- Serrano alega origen anónimo de la nota, mientras la investigación apunta al Ayuntamiento y mantiene imputada a la alcaldesa Judith Piquet.
Ayer miércoles, a las 17:00 horas, Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid y mano derecha de Isabel Díaz Ayuso, compareció como testigo ante la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Alcalá de Henares. Con la obligación de decir verdad, el dirigente popular afirmó que la nota interna de la Policía Local que él mismo difundió en su cuenta de X en enero de 2024 le llegó “desde un correo electrónico de un remitente desconocido”. Un anónimo, insistió, que decidió publicar para respaldar las declaraciones de su jefa sobre seguridad e inmigración en la ciudad.
La comparecencia, que había sido aplazada en varias ocasiones, se celebró finalmente junto a otros dos testigos: el tercer teniente de alcalde, Gustavo Severien, y la concejal de Seguridad Ciudadana, Oriana María de Miguel Muñoz. La sala acogió una declaración que, lejos de cerrar el capítulo, ha reavivado el debate sobre el uso político de información reservada y la gestión del centro de acogida de migrantes en el antiguo cuartel de Alcalá. Porque este episodio, conocido como el ‘caso Alcalá’, mantiene imputada a la alcaldesa Judit Piquet por un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos.
De una denuncia a una tormenta política
Los hechos se remontan al 11 de diciembre de 2023, cuando se registró una denuncia por agresión sexual. La Policía Local elaboró una nota interna de servicio –el informe de incidencia 19966/2023– en la que se describía al presunto autor como “un joven de raza negra”. El 17 de enero de 2024, Isabel Díaz Ayuso compareció en rueda de prensa y vinculó la llegada de migrantes procedentes de Canarias, acogidos en el cuartel de Alcalá, con un supuesto aumento de agresiones sexuales y problemas de convivencia.
Horas después, según la reconstrucción judicial, la alcaldesa Judith Piquet ordenó al entonces jefe de la Policía Local, Rubén Jiménez Rodríguez, que imprimiera esa nota. Jiménez cumplió la orden. Posteriormente, Piquet y su jefe de prensa, Raúl Castillo, fotografiaron el documento. Entre las 17:00 del 17 de enero y las 9:58 del día siguiente, la imagen llegó al buzón de Alfonso Serrano, quien la publicó en X, etiquetando al entonces líder del PSOE madrileño Juan Lobato y acusando al delegado del Gobierno de mentir. El mensaje se viralizó rápidamente y alimentó un relato que relacionaba inmigración con delincuencia.
La versión de Serrano frente a la tesis judicial
Rubén Jiménez ocupaba la jefatura de la Policía Local desde 2023 de forma provisional. Meses después, en junio de 2024, fue relevado por Luis Antonio Moreno Pascual, procedente de Torrejón de Ardoz. Jiménez ha comparecido como testigo en la causa y su versión, que la alcaldesa le pidió expresamente la nota, ha sido relevante para la instrucción. La Audiencia Provincial de Madrid fue clara en un auto: “No cabe duda de la participación en los hechos de Judith Piquet”. Los magistrados consideran que la regidora o su entorno inmediato enviaron la fotografía del informe reservado a Serrano, quien es ajeno al Ayuntamiento.
Ayer, en los juzgados de Alcalá, Serrano mantuvo una línea defensiva firme. “Me llegó de un correo electrónico desconocido”, repitió ante la jueza. No señaló ni a Piquet, ni a su jefe de prensa, ni al entonces jefe Jiménez. Simplemente, un remitente anónimo que, según su relato, le facilitó el documento para que lo usara en el debate público. Fuentes jurídicas presentes en la declaración indican que el dirigente popular insistió en que actuó por “interés público” y que no tenía conocimiento de que la nota procediera directamente del consistorio alcalaíno. Esta versión choca con la tesis de la Fiscalía, que sitúa el origen de la filtración dentro del propio Ayuntamiento y considera que la difusión buscaba sostener políticamente las afirmaciones de Ayuso.
Reacciones políticas y una ciudad marcada
La oposición reaccionó con dureza. Desde Más Madrid, su portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot, exigió a Serrano que aclarara “quién, cómo y por qué le filtró un atestado policial ilegal”. Bergerot recordó que la nota fue utilizada para “criminalizar” a un colectivo vulnerable sin pruebas concluyentes de que los autores de las agresiones fueran internos del centro de acogida. El PSOE de Alcalá calificó el episodio de “estrategia premeditada” del PP para generar alarma social y estigmatizar a los migrantes. “Se usó documentación reservada para fabricar un relato xenófobo”, señalaron fuentes socialistas.
En el lado popular, la defensa es distinta: se trataba de alertar sobre un problema real de seguridad en una ciudad que, según ellos, ha visto aumentar las incidencias coincidiendo con la llegada de los acogidos canarios. Para el PP, la investigación judicial supone un intento de “judicializar” un debate legítimo sobre inmigración y convivencia.
El ‘caso Alcalá’ ha trascendido lo local. Alcalá de Henares, ciudad de tradición acogedora y cuna de Cervantes, se convirtió en 2024 en escenario de una de las controversias políticas más intensas del PP madrileño. El antiguo cuartel militar, reconvertido en centro de atención humanitaria, albergó a cientos de personas. El PP lo presentó como un foco de inseguridad; la oposición, como un ejemplo de solidaridad mal gestionada. La nota filtrada, con su descripción racial del presunto agresor, se transformó en arma arrojadiza.
Dos años después, la causa sigue abierta. La jueza ha acumulado wasaps, correos, declaraciones y periciales. La Audiencia Provincial rechazó archivar la imputación de Piquet en mayo de 2025. Ahora, tras la declaración de Serrano, la magistrada debe valorar si su versión se sostiene frente al resto de pruebas. De momento, el ‘número dos’ de Ayuso no está imputado en esta pieza concreta, aunque su papel como difusor lo sitúa en el centro del procedimiento.
Para Alcalá, el caso ha dejado huella. La polarización entre vecinos, el debate sobre seguridad y migración, y la desconfianza hacia las instituciones locales han crecido. Rubén Jiménez, el jefe que imprimió la nota aquel enero de 2024, ya no está al frente del cuerpo. Moreno Pascual, su sucesor, dimitió en febrero de 2026 tras ser denunciado por violencia de género. Judith Piquet continúa al frente del Ayuntamiento, defendiendo que todo fue una filtración ajena y que su intención fue siempre proteger a los alcalaínos.
Alfonso Serrano abandonó los juzgados ayer sin hacer declaraciones a la prensa y sin que ninguno de los medios presentes captara imágenes de su llegada o de su salida. Solo un breve gesto a los periodistas que aguardaban a la salida, acompañado de las palabras: “He dicho la verdad”.
La instrucción continúa. En las próximas semanas podrían producirse nuevas citaciones, periciales informáticas o incluso imputaciones adicionales. Lo que comenzó como una nota interna sobre una agresión sexual se ha convertido en un espejo incómodo para el PP madrileño y para una ciudad que, más de dos años después, todavía busca respuestas sobre quién filtró qué y con qué intención.
ALCALÁ HOY seguirá informando de cada paso de esta historia que mezcla seguridad, migración y poder. Porque en Alcalá, la verdad sobre aquella nota sigue pendiente de sentencia.
Esta información se basa en las crónicas publicadas por eldiario.es, EL PAÍS y Europa Press tras la comparecencia judicial del 15 de abril de 2026… A la hora de la comparecencia este medio se encontraba «con el agua al cuello»
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