Déficit público y pensiones: Soseguemos un poco el juego

" España, pese a todos los aparentes problemas, no tiene un gasto en pensiones excesivo, si lo comparamos con el resto de los países europeos. En 2017, este gasto habrá estado en torno al 12% del PIB, unos 140000 millones de euros, si sumamos las pensiones que paga la Seguridad Social más las de las llamadas “clases pasivas”, que abona directamente la Administración Central ".

 

 

  • Santiago López Legarda es un periodista alcalaino que ha ejercido en diferentes medios nacionales.

La noticia de que la Tesorería de la Seguridad Social solicitará al Tesoro público un préstamo de 15000 millones para abonar las pensiones en 2018 ha sido acogida en muchos medios de comunicación con una mezcla de alarma y desconcierto. Se han comportado como esos equipos de fútbol que, al encajar un gol tempranero e inesperado, pierden un poco los papeles y no consiguen asentarse como Dios manda sobre el terreno de juego.

Lo primero que hay que decir es que el Instituto Nacional de la Seguridad Social, es un organismo autónomo que se encarga, entre otras cosas, de pagar las nóminas de los jubilados. Y por cierto, cumple su función con una celeridad y eficiencia comparables a las de la Agencia Tributaria, que como todo el mundo sabe es otro organismo autónomo encargado de la recaudación de impuestos. Desde este punto de vista, el INSS es tan Estado ( o tan Administración Central, si se prefiere) como el Ministerio del Interior y sus 140000 guardias civiles y policías nacionales. El déficit que pueda tener el INSS es parte inseparable del déficit que pueda tener la Administración Central. Otra cosa es que, desde un punto de vista contable o desagregado, se diga que “la Seguridad Social solicitará un préstamo al Estado para pagar las pensiones”. Es como si dijéramos que el Ministerio del Interior solicitará un préstamo al Estado para pagar las nóminas de policías y guardias civiles.

Lo segundo que debería esclarecerse de una vez por todas es que el pago de las pensiones públicas difícilmente podrá cubrirse en su totalidad con los recursos que proporcionan las cotizaciones sociales de las empresas y los trabajadores que están en activo. Básicamente por tres razones: la evolución demográfica, que ha elevado a casi diez millones el número de prestaciones que hay que pagar cada mes; el incremento de la pensión media que abona el sistema ( alrededor de 900 euros en 2017, contando contributivas y no contributivas) y el estancamiento o retroceso de los salarios. Ni siquiera con los 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, que tanto predica el Gobierno como horizonte cercano y posible, será suficiente para abonar las pensiones sin déficit.

Un tercer aspecto que vale la pena subrayar es que España, pese a todos los aparentes problemas, no tiene un gasto en pensiones excesivo, si lo comparamos con el resto de los países europeos. En 2017, este gasto habrá estado en torno al 12% del PIB, unos 140000 millones de euros, si sumamos las pensiones que paga la Seguridad Social más las de las llamadas “clases pasivas”, que abona directamente la Administración Central. Es un nivel de gasto que podemos permitirnos sin problema, e incluso incrementarlo ligeramente, siendo conscientes, eso sí, de que lo que se gasta en una cosa no se puede gastar en otra; y que el gasto público global tiene unos límites que no se deben sobrepasar si se desea mantener el dinamismo económico.

Pero precisamente este concepto del gasto público global constituye un cuarto elemento que valdría la pena considerar. Porque España está a día de hoy, tanto en presión fiscal como en gasto publico, unos 7 u 8 puntos por debajo de la media europea. Deberíamos mejorar o incrementar nuestro nivel de ingresos fiscales para así poder atender mejor las prestaciones sociales.

En quinto lugar, antes de hacer sonar las alarmas como si un incendio voraz nos rodease, hay que dar tiempo al tiempo  y ver qué efectos tiene sobre el gasto en pensiones, la reforma que viene implantándose desde 2013 y que acabará en 2027. Quizás el mayor defecto de esta reforma es el periodo tan extenso de aplicación, pero uno de sus contenidos más destacados – el llamado factor de sostenibilidad – entrará en vigor en enero del año que viene y sin duda tendrá un cierto impacto en la cuantía de las nuevas pensiones que entran al sistema. Y debe tenerse en cuenta también el efecto moderador, con pequeñas pérdidas de poder adquisitivo hasta la fecha, que están teniendo las subidas anuales de tan sólo el 0,25%. Este año es el quinto consecutivo en que se aplica una revisión tan reducida.

En función de todos los argumentos expuestos, creo que podría decirse que lo más urgente es esperar, no perder la calma. Porque estamos dedicando a nuestros pensionistas un porcentaje de nuestra “tarta” nacional que sin duda se merecen y además podemos permitirnos. Cierto que las pensiones son, junto con la deuda y el déficit, el mayor desafío de nuestras cuentas públicas, pero cierto también que esas 14 pagas anuales que cada quien recibe como agua de mayo han sido el mejor salvavidas para muchos náufragos de la crisis y son un poderoso factor para la redistribución de la renta y el mantenimiento del bienestar público. Esperar y no hacer sonar las alarmas de manera atolondrada. He ahí la tarea más urgente.

 

Santiago López Legarda fue periodista de Radio Nacional de España

 

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