La Guardia Civil confirma que el diputado del PP Bartolomé González cobró 60.000 euros de Púnica

• El magistrado debe decidir sobre la inhbición en favor del Tribunal Superior de Madrid por la condición de aforado del diputado autonómico 

Según informa hoy mismo ELDIARIO.es,  con el informe de la Guardia Civil, el juez Eloy Velasco podrá dictar una exposición razonada y enviar la causa al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ante el que está aforado González como diputado autonómico. El instructor del caso Púnica ya pidió al TSJM el pasado mayo que investigara a otro diputado del PP en la Asamblea de Madrid, Daniel Ortiz, tras acumular indicios contra él de cohecho y tráfico de influencias. El exalcalde de Móstoles también habría favorecido a la empresa energética Cofely. Cuando Velasco se dirigió al TSJM, Cifuentes enseñó la puerta a  Ortiz, quien dimitió y renunció a su acta de diputado.

Según relata ese mismo digital,  la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha indagado en los últimos meses en la veracidad de la declaración ante el juez del empresario David Marjaliza en lo referente al presunto soborno de Cofely a Bartolomé González. Entre las evidencias encontradas figura un documento, una suerte de facturación de la trama, con la misma cifra que Marjaliza ofreció al juez: 60.000 euros, según las fuentes consultadas.

Marjaliza, amigo de Francisco Granados desde la juventud, está acusado de ser uno de los cabecillas de la trama Púnica. Siete meses después de ser detenido e ingresar en prisión se ofreció a colaborar con la investigación. El empresario señaló en el verano de 2015 a varios políticos de los que decía haber sobornado o de los que conocía que otros miembros de la trama lo habían hecho. En diciembre, Marjaliza  salió de la cárcel en libertad provisional.

Una de las actividades que desarrolló Marjaliza fue la de conseguidor de la empresa Cofely, que le contrató en 2012 por 1.500 euros mensuales más porcentajes por los contratos que obtuviera de sus contactos en la política madrileña. Sobre Alcalá de Henares, el empresario imputado dijo en sede judicial que “hubo un acuerdo con Bartolomé González de 60.000 euros”. “No recuerdo si se pagó o no (…), pero el acuerdo estaba y estaba con Bartolo”, explicó sobre el pacto entre Cofely, una empresa de eficiencia energética filial de la multinacional francesa GDF Suez, que obtuvo en Alcalá un contrato de 14 millones de euros.

La secretaria de Marjaliza, Ana Ramírez, añadió que empleados de Cofely acudían a su oficina en Pinto para recoger sobres con dinero con destino a distintos ayuntamientos. Aunque no detalló qué personas eran las destinatarias de esos sobres sí especificó las localidades: “Móstoles, Getafe, Collado, Alcalá de Henares, creo, Collado…”. En persona, recuerda haber entregado sobres con dinero a Granados y a su sucesor en la Alcaldía de Valdemoro, Jesús Miguel Moreno.

A partir de ahí, la UCO se puso a investigar, incluyendo interrogatorios y solicitudes de documentación, como la que realizaron presencialmente al consistorio alcalaíno el pasado febrero por el contrato con Cofely. Las fuentes consultadas añaden que el informe señala también a varios directivos de Cofely, entre otros presuntos implicados en la trama de corrupción. González reaccionó a la publicación de la declaración de Marjaliza anunciando una querella contra el empresario imputado.

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