Alcalá de Henares: basta de negocio, queremos hogares | Por Matthew McLaughlan

• Matthew McLaughlan Merelo, vecino de Alcalá, Máster en Relaciones Internacionales por el Instituto Barcelona de Estudios Internacionales

De mi grupo de amigos, solo dos han conseguido comprar casa antes de los 30, a pesar de que todos trabajamos. Una pareja porque sus padres le dieron 60.000 euros para la entrada. La otra porque heredó el piso de su abuela. El resto seguimos en casa de nuestros padres, viendo cómo los 2.344 euros por metro cuadrado que cuesta una vivienda en Alcalá se alejan cada vez más de nuestras posibilidades. Y ojo, que el año pasado costaba un 11% menos. Para 2025 subirá otro 5%, y los alquileres un 10% más.

Esta es la realidad de los jóvenes alcalaínos: o tienes padres que se puedan permitir ayudarte, o tienes la desgracia de perder a un familiar, o no tienes casa. Mientras que los ahorros nos dicen que nos quedamos en casa —un alquiler también se complica—, en nuestra ciudad hay 16 grandes propietarios que acumulan más de 50 viviendas cada uno. El mercado no está funcionando, está completamente roto, y los responsables tienen nombres y apellidos.

Isabel Díaz Ayuso lleva años vendiendo Madrid a los mejores postores internacionales. Su Gobierno se niega sistemáticamente a aplicar la Ley de Vivienda que permitiría regular los alquileres en zonas tensionadas como Alcalá. Prefiere seguir regalando beneficios fiscales a quienes ya tienen dinero para comprar y liberalizando suelo público para que las constructoras se sigan lucrando. Para ella, la vivienda no es un derecho constitucional, sino un negocio más.

En Alcalá, tenemos el refrito de la presidenta de la Comunidad de Madrid en Judith Piquet. Nuestro ayuntamiento podría estar tomando medidas para protegernos, pero prefiere mirar hacia otro lado mientras los fondos de inversión campan a sus anchas. Somos la primera periferia de Madrid, perfectos para especular: lo bastante cerca de la capital para que suban los precios, lo bastante lejos para que no nos lleguen las inversiones públicas.

Que quede claro: no estoy hablando de la señora Carmen, que tiene dos pisos y vive de alquilar uno. Los pequeños propietarios que obtienen un complemento a sus ingresos no son el problema. El problema son esos 16 grandes tenedores con más de 50 viviendas cada uno, los fondos que compran bloques enteros, los que mantienen pisos vacíos esperando que suba el precio. En España hay 4 millones de viviendas vacías, mientras faltan 600.000, según el Banco de España. Esta paradoja solo se explica porque la vivienda se ha convertido en un activo financiero, no en un hogar.

El turismo, que tanto bien hace a nuestra ciudad, ahora también nos perjudica a los vecinos por la mala gestión de los alojamientos. En Alcalá hay unas 290 viviendas de uso turístico. Pisos que podrían albergar a familias alcalaínas, pero que generan más dinero alquilándose por días a visitantes y quitan negocio a nuestros hosteleros.

El ejemplo más sangrante de la dejadez de nuestras administraciones es el Plan Vive. El Gobierno de Ayuso lo vendió como la solución para que los jóvenes pudieran alquilar a precios asequibles. La realidad es otra: los inquilinos de Espartales denuncian contratos con cláusulas abusivas, viviendas con grietas y goteras, calefacciones que no funcionan en invierno, y una empresa gestora que desaparece cuando hay problemas. Pagan el máximo legal permitido (18% de la renta) en gastos de comunidad, pero nadie les dice en qué se gasta. Han tenido que organizarse con el Sindicato de Inquilinos para reclamar en masa. Este es el modelo de Ayuso: privatizar los beneficios y socializar los problemas.

España dedica solo un tercio de lo que invierte la media europea en política de vivienda. Y ese poco dinero, en Madrid, se destina a beneficiar a quienes ya tienen en lugar de ayudar a quienes necesitan. El Gobierno central propone gravar al 100% la compra de vivienda por extranjeros no comunitarios, que ya suponen el 15% de las compras. Pero Ayuso se opone. Prefiere seguir atrayendo dinero especulativo, aunque eso signifique expulsar a los madrileños y alcalaínos de su propia tierra.

Mientras tanto, Catalunya ha sido la única comunidad que ha aplicado la regulación de alquileres en 140 municipios. Los resultados muestran una vía a seguir: han conseguido frenar la subida de precios. Pero también es cierto que es una medida imperfecta: muchos propietarios han sacado sus pisos del mercado tradicional para pasarlos al alquiler temporal, que ha crecido un 56% en un año. Es como una tubería rota: si solo tapas un agujero sin arreglar el problema de fondo, el agua sale por otro lado. Por eso la solución no puede ser solo regular, hay que ofrecer alternativas públicas reales.

Y aquí es donde entra la vivienda pública. Un ayuntamiento que construya y gestione viviendas tiene una ventaja fundamental sobre cualquier inversor privado: no necesita recuperar la inversión en cinco o diez años. Puede pensar a 20, 30 o 40 años. Esto permite ofrecer alquileres mucho más bajos que cubran solo el mantenimiento y la amortización a largo plazo. La inversión inicial se recupera con el tiempo y, mientras tanto, miles de familias viven dignamente. Es una inversión que se paga sola y que además genera cohesión social porque nos permitiría a los alcalaínos vivir en nuestra ciudad —e incluso se podrían crear zonas en barrios para alquiler joven, creando así nuevas comunidades de vecinos, devolviendo la vida a nuestros barrios—.

Como ya reclamé en mi columna anterior en este medio, el Ayuntamiento de Alcalá tiene un superávit de 37 millones de euros en 2024. Por supuesto, parte debe ir a seguir reduciendo la deuda desorbitada que nos dejó el anterior Gobierno del PP. Pero también es el momento perfecto para empezar a construir ese parque público de vivienda que necesitamos. Con una inversión inicial, podríamos poner en marcha las primeras promociones municipales de alquiler asequible ya.

Pero es evidente que el actual equipo de gobierno no va a liderar ese cambio. Alcalá necesita con urgencia un nuevo rumbo. Un rumbo que afronte con valentía la especulación y el abandono: gravando las viviendas vacías, limitando el número de pisos turísticos para que los beneficios del turismo no se queden en pocas manos, rehabilitando viviendas con criterios de sostenibilidad que generen empleo local. Y, sobre todo, impulsando de una vez la construcción y adquisición de vivienda pública.

Porque esto no es solo una cuestión económica. Cuando los jóvenes no podemos emanciparnos, cuando las familias destinan la mitad de sus ingresos al alquiler, cuando solo quien hereda o tiene padres con recursos puede acceder a una vivienda digna, se rompe el contrato social. Y lo que viene después es conocido: frustración, desconfianza, búsqueda de culpables y el terreno abonado para el auge de los extremismos.

Los alcalaínos no pedimos limosna. Pedimos que se cumpla la Constitución que dice que todos tenemos derecho a una vivienda digna. Pedimos políticos que nos defiendan en lugar de vendernos. Pedimos que Judith Piquet deje de ser cómplice de Ayuso y empiece a trabajar para sus vecinos. Y si no lo hacen, que sepan que en las próximas elecciones nos acordaremos de quién estaba de nuestro lado y quién del lado de los especuladores.

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