- La indemnización millonaria evita el juicio, pero deja en el aire responsabilidades políticas, dudas sobre la gestión y posibles consecuencias económicas.
La gestión del Cementerio Jardín de Alcalá de Henares ha saltado al foco mediático nacional por un caso que mezcla presunto nepotismo, represalias laborales y una indemnización millonaria que evita, por ahora, el escrutinio judicial. La aseguradora Mapfre ha acordado pagar 1,15 millones de euros a un alto directivo despedido tras denunciar irregularidades internas, en concreto la contratación y promoción del hijo de un consejero de la compañía en la sociedad mixta Cementerio Jardín de Alcalá de Henares, S.A. El acuerdo se cerró minutos antes del juicio previsto el pasado 10 de abril en Madrid, desactivando una vista que prometía poner negro sobre blanco documentos y decisiones incómodas.
El caso, adelantado por El País y replicado por otros medios nacionales, se remonta a octubre de 2020, en plena pandemia. En ese momento, la empresa incorporó como adjunto a gerencia a Luis Marco Sepúlveda, de 25 años, hijo de un consejero de Mapfre. Con un salario inicial cercano a los 32.000 euros brutos anuales, su carrera dentro de la entidad experimentó una aceleración llamativa: en apenas un año ascendió a director gerente tras un proceso selectivo en el que fue el único candidato. Su retribución, además, se duplicó.
Quien levantó la voz fue un veterano abogado de la aseguradora, con más de tres décadas de trayectoria y secretario del consejo de administración de la propia sociedad mixta. Tras solicitar documentación interna y apoyarse en la política anticorrupción de la empresa, formalizó una denuncia en enero de 2025 a través del canal de informantes protegidos. La respuesta, según su versión, fue fulminante: suspensión inmediata y despido disciplinario apenas un mes después. El trabajador acudió a los tribunales alegando represalia prohibida por la Ley 2/2023 de protección de informantes, la conocida normativa de “whistleblowers” que transpone una directiva europea.
La resolución judicial nunca llegó a producirse. Minutos antes de la vista, Mapfre optó por un acuerdo extrajudicial que incluye una indemnización de 1.150.000 euros, una cifra que supera ampliamente los estándares habituales en conflictos laborales y que, en la práctica, evita que el caso se dirima públicamente en sede judicial. La compañía sostiene que el despido no guarda relación con la denuncia y defiende sus mecanismos internos de control, pero la cuantía del acuerdo ha disparado las preguntas.
Una sociedad mixta bajo la lupa
El elemento que convierte este caso en algo más que un conflicto interno de empresa es la naturaleza de la entidad afectada. Cementerio Jardín de Alcalá de Henares, S.A. es una sociedad mixta participada en un 51% por el Ayuntamiento de la ciudad y en un 49% por una filial de Mapfre, históricamente vinculada a Funespaña. Se trata, por tanto, de una empresa que gestiona un servicio público esencial con participación mayoritaria municipal.
Esa condición implica obligaciones reforzadas en materia de transparencia, mérito y concurrencia en la contratación, muy por encima de los estándares de una empresa puramente privada. Y ahí es donde el caso abre una grieta evidente: si se confirma que el proceso de selección del gerente fue “a medida”, como sostiene el denunciante, estaríamos ante una posible vulneración de los principios básicos que deben regir este tipo de entidades.
La responsabilidad, además, no es unívoca. Por un lado, la parte privada, Mapfre, asumía la gestión operativa y, por tanto, las decisiones de contratación. Por otro, el Ayuntamiento de Alcalá, como socio mayoritario, tiene la obligación de supervisar y garantizar el buen uso de recursos públicos. El actual equipo de gobierno del Partido Popular ha apuntado hacia el anterior Ejecutivo socialista, en cuyo mandato se produjeron los hechos. El exalcalde Javier Rodríguez Palacios ha defendido que los nombramientos procedían de la parte privada y que el Ayuntamiento se limitaba a su función en el consejo de administración.
Sin embargo, esa explicación deja una pregunta en el aire: ¿puede el socio mayoritario de una sociedad pública limitarse a “tomar nota” de decisiones clave sin ejercer un control efectivo? La cuestión no es menor, porque afecta directamente a la gobernanza de las sociedades mixtas, un modelo habitual en la gestión de servicios municipales.
El testimonio de Suárez Machota: “una guerra interna y decisiones inexplicables”
A la dimensión mediática del caso se suma ahora un elemento local de peso: el testimonio del abogado Luis Suárez Machota, socio de SBO Abogados y conocedor directo de la historia de la sociedad. En conversación con este medio, Suárez Machota describe una etapa anterior marcada por tensiones internas y decisiones que, a su juicio, condicionan el presente.
Según relata, durante su implicación en la entidad mantuvo una “guerra” con Funespaña que se tradujo en largos consejos de administración, de hasta cinco o seis horas, y en decisiones relevantes: la salida del gerente, del auditor de cuentas y la exigencia de una ampliación de capital que obligó a la parte privada a aportar su 49%. “Me peleé mucho para ordenar aquello”, resume.
Su relato incorpora, además, elementos especialmente sensibles. Tras su salida para asumir responsabilidades políticas, asegura que los consejeros, de distintos partidos, comenzaron a percibir dietas y que se adoptó una decisión que califica de “bochornosa”: la prórroga del contrato con Funespaña de 50 a 90 años. “¿Por qué y para qué?”, se pregunta, dejando entrever dudas sobre la justificación de una medida de ese calado.
Otro de los puntos que menciona es la existencia de un informe pericial, elaborado para reclamar a la concesionaria unos 100 millones de pesetas por defectos de construcción, que nunca se llegó a utilizar. “Se olvidaron de él. Nunca lo han continuado”, afirma. En su etapa, añade, también se amplió el número de salas del cementerio, en una línea de mejora de las instalaciones.
La reacción de Suárez Machota ante el caso actual es tan directa como contundente: considera que la indemnización pagada por Mapfre sugiere que el denunciante “tendrá plena razón” y se pregunta quién asumirá el coste económico y sus consecuencias. “¿Quién ha puesto la pasta? ¿Funespaña o Cementerio Jardín? ¿En qué repercutirá?”, plantea, abriendo un frente clave: si la indemnización tiene algún impacto en la sociedad mixta, podría afectar indirectamente a las cuentas públicas.
¿Un caso de administración desleal?
Las preguntas no se quedan ahí. El abogado introduce un concepto jurídico de gran calado: la posible existencia de un delito de administración desleal. Se trata de una figura que castiga a quienes, teniendo responsabilidades de gestión, causan un perjuicio económico a la entidad que administran mediante decisiones contrarias a su interés.
Aplicado a este caso, el planteamiento es claro: si determinadas decisiones, ya sea en materia de contratación, prórrogas contractuales o gestión de recursos, han perjudicado a la sociedad mixta, cabría analizar si se han vulnerado los deberes de diligencia de sus administradores. No es una afirmación cerrada, pero sí una hipótesis que introduce un nivel de gravedad adicional al debate.
En paralelo, la figura del denunciante emerge como uno de los ejes del caso. Más allá del resultado económico, su actuación pone a prueba la eficacia real de la Ley 2/2023. El hecho de que haya obtenido una indemnización significativa refuerza la idea de que el sistema de protección de informantes puede funcionar, aunque el coste personal, según ha trascendido, haya sido elevado, con impacto en su salud física y psicológica.
El caso también deja en una posición incómoda a todos los actores implicados. Mapfre, por la gestión del conflicto y el pago millonario; el Ayuntamiento, por su papel de control; y la propia sociedad mixta, cuya reputación queda inevitablemente afectada. Mientras tanto, el actual gerente, protagonista indirecto de la polémica, continúa en el cargo sin que haya realizado declaraciones públicas.
El debate, lejos de cerrarse con el acuerdo extrajudicial, se abre ahora en el terreno político y social. ¿Se revisarán los procesos de contratación en la sociedad mixta? ¿Se exigirán responsabilidades internas? ¿Se investigará el posible impacto económico de la indemnización? ¿Se reforzarán los mecanismos de control municipal? Son preguntas que, a día de hoy, siguen sin respuesta.
Porque, al final, el asunto trasciende nombres y cifras. Tiene que ver con algo mucho más básico: la confianza de los vecinos en que un servicio público esencial, como el cementerio municipal, se gestione con criterios de transparencia, mérito y responsabilidad. Y esa confianza, una vez erosionada, no se recompone con un cheque de 1,15 millones de euros. Se reconstruye con explicaciones claras y decisiones valientes.
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