- Audios, despidos, beneficios y listas de espera ponen en cuestión el modelo privatizado madrileño con efectos directos en Alcalá y su sanidad.
A solo veinte minutos en coche desde la Plaza de Cervantes, el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz lleva años siendo el centro de referencia para miles de vecinos y vecinas de Alcalá de Henares, Mejorada del Campo, Torres de la Alameda o Villalbilla cuando el Príncipe de Asturias está saturado. Allí han nacido hijos e hijas de media ciudad, se han colocado prótesis de rodilla, se han superado procesos oncológicos y se han recibido malas noticias envueltas en batas verdes. Por eso, lo que está ocurriendo en Torrejón desde hace días no es una cosa ajena, ni técnica, ni de despacho madrileño. Es algo que nos afecta de lleno, aunque se intente vender como un ruido político más.
El escándalo estalló el pasado 3 de diciembre cuando El País publicó las grabaciones de una reunión interna celebrada el 25 de septiembre en las oficinas de Ribera Salud, la empresa privada, filial de la estadounidense Centene Corporation, que gestiona el hospital con dinero cien por cien público de la Comunidad de Madrid. En esos audios, Pablo Gallart, consejero delegado del grupo, no hablaba precisamente de mejorar la atención al paciente, reducir sufrimiento o reforzar plantillas. Hablaba de EBITDA (en español: Beneficio antes de Intereses, Impuestos, Depreciaciones y Amortizaciones). De cuatro o cinco millones. Y lo hacía con la crudeza de quien ve en la sanidad un Excel mal cerrado: después de haber reducido listas de espera en 2022 y 2023 “haciendo un esfuerzo”, ahora había que “iterar” para subir beneficios. ¿Cómo? Reduciendo intervenciones, rechazando pacientes o pruebas “poco rentables” y asumiendo que las listas de espera podían volver a crecer, porque, cito, “la elasticidad entre lista de espera y cuenta de resultados es directa”. Traducido: enfermos que esperan, beneficios que suben.
El Hospital de Torrejón recibe cada año alrededor de 200 millones de euros públicos mediante un canon fijo por los 150.000 habitantes asignados, al que se suman ingresos extra por los pacientes de fuera de su área que eligen libremente ser atendidos allí. Muchos de ellos, insisto, de Alcalá. No estamos hablando de un hospital privado al uso ni de una clínica boutique. Estamos hablando de un servicio público esencial en manos privadas, sostenido con impuestos y cuyo objetivo, a la vista de los audios, parece depender más del margen que de la medicina. Según los documentos filtrados, la dirección habría ordenado priorizar los casos más rentables y retrasar o derivar los que apenas cubren costes. Es decir: seleccionar pacientes como quien clasifica mercancía.
Cuatro altos cargos del hospital, entre ellos la gerente, Mónica Díaz, denunciaron estos hechos a través del canal ético interno. No acudieron a la prensa ni a la oposición. Acudieron al sistema que la propia empresa presume de tener para “garantizar buenas prácticas”. Días después fueron despedidos. Uno de ellos dejó por escrito una frase tan sencilla como demoledora: “No puedo ceder a la amenaza de poner en riesgo la salud de los pacientes”. No hace falta un tratado de bioética para entender de qué estamos hablando.
A partir de ahí, las revelaciones han ido saliendo en cascada. El 5 de diciembre, El País desveló que trabajadores habían recibido órdenes de reutilizar hasta diez veces catéteres cardíacos de electrofisiología de un solo uso, tras procesos de esterilización. Una práctica expresamente prohibida por la Agencia Española del Medicamento cuando el fabricante indica, precisamente, “uso único”. Un detalle menor, para algunos: total, es el corazón.
Un día después, eldiario.es añadía más gasolina al fuego revelando los vínculos empresariales de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, con el grupo Quirón, principal adjudicatario de la sanidad madrileña, y las comisiones millonarias cobradas durante la pandemia que acabaron convertidas en pisos de lujo y en un proceso judicial por presunto fraude fiscal. Todo, cómo no, dentro del mismo ecosistema sanitario privatizado que Madrid lleva años consolidando como un modelo de éxito.
El Ministerio de Sanidad ha abierto una investigación de Alta Inspección y ha exigido dos auditorías independientes. Más Madrid y el PSOE han anunciado querellas contra Ayuso y la consejera Fátima Matute, exdirectiva de Quirón. Los sindicatos CCOO y Amyts han convocado una concentración el 15 de diciembre bajo un lema que no necesita nota a pie de página: “La salud no es un negocio”.
La respuesta de la Comunidad de Madrid ha sido la habitual: cifras, comparativas y una inspección exprés que asegura no haber encontrado reutilización de material. Ayuso habla de “exageración de Moncloa” y Alberto Núñez Feijóo pide “una auditoría rigurosa” mientras intenta marcar distancia con quien, hasta hace dos minutos, era un activo político incuestionable. Cuando hay ruido, siempre conviene mirar hacia otro lado… o hacia Bruselas.
En Alcalá, la preocupación es real. El portavoz municipal del PSOE y diputado nacional, Javier Rodríguez Palacios, ha reclamado “transparencia total” y ha recordado que “miles de complutenses usan ese hospital cada año”. El pasado 6 de diciembre, Día de la Constitución, lo resumía en un mensaje directo citando el artículo 43: el derecho a la protección de la salud. Un derecho conviene recordarlo, no una oportunidad de negocio.
En Torrejón, la vida continúa, pero con un velo de desconfianza. María López, madre de dos hijos y usuaria habitual del centro, lo decía con una claridad inquietante: “Elegí este hospital por el parto humanizado, pero ahora dudo. ¿Mi siguiente revisión será ‘rentable’?”. El hospital, que atiende unos 1.200 partos al año y era referencia en el llamado “parto respetado”, ha visto cómo su reputación se erosionaba en cuestión de días. Y mientras tanto, el Ayuntamiento torrejonero, gobernado por el PP con mayoría absoluta, impulsa un segundo hospital privado, Quirónsalud Torrejón, con obras previstas para 2026. “Dos opciones para los torrejoneros”, celebra el alcalde. Otros lo llaman duplicar un modelo que ya hace aguas.
A fecha de 8 de diciembre, el caso Torrejón ha superado con creces el ámbito local. La investigación avanza y podría desembocar incluso en la rescisión del contrato de Ribera, vigente hasta 2036. En Europa se observan los movimientos con atención. En la política nacional, el asunto tensiona al propio Partido Popular y ofrece munición a quienes denuncian desde hace años un proceso de privatización encubierta de la sanidad pública.
Pero más allá del ruido partidista, lo que hay aquí es algo mucho más serio: un modelo sanitario en cuestión. En 2025, con más de 832.000 personas en lista de espera en España y una demora media de 121 días, resulta inquietante comprobar que la principal obsesión de algunos gestores sanitarios no sea reducir sufrimiento, sino cuadrar márgenes. La pandemia nos enseñó, o eso creíamos, que la sanidad no puede funcionar con lógica empresarial sin pagar un precio altísimo.
El Hospital de Torrejón, con su EBITDA soñado de cinco millones de euros, nos recuerda algo que debería ser obvio: cuando la salud se convierte en negocio, alguien siempre sale perdiendo. Y casi nunca es el balance de resultados. La pregunta ya no es si este modelo es eficaz, sino que cuánto más estamos dispuestos a tolerar antes de asumir que el coste real no se mide en euros, sino en vidas, en confianza y en dignidad. ¿Aprenderemos esta vez o será, una vez más, otro capítulo de la privatización silenciada?
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👏👏 No es por la sanidad, ni por un servicio esencial, ni porque sea uno de los pilares del estado del bienestar… « ¡Es la economía, estúpido! » (de unos pocos, sobre todo de unos pocos amigos de Ayuso&Cia)
Es el PP en estado puro. En Madrid, agravado por la nefasta gestión de la señora Ayuso. Resultado: sanidad pública comatosa y universidad pública en las ultimas. Pero los votantes lo han querido así.
Vivo en Alcalá. He escogido libremente el hospital de Torrejón, donde me han citado con muchos meses de antelación de lo que me ofrecían en el hospital de Alcalá. El trato inmejorable, mucho mejor que en Alcalá, donde parece que te están atendiendo de caridad, como si no fuésemos nosotros los que les pagamos con nuestros impuestos, y donde las instalaciones dejan mucho que desear.
Las listas de espera en torrejón son mucho menores, lo sé por propia experiencia, que en otros centros sanitarios, por supuesto mucho menor que la del hospital de Alcalá, por eso tantos residentes en Alcalá vamos a Torrejón. Por cierto, para los que vinimos en el distrito II el tiempo de traslado al hospital de Torrejón es de 10 minutos en coche, y en transporte público también mucho más rápido y cómodo que al de Alcalá.
El derecho a elegir centro sanitario es algo a lo que no estoy dispuesto a renunciar, por lo que actuaré en consecuencia en las elecciones.
Se equivoca la izquierda, a la que no volveré a votar en la Comunidad de Madrid, queriendo tratarnos como un rebaño para estabularnos en el hospital que ellos decidan, mientras sus dirigentes acuden a la sanidad privada. Esa libertad de eleccion es algo que deriva muchos votos al PP en las elecciones autonómicas, siempre más que en las generales.
Buen intento de desviar la atención y de conseguir votos, pero en algo que conozco de primera mano no me convencen.
¿Por qué iba a cambiar?¿Para esperar más meses para ser atendido peor? Ni lo sueñen, no lo conseguirán con sus manipulaciones.
Si es malo el hospital de Torrejón y tienen listas de espera más cortas ¿Como será el de Alcalá con listas de espera interminables? ¿Por qué sucede eso? ¿Que razón oculta hay para ello y qué directrices se dan para que eso ocurra?
Ya es 11 de diciembre de 2025 y no leo contestaciones furibundas al comentario del que se hace llamar Roger Beret.
Barrunto que algo de verdad debe haber en lo que dice.