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El PSOE-M designa una gestora para la agrupación de Alcalá tras la dimisión de Rodríguez Palacios
Diez días después de la dimisión del hasta entonces secretario general del PSOE de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, la dirección regional del partido ha comunicado oficialmente a la militancia la constitución de una Comisión Gestora que asumirá las riendas de la agrupación local mientras se reorganiza su dirección política.
Según el escrito remitido a los militantes por la secretaria de Organización del PSOE-M, Pilar Sánchez, la dimisión formal presentada el pasado 21 de febrero activa los artículos 242 y 244 del Reglamento Federal de desarrollo de los Estatutos, lo que conlleva la suspensión de funciones de la ejecutiva local y la designación de un órgano provisional que conduzca el proceso interno hasta la elección de una nueva dirección.
La gestora estará presidida por Cristina González Álvarez, actual secretaria de Política Municipal del PSOE de Madrid, e integrada además por Ángel Viveros Gutiérrez, alcalde de Coslada; Laura Abella Martín, secretaria de Movimientos Sociales del PSOE-M; Santiago Alonso Alonso, secretario general de Juventudes Socialistas de Alcalá; y Diana Díaz del Pozo, concejala del Grupo Socialista en el Ayuntamiento complutense.
Diez días para activar la intervención regional
La constitución de la gestora llega tras una de las mayores crisis orgánicas vividas por el socialismo complutense en los últimos años. El detonante se produjo el 17 de febrero, cuando el entonces secretario general promovió un expediente disciplinario contra el secretario de Organización de la agrupación, Enrique Nogués, a raíz de la difusión de una fotografía tomada en un contexto festivo hace aproximadamente catorce años.
La decisión abrió una profunda fractura interna que desembocó en una recogida de firmas contra el liderazgo de Rodríguez Palacios y en un deterioro acelerado de su posición orgánica. Finalmente, el dirigente socialista optó por presentar su dimisión como secretario general, manteniendo no obstante sus cargos institucionales como portavoz municipal y diputado en el Congreso.
Diez días después de aquella renuncia, la dirección regional ha formalizado el relevo temporal mediante esta gestora.
Una gestora que arranca con cautela… y una excepción sonora
La composición del órgano provisional ha sido recibida con atención en los círculos internos del partido. En términos generales, distintas voces de la agrupación coinciden en señalar la conveniencia de conceder un margen de confianza a la gestora en su conjunto para encauzar la actual situación y preparar el proceso de reorganización interna.
Sin embargo, la inclusión de Diana Díaz del Pozo, concejala del grupo municipal socialista, ha generado una reacción distinta entre parte de la militancia. Díaz del Pozo ha sido en las últimas semanas una de las dirigentes más activas en la defensa de las posiciones del hasta ahora secretario general, Javier Rodríguez Palacios, impulsando incluso recogidas de firmas en su apoyo en pleno desarrollo de la crisis interna.
Ese posicionamiento previo ha hecho que su presencia en el órgano provisional sea observada con especial atención por quienes esperaban una gestora con perfiles estrictamente orientados a la neutralidad en un momento especialmente delicado para la agrupación.
El resto de miembros procede fundamentalmente de la estructura regional del partido o de su entorno institucional, lo que refuerza la impresión de una intervención directa del PSOE-M para pilotar la transición de la agrupación complutense tras la crisis desencadenada en febrero.
El expediente a Nogués sigue marcando el pulso interno
Junto a la constitución de la gestora, otra de las incógnitas pendientes sigue siendo la resolución del expediente disciplinario abierto contra Enrique Nogués, cuya tramitación continúa en los órganos del partido.
Diversas voces internas consideran que este asunto debería resolverse cuanto antes para evitar que se prolonguen las tensiones en una agrupación que ya atraviesa uno de los momentos más convulsos de los últimos años.
De hecho, en los últimos días esa tensión interna ha comenzado a trasladarse también al pleno municipal, con visibles tiranteces dentro de la bancada socialista y con alusiones directas por parte del Gobierno municipal a la crisis del PSOE local, como este medio ha venido relatando en sus crónicas de las últimas sesiones plenarias.
La función de la gestora será dirigir temporalmente la organización local y preparar el proceso que deberá culminar con la elección de una nueva dirección política. Según establecen los estatutos del partido, este tipo de órganos provisionales tienen como objetivo restablecer la normalidad orgánica y garantizar el funcionamiento interno de la agrupación hasta la convocatoria de los correspondientes procesos internos.
En el caso de Alcalá, la tarea no será menor. La crisis abierta por el expediente a Nogués, la posterior dimisión de Rodríguez Palacios y el debate sobre el futuro liderazgo del partido en la ciudad han dejado al socialismo complutense en una fase de transición que, previsiblemente, desembocará en nuevas primarias para definir su proyecto político de cara a los próximos ciclos electorales.
Mientras tanto, la nueva gestora deberá gestionar un delicado equilibrio entre las distintas sensibilidades de la agrupación, en un escenario en el que el debate entre continuidad y renovación sigue muy presente entre la militancia.
El reloj electoral ya corre
Más allá de la composición concreta del órgano provisional, la creación de la gestora abre también un debate sobre los tiempos políticos. A quince meses de las próximas elecciones municipales, el calendario juega en contra de cualquier prolongación innecesaria de la interinidad orgánica. Alcalá de Henares es una agrupación con peso político e institucional suficiente para abordar sus propios procesos internos sin prolongar en exceso una tutela externa.
En ese contexto, diversas voces dentro del socialismo complutense consideran que cuanto antes se cierre esta etapa provisional, mejor para el propio partido y para la claridad del debate político local. Los estatutos contemplan un plazo máximo de noventa días para el funcionamiento de una comisión gestora, pero la percepción extendida es que no existe ningún beneficio político, ni para el PSOE ni para la ciudad, en agotar ese límite si las condiciones permiten convocar antes el proceso interno que devuelva la normalidad orgánica a la agrupación.
El tiempo, en política municipal, nunca es un factor menor. Y en Alcalá, donde el horizonte electoral empieza a asomar ya en el calendario, cada semana cuenta.
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Lo que está claro es que lo único que tiene que hacer la gestora es convocar elecciones a SG y comité y cuánto antes mejor. Corregir el vacio de direccion de la agrupación que ha provocado JRP con su dimisión.
No son un tribunal para buscar buenos y malos y no deberían alargar el proceso.