzo de 2026, estima el recurso contencioso-administrativo presentado por la empresa adjudicataria, Rogasa Construcciones y Contratas S.A.U., y declara que el procedimiento administrativo iniciado por la Comunidad de Madrid en 2020 para resolver el contrato caducó por superar los plazos legales establecidos.

La historia se remonta a 2019, cuando la Consejería de Educación adjudicó las obras del nuevo instituto público en La Garena a Rogasa por un importe cercano a los varios millones de euros. El centro, bautizado en honor a Francisca de Pedraza, que fue la primera mujer que pudo divorciarse de su esposo maltratador en el siglo XVII, también en esta Ciudad,  respondía a una demanda histórica de las familias del barrio, uno de los más poblados y en expansión de la ciudad complutense. La Garena, con su crecimiento residencial impulsado por la cercanía a Madrid y las buenas comunicaciones, acumulaba años de quejas por la falta de plazas educativas suficientes en secundaria, obligando a muchos alumnos a desplazarse a otros barrios o municipios.

Un contrato fallido y cinco meses fuera de plazo

Sin embargo, las obras no avanzaron al ritmo previsto. La empresa alegó dificultades derivadas de modificaciones en el proyecto, incrementos de costes y otros factores externos, mientras que la administración autonómica, entonces bajo la presidencia de Isabel Díaz Ayuso,  consideró que existía un incumplimiento grave de los plazos contractuales. En enero de 2020 se inició el expediente de resolución del contrato por demora en la ejecución, y en junio de ese mismo año (algunas fuentes apuntan a agosto para la notificación efectiva) la Consejería de Educación y Juventud acordó la rescisión unilateral. La decisión incluía la incautación de la garantía depositada por la constructora y la posibilidad de adjudicar las obras restantes a otra empresa.

Rogasa recurrió la medida ante los tribunales, argumentando que el procedimiento no se había tramitado conforme a derecho. Tras varios años de litigios en instancias inferiores, el caso llegó a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. La sentencia, fechada en los primeros meses de 2026, da la razón a la empresa al considerar que el expediente superó el plazo máximo permitido para su resolución. Aunque la Comunidad de Madrid no había establecido un plazo específico en su normativa interna para este tipo de procedimientos de extinción contractual, el Supremo aplica el criterio general de tres meses como límite razonable en ausencia de regulación expresa. El expediente, iniciado el 8 de enero de 2020, se prolongó más de cinco meses hasta la resolución definitiva, lo que motivó su caducidad automática.

Del retraso en obra al varapalo del Supremo

El alto tribunal anula así la Orden de la Consejería que declaraba resuelto el contrato y preveía la pérdida de la garantía. Esta decisión no solo invalida la rescisión de 2020, sino que establece doctrina jurisprudencial relevante para futuros casos similares en otras comunidades autónomas: en ausencia de plazo concreto, el límite será de tres meses para resolver expedientes de esta naturaleza.

Las consecuencias para Alcalá de Henares son múltiples y aún por determinar en su totalidad. Tras la rescisión de 2020, la Comunidad de Madrid adjudicó las obras pendientes a otra constructora, y el IES Francisca de Pedraza finalmente abrió sus puertas en el curso 2025/2026, aunque con retrasos significativos respecto al calendario original. Miles de alumnos y familias del barrio vivieron años de incertidumbre, con protestas vecinales, concentraciones y denuncias públicas por la lentitud en la ejecución de una infraestructura educativa esencial.

Desde la oposición municipal y autonómica, el fallo ha sido interpretado como una nueva crítica a la gestión de infraestructuras educativas del Gobierno de Ayuso. Representantes de Más Madrid en Alcalá han calificado el episodio como “una negligencia constante” y “otra bofetada judicial al PP”, recordando que el barrio de La Garena sufrió durante lustros la falta de plazas en secundaria, con alumnos en barracones o desplazados. “Alcalá no olvida quién dejó a nuestras hijas e hijos sin instituto a tiempo”, han señalado en redes sociales.

El instituto ya funciona, pero la batalla sigue

Por su parte, fuentes de la Comunidad de Madrid han evitado valoraciones detalladas del fallo en las primeras horas tras su difusión, limitándose a recordar que el centro ya está operativo y que la prioridad siempre fue garantizar la educación pública de calidad. No obstante, el Gobierno regional podría ahora enfrentar reclamaciones económicas por parte de Rogasa, que podría exigir indemnizaciones por daños y perjuicios derivados de la rescisión anulada, aunque la sentencia no entra en ese extremo y se centra exclusivamente en la caducidad procedimental.

El caso del IES Francisca de Pedraza se suma a otros litigios similares en la región durante la etapa de Ayuso al frente de la Comunidad, donde rescisiones de contratos en proyectos escolares han generado sentencias adversas por defectos formales o plazos incumplidos. En Alcalá, donde la presión demográfica sigue siendo alta con nuevos desarrollos urbanísticos en marcha, este fallo histórico reabre el debate sobre la planificación educativa a largo plazo y la necesidad de agilizar trámites sin vulnerar garantías legales.

Para los vecinos de La Garena, el instituto ya es una realidad tangible: aulas modernas, patios amplios y una matrícula que crece curso tras curso. Pero la sentencia del Supremo sirve como recordatorio de que, detrás de cada ladrillo, hay años de papeleo, recursos judiciales y decisiones administrativas que pueden alterar el día a día de miles de familias.

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