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La Fiscalía aprecia indicios penales en la gestión del Hospital de Torrejón y remite el caso al juzgado para su investigación judicial.
La Fiscalía de Alcalá de Henares ha dado un paso clave en el caso del Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz, al estimar que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación administrativa, tipificado en los artículos 404 y siguientes del Código Penal. Como consecuencia, el Ministerio Público ha decidido judicializar las diligencias y remitir toda la documentación al Tribunal de Instancia de Torrejón de Ardoz, donde ya existen actuaciones abiertas por los mismos hechos.
La decisión supone un nuevo revés judicial para la concesionaria del centro, el grupo sanitario Ribera Salud, tras el escándalo destapado el pasado mes de diciembre a raíz de una investigación publicada por El País. En ella se revelaban audios internos en los que directivos del grupo presuntamente instaban a rechazar pacientes, alargar listas de espera y reducir intervenciones quirúrgicas con el objetivo de incrementar los beneficios económicos del hospital entre 4 y 5 millones de euros.
Acumulación de denuncias y remisión al juzgado
Según el decreto de la fiscal investigadora, al que ha tenido acceso ElPlural.com, los hechos denunciados “pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación”, lo que motivó inicialmente la incoación de diligencias de investigación preprocesal. No obstante, al comprobarse que ya se habían abierto diligencias en la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrejón de Ardoz, la Fiscalía ha acordado archivar la investigación preprocesal y remitir toda la documentación para su acumulación al procedimiento judicial en curso.
En concreto, la Fiscalía de Alcalá ha decidido acumular las denuncias presentadas por el letrado Javier Flores con las registradas previamente por el PSOE de Madrid y la Asociación El Defensor del Paciente, al considerar que todas ellas se refieren a unos mismos hechos y a una misma posible dinámica irregular en la gestión del centro sanitario.
Las actuaciones parten de una denuncia presentada por el PSOE en la que se ponían de manifiesto presuntas irregularidades en la gestión del hospital, orientadas —según los denunciantes— a manipular la actividad asistencial para aumentar el rendimiento económico en detrimento de la correcta prestación del servicio sanitario a la ciudadanía.
A estas denuncias se sumaron otras posteriores por los mismos hechos, lo que llevó a la Fiscalía a valorar la posible existencia de una actuación administrativa arbitraria, uno de los elementos centrales del delito de prevaricación.
El origen del caso: audios y primeras denuncias
El primer movimiento judicial se produjo en diciembre, un día después de hacerse públicos los audios del CEO de Ribera Salud. El abogado Javier Flores presentó entonces una denuncia solicitando la apertura de diligencias, la toma de declaración a los responsables denunciados y el requerimiento a la Comunidad de Madrid de los expedientes de supervisión, inspección y control contractual del hospital.
Posteriormente, el PSOE de Madrid amplió el foco con una denuncia ante la Fiscalía de Madrid contra el director general de Ribera Salud, Pablo Gallart, por presuntas irregularidades en la gestión del Hospital Universitario de Torrejón. El partido señalaba una posible omisión de los deberes de supervisión por parte de la Comunidad de Madrid y apuntaba a delitos de prevaricación administrativa, corrupción en los negocios, delitos contra la salud pública y denegación discriminatoria de prestaciones públicas.
También Más Madrid presentó denuncia ante la Fiscalía, solicitando que se investigara tanto a Ribera Salud como a la Comunidad de Madrid por la posible comisión de hasta seis delitos relacionados con el funcionamiento de este hospital de titularidad pública y gestión privada.
A ello se añadió la denuncia de la Asociación El Defensor del Paciente, que reclamó investigar una posible reutilización de material sanitario de un solo uso, una práctica presuntamente denunciada por trabajadores del centro y que, de confirmarse, podría abrir un nuevo frente penal.
Un caso que entra de lleno en sede judicial
Con la remisión de todas las actuaciones al Tribunal de Instancia de Torrejón de Ardoz, el caso entra ya plenamente en el ámbito judicial. Será ahora el juzgado quien determine si existen responsabilidades penales en la gestión del hospital y si las prácticas denunciadas vulneraron los derechos de los pacientes y el correcto uso de recursos públicos.
Un proceso que, más allá de lo judicial, vuelve a poner bajo los focos el modelo de gestión privada de servicios sanitarios públicos en la Comunidad de Madrid y el papel de los mecanismos de control y supervisión administrativa.
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