Orlena de Miguel visita las inmobiliarias afectadas y vuelve a cargar contra la huelga del 11-N

La concejala de Seguridad de Alcalá de Henares, Orlena de Miguel, ha visitado varios comercios e inmobiliarias afectados por actos vandálicos durante la huelga general del 11 de noviembre. La edil ha trasladado su apoyo a los comerciantes y trabajadores, pero también ha vuelto a cargar contra una convocatoria que calificó de «fracaso absoluto», pese a que miles de personas recorrieron pacíficamente el centro de la ciudad para reclamar soluciones al problema de la vivienda.

Orlena de Miguel visita los comercios afectados por vandalismo. Foto del Ayuntamiento
  • La concejala condena los ataques y defiende el derecho al trabajo, mientras mantiene sus críticas a la huelga general del 11-N.
Orlena de Miguel visita los comercios afectados por vandalismo. Foto del Ayuntamiento

La visita de Orlena de Miguel a los establecimientos afectados se produce apenas dos días después de una jornada que dejó dos imágenes muy diferentes en Alcalá de Henares: por un lado, los daños denunciados en varias oficinas inmobiliarias y comercios; por otro, una multitudinaria manifestación que recorrió pacíficamente el centro de la ciudad para reclamar soluciones al problema de la vivienda y al deterioro del poder adquisitivo. La concejala ha querido poner el acento en los primeros, trasladando personalmente su respaldo a los comerciantes y trabajadores afectados, en una nueva intervención pública que prolonga la controversia política abierta durante la huelga.

De Miguel ha condenado los ataques contra establecimientos comerciales y trabajadores, y ha lamentado que personas que deseaban acudir a sus puestos de trabajo, pequeños comerciantes y ciudadanos que decidieron realizar sus compras se vieran afectados por comportamientos violentos. Una condena que merece ser compartida sin reservas, porque el ejercicio del derecho de huelga no ampara los daños materiales, las amenazas ni las coacciones contra quienes optan legítimamente por no secundarla.

Sin embargo, las declaraciones de la concejala han ido bastante más allá de la solidaridad con los afectados. En su valoración de lo ocurrido, De Miguel ha vuelto a cargar contra la convocatoria sindical, utilizando unos términos que sitúan la visita en el terreno de la confrontación política.

«La huelga convocada por UGT, CCOO y el Sindicato de Inquilinas fue un fracaso absoluto en toda España y, por supuesto, en Alcalá. Quizá por eso, los violentos, que no desaprovechan ninguna oportunidad para dar rienda suelta a sus instintos, pagaron su frustración con los trabajadores que quisieron ir a trabajar, con los pequeños comerciantes e incluso con las personas que decidieron libremente hacer sus compras ese día», ha afirmado.

La calificación de «fracaso absoluto» contrasta, cuando menos, con las imágenes que dejó la movilización en Alcalá de Henares. Más de 2.000 personas participaron en la manifestación que recorrió el centro de la ciudad desde la estación de Renfe hasta la plaza de Cervantes, una cifra que fuentes sindicales elevaron durante la marcha hasta cerca de 3.000 asistentes. La protesta, convocada en el marco de la huelga general por la vivienda, los salarios y el encarecimiento de la vida, transcurrió pacíficamente a lo largo de su recorrido.

Naturalmente, la participación en una manifestación no permite medir por sí sola el seguimiento de una huelga general. Son indicadores diferentes y conviene no confundirlos. Pero tampoco parece razonable despachar como un fracaso absoluto una jornada que consiguió reunir a miles de personas en las calles de Alcalá, sin aportar cifras contrastadas sobre el seguimiento de los paros que permitan sostener semejante conclusión.

La nueva comunicación municipal llega, además, después de que el Ayuntamiento difundiera el propio 11 de noviembre una nota centrada en los actos vandálicos registrados durante la jornada. ALCALÁ HOY ya informó entonces de aquella iniciativa, señalando el contraste entre el protagonismo concedido a los incidentes y la multitudinaria manifestación pacífica que se había desarrollado por el centro de la ciudad.

Dos días después, la visita de la concejala a los establecimientos afectados vuelve a situar los daños denunciados en el centro del relato institucional. La diferencia es que ahora la comunicación incorpora el testimonio político de De Miguel y unas fotografías de su encuentro con los comerciantes, mientras mantiene una valoración especialmente negativa de la convocatoria sindical.

La concejala ha defendido también que el derecho fundamental a la huelga debe convivir con el derecho al trabajo y con la libertad individual de cada ciudadano para decidir si participa o no en una movilización. «Todos tenemos derecho a vivir en paz y libertad. Nadie está por encima de ese derecho en democracia», ha señalado.

No hay discusión posible sobre ese principio. Quienes desean trabajar tienen derecho a hacerlo sin sufrir amenazas ni intimidaciones, del mismo modo que quienes deciden secundar una huelga pueden ejercer legítimamente ese derecho constitucional. La protección de ambas libertades constituye una obligación de los poderes públicos, con independencia de las simpatías o discrepancias políticas que pueda suscitar una convocatoria.

Otra cuestión es la atribución de responsabilidades. La información difundida sobre las visitas no aporta nuevos datos acerca de la identificación de los autores de los daños, la existencia de detenciones o el resultado de posibles investigaciones policiales. Tampoco acredita una vinculación entre los responsables de los actos vandálicos y las organizaciones convocantes de la huelga. Esa distinción resulta esencial para evitar que comportamientos individuales, cuya autoría debe esclarecerse, terminen proyectando una sospecha generalizada sobre quienes participaron pacíficamente en la movilización.

La condena del vandalismo y el reconocimiento de la legitimidad de una protesta social no son posiciones incompatibles. Por el contrario, deberían formar parte de una misma respuesta democrática, especialmente cuando las reivindicaciones planteadas afectan a problemas tan relevantes como el acceso a la vivienda, el poder adquisitivo de los salarios y las dificultades económicas de numerosas familias. De Miguel ha cerrado sus declaraciones con un mensaje contundente: «No vamos a normalizar la violencia. No vamos a normalizar lo que no es normal».

La visita de la concejala constituye un gesto de respaldo institucional hacia los comerciantes afectados, que tienen derecho a recibir apoyo y a que se esclarezcan los hechos denunciados. Pero la jornada del 11 de noviembre dejó también otra imagen que merece permanecer en la memoria informativa de Alcalá: la de miles de ciudadanos recorriendo pacíficamente sus calles para reclamar soluciones a problemas sociales que siguen esperando respuestas. Ambas realidades forman parte de lo ocurrido. Reconocer una no debería servir para desdibujar la otra.

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