- Una llamada a reflexionar, educar y exigir responsabilidad política frente a la guerra, la violencia normalizada y el debilitamiento del derecho internacional.
- Adolfo Carballo se define como ciudadano del mundo. Activista de derechos humanos. Cuestiono lo evidente, exploro los mundos que llevo dentro y busco que cada pensamiento y acción tengan sentido propio. Como decía Voltaire: “El sentido común es el menos común de los sentidos”.
En nuestra vida cotidiana, en los espacios de convivencia municipal y vecinal, conviene detenerse y pensar. Especialmente cuando se habla de la guerra.
En los últimos días, algunos discursos políticos han presentado las intervenciones militares no sólo como necesarias, sino incluso como motivo de celebración. Este tipo de mensajes plantea un desafío profundo para cualquier sociedad democrática: ¿cómo podemos, desde nuestra comunidad, reflexionar y actuar frente a la normalización de la violencia armada?.
La guerra no es un gesto retórico ni un asunto abstracto reservado a debates lejanos. La guerra implica muerte, destrucción y sufrimiento humano. Por ello, tras las grandes catástrofes del siglo XX, la comunidad internacional estableció límites claros al uso de la fuerza. No por ingenuidad, sino por memoria histórica.
El derecho internacional contemporáneo se fundamenta en un principio esencial: la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, tal como establece la Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 2.4. Este principio no es únicamente una norma jurídica; es un marco ético que recuerda que el poder no puede sustituir al derecho.
Solo existen dos excepciones reconocidas a esta prohibición general: el derecho de legítima defensa, individual o colectiva, ante un ataque armado y bajo criterios estrictos de necesidad y proporcionalidad (artículo 51); y la autorización expresa del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas cuando existe una amenaza grave para la paz internacional (Capítulo VII).
Fuera de estos supuestos, cualquier intervención militar carece de legalidad y, por tanto, de legitimidad ética. La fuerza unilateral no puede ni debe ser celebrada. Precisamente estas normas son las que protegen la vida humana y la soberanía de los pueblos frente al abuso del poder.
Desde el ámbito municipal, esta reflexión no es ajena ni lejana. La normalización de la violencia, venga de donde venga, es inadmisible. La ciudadanía tiene el derecho —y también el deber— de cuestionar los discursos que banalizan la guerra y de exigir a sus representantes un compromiso firme con la legalidad internacional y los valores democráticos.
Los primeros días de 2026 nos han recordado la urgencia de este debate. La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, vulnerando su soberanía y el principio de autodeterminación, evidencia una vez más cómo la fuerza unilateral se impone al derecho internacional cuando los intereses geopolíticos prevalecen sobre la legalidad. Este tipo de actuaciones no solo afectan a un país concreto: establecen precedentes peligrosos para toda la comunidad internacional.
Otros conflictos recientes refuerzan esta advertencia. La guerra en Ucrania, la crisis humanitaria en Yemen, los enfrentamientos en Tigray o la prolongada tragedia del pueblo palestino muestran hasta qué punto la violación sistemática del derecho internacional y de los derechos humanos provoca sufrimiento masivo y desestabilización global. La paz no es una concesión: es un deber colectivo.
Desde nuestra perspectiva local, el respeto al derecho internacional se traduce en educación cívica y transmisión de valores. Enseñar que la violencia no es una respuesta, que la guerra no se aplaude y que la prudencia debe guiar toda acción política es también una tarea municipal. Cada escuela, asociación vecinal y espacio cultural puede ser un lugar donde se afiance esta conciencia ética.
Immanuel Kant advertía que la paz no es un estado natural, sino un logro político que exige límites al poder. Cuando la fuerza se emancipa del derecho, la política degenera en dominación. Esta advertencia sigue plenamente vigente.
La ética democrática comienza en lo cercano, en cómo hablamos, en qué toleramos y en qué decidimos no normalizar.
La cuestión final no es a quién se vota, sino qué estamos dispuestos a aceptar como sociedad. Hay líneas que ninguna comunidad democrática debería cruzar sin estremecerse. Reflexionar, educar y exigir responsabilidad son acciones concretas que podemos ejercer aquí, en nuestro municipio, y que tienen un impacto real en el mundo que construimos día a día.
¿Habrá sanciones internacionales para los dirigentes que vulneran la Carta de las Naciones Unidas y los derechos humanos, o seguiremos callados, normalizando la violencia y la ilegalidad como si fueran inevitables?
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