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Transportes, atención social y Emergencias 112 aportan fondos mientras el SERMAS necesita cientos de millones adicionales para afrontar sus facturas ordinarias.
El verano de 2026 en la Comunidad de Madrid se está escribiendo con números rojos en algunas partidas y con transferencias de última hora en otras. Mientras las temperaturas superan los 35 grados y los incendios de la Sierra Oeste todavía humean, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha puesto en marcha una operación presupuestaria de envergadura: detraer 588 millones de euros de distintas áreas para inyectarlos en Sanidad. El primer tramo, de unos 260 millones, ya está autorizado. El resto queda pendiente.
La justificación oficial es técnica y contundente: los créditos del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) resultaban insuficientes para pagar facturas ordinarias de hospitales y centros. Pero detrás de esa frase neutra se esconden transferencias de fondos procedentes de transportes, emergencias y atención a la dependencia que llegan en el peor momento posible.
El agujero de 588 millones y cómo se autorizó el movimiento
Todo arranca el 24 de junio. Ese día, el Consejo de Gobierno autorizó a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo a reasignar fondos de varios organismos del sector público institucional hacia el SERMAS. La petición venía de Sanidad. El informe reconoce que «los créditos consignados en el presupuesto 2026 resultan insuficientes para atender la tramitación de facturas para centros sanitarios en gastos corrientes en bienes y servicios».
No se habla de una catástrofe imprevista ni de un pico excepcional de demanda. Se habla de funcionamiento ordinario y de una herencia del año anterior: 941 millones de euros en operaciones pendientes y acreedores por periodificación del gasto de 2025.
El presupuesto de 2026 se había presentado como histórico: 30.663 millones de euros de gasto no financiero, un incremento del 6,98 %. Sanidad crecía en casi 550 millones hasta acercarse a los 11.000. Educación y Servicios Sociales también subían. Sobre el papel, las cuentas parecían holgadas. En la práctica, apenas seis meses después, Sanidad pedía 588 millones extra para poder pagar lo que ya debía.
La base jurídica utilizada es el artículo 80.2 de la Ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid, que permite transferir liquidez a la Tesorería Central «en situaciones excepcionales» previa autorización del Consejo de Gobierno. Desde el Ejecutivo se insiste en que no hay nada excepcional: es un mecanismo habitual, auditado y utilizado en ejercicios anteriores para aprovechar remanentes. La oposición, en cambio, habla de un presupuesto que «nació muerto» y de un «tijeretazo» disfrazado de reasignación técnica.
El primer paquete de transferencias ronda los 257-262 millones. Quedan pendientes otros 325,8 millones para completar la cifra solicitada. En Alcalá de Henares, como en el resto de la región, la noticia se recibe con una mezcla de resignación y alarma. Los vecinos que esperan una cita en el Hospital del Henares o que dependen del transporte interurbano saben que cuando se mueve dinero de un lado a otro del presupuesto siempre queda la misma pregunta: quién acabará notándolo en el día a día.
Dónde se mete la tijera: transportes, emergencias y atención social
El mayor mordisco se lo lleva el Consorcio Regional de Transportes de Madrid: 124 millones de euros. Es la partida más abultada del primer tramo. Llega en un momento en que los usuarios del Metro y de los autobuses interurbanos llevan meses denunciando problemas de climatización, esperas largas y frecuencias insuficientes. Que se detraigan más de cien millones del organismo que gestiona el transporte público regional no es un apunte contable abstracto: abre, como mínimo, la discusión sobre el margen financiero disponible para mejorar un servicio que ya está tensionado.
La segunda gran afectada es la Agencia de Contratación Sanitaria, de la que salen 59,9 millones. A continuación aparece la Agencia Madrileña de Atención Social, con 32,1 millones menos. Esta agencia es la que gestiona las residencias de mayores y buena parte de la atención a la dependencia. Le sigue la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, con 22,5 millones, y la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, con 17,5 millones. Incluso se detraen cantidades menores del propio SERMAS y de otros organismos.
El movimiento de fondos procedentes de Emergencias 112 resulta especialmente llamativo. El incendio de la Sierra Oeste, calificado como el peor de la historia reciente de la Comunidad, todavía está reciente. Los bomberos han denunciado falta de medios y hay una sentencia pendiente por el desvío de 38 millones de euros en ese mismo ámbito. Que se toque la partida de emergencias en plena temporada de alto riesgo forestal genera una sensación de contradicción difícil de disimular.
El Gobierno regional sostiene que se trata de remanentes no necesarios para la actividad presupuestaria ordinaria y que, por tanto, su transferencia no afecta a la prestación de los servicios. La oposición responde que detraer fondos de emergencias y atención social mientras se inyecta dinero en Sanidad para pagar facturas del día a día es una forma de priorizar lo urgente a costa de lo importante.
Residencias, dependencia y La Paz
Los 32,1 millones que salen de la Agencia Madrileña de Atención Social llegan cuando las listas de espera para una plaza pública de residencia superan las 3.047 personas, un aumento de alrededor del 40 % respecto al año anterior. A ellas se suman casi 2.800 personas que aguardan plaza en centros de día y más de 16.700 que esperan ayuda a domicilio.
Los socialistas cifran en una media de diez los fallecimientos diarios durante 2025 de personas que estaban en lista de espera o tenían reconocido el derecho a una prestación que todavía no habían recibido. El tiempo medio desde que se presenta la solicitud hasta que llega la ayuda se acerca a los mil días.
En ese contexto, detraer fondos de la agencia que gestiona residencias y dependencia difícilmente puede contemplarse como un movimiento políticamente neutro. Familiares y trabajadores de los centros denuncian falta de personal en verano, salas masificadas y problemas de climatización cuando el calor aprieta. El Gobierno regional sostiene que la atención está garantizada y que los remanentes transferidos no afectan a la prestación de servicios. La oposición, sin embargo, habla de un «tijeretazo» que llega justo cuando más se necesita reforzar el sistema.
La cara más visible del problema sanitario es el Hospital La Paz, el mayor de la región. Desde hace semanas, médicos y enfermeras denuncian urgencias desbordadas, pacientes atendidos en camas colocadas en los pasillos y salas cerradas a pocos metros de donde se acumulan las camillas. La saturación se atribuye, entre otras causas, a cierres de camas. La plantilla ha llegado a preparar avisos de posible huelga.
Mientras tanto, Sanidad recibe una inyección de cientos de millones para pagar facturas ordinarias. La imagen es difícil de ignorar: un hospital de referencia al límite y un Gobierno que necesita mover dinero procedente, entre otros organismos, de atención social y emergencias para cubrir el funcionamiento diario de la sanidad madrileña.
El verano de las contradicciones
Este movimiento de 588 millones no ocurre en el vacío. Ocurre en un agosto en el que la Comunidad de Madrid arrastra dos polémicas que han ocupado buena parte de la agenda mediática.
Por un lado, el ático de 485 metros cuadrados en Chamberí que Planifica Madrid compró por 6,3 millones de euros como «oficina temporal» durante las obras de la Real Casa de Correos y que, semanas después, se puso a la venta por 6,69 millones. La operación ha generado un rosario de dudas sobre su uso real y ha llegado a los juzgados.
Por otro, la presidenta ha dedicado varios mensajes a denunciar la «fiesta a cuerpo de rey» que, según su versión, organizó el Gobierno central en el Observatorio de Yebes para seguir el eclipse del 12 de agosto, con un coste oficial de 72.000 euros, barra libre y presencia de cuatro ministros.
Ambas polémicas existen y tienen su peso. Pero el grueso de la historia de este verano presupuestario no está en el ático ni en Yebes. Está en los 124 millones que salen del Consorcio de Transportes, en los 32 millones que se detraen de atención social, en los 17,5 millones que salen de Emergencias 112 y en los cientos de miles de madrileños que esperan una plaza de residencia, una ayuda a domicilio o una atención urgente sin saturación.
En Alcalá de Henares, una ciudad que conoce en primera persona la presión sobre los servicios sanitarios, sociales y de transporte de la periferia madrileña, el relato de estos días puede resumirse en una pregunta sencilla: cuando el presupuesto se mueve, ¿quién paga el precio real de los recortes? La respuesta, de momento, está en las cifras y en las salas de espera.
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