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La comunidad ucraniana marchó hasta Cervantes para exigir retorno infantil, acompañada por vecinos y concejales en el aniversario de la invasión.
- Cronica gráfica remitida por la Asociaciación de Ucranianos de Alcalá
El 24 de febrero de 2026, coincidiendo con el cuarto aniversario de la invasión rusa a gran escala de Ucrania, la comunidad ucraniana de Alcalá de Henares volvió a ocupar el espacio público con una movilización cargada de memoria y denuncia. La marcha, convocada por la Asociación de Ucranianos de Alcalá, partió alrededor de las 20:00 horas desde la parroquia de Nuestra Señora de Belén y concluyó en la plaza de Cervantes, donde se leyó un manifiesto centrado en una de las heridas más profundas del conflicto: la deportación forzada de niños ucranianos a Rusia y a territorios ocupados.
La convocatoria, aunque de participación contenida, tuvo un tono firme y emotivo. Familias, vecinos y miembros de la comunidad ucraniana recorrieron el eje urbano del casco histórico con banderas azul y amarilla, velas y pancartas con el lema internacional Bring Kids Back UA. El mensaje fue inequívoco: exigir el regreso inmediato de los menores trasladados y recordar que, cuatro años después del inicio de la guerra, la tragedia humanitaria continúa. “Aunque fuimos pocos, nuestra voz sonó fuerte”, resumiría después el presidente de la asociación, Andriy Modrystskyy.
La ciudad acompañó el gesto. A la marcha asistieron la concejala Esther de Andrés, el concejal Antonio Saldaña, así como el edil socialista Alberto González, en una presencia institucional que quiso subrayar la solidaridad de Alcalá con una comunidad que ronda las 1.500 personas residentes en la ciudad. El acto contó también con el reconocimiento explícito de la asociación al Ayuntamiento de Alcalá de Henares y a la Embajada de Ucrania en España por su acompañamiento en una fecha especialmente dolorosa para el pueblo ucraniano.
Una herida infantil que el mundo no puede normalizar
La movilización puso el foco en la situación de los menores ucranianos deportados o desplazados forzosamente desde zonas ocupadas hacia Rusia o Bielorrusia, una práctica que Ucrania y numerosos organismos internacionales califican como crimen de guerra. Según datos oficiales ucranianos actualizados a febrero de 2026, alrededor de 20.000 niños han sido registrados como deportados o trasladados forzosamente desde el inicio de la invasión a gran escala. De ellos, solo unos 2.000 han podido ser repatriados hasta ahora, pese a los esfuerzos diplomáticos y humanitarios.
Diversas investigaciones independientes elevan la magnitud del problema. Informes como los del Laboratorio de Investigación Humanitaria de Yale apuntan a que el número real podría ser mayor y que los traslados continúan. Los testimonios y documentación recopilados describen patrones reiterados: cambios de identidad civil, imposición de ciudadanía rusa, adopciones en familias rusas, estancias en campamentos de “reeducación” con contenidos ideológicos y, en algunos casos, integración en programas de preparación militar para adolescentes.
La gravedad de estos hechos ha sido reconocida en el ámbito judicial internacional. En marzo de 2023, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el presidente ruso Vladímir Putin y la comisionada para los Derechos del Niño, Maria Lvova-Belova, por la deportación ilegal de menores ucranianos. Para la comunidad ucraniana en el exterior, la cuestión infantil simboliza la dimensión más devastadora de la guerra: la ruptura deliberada de la identidad, la familia y el futuro de una generación.
Una ola global de movilización por el retorno
La marcha de Alcalá se enmarcó en una movilización internacional coordinada en el cuarto aniversario de la invasión, con más de mil actos en seis continentes impulsados por instituciones ucranianas y organizaciones de la sociedad civil bajo el lema #BringKidsBackUA. La iniciativa, respaldada por el Gobierno de Ucrania y por coaliciones humanitarias, pretende mantener la presión internacional para lograr retornos seguros e incondicionales y evitar que la cuestión de los menores quede diluida en la prolongación del conflicto.
El Parlamento Europeo ha reiterado esta preocupación en resoluciones recientes, como la adoptada en mayo de 2025, donde condena las deportaciones como parte de una política de asimilación forzosa y reclama su inclusión prioritaria en cualquier proceso de paz. Naciones Unidas y diversas agencias internacionales también han pedido acceso a los menores trasladados y garantías para su retorno, subrayando el derecho de los niños a preservar su identidad, su familia y su nacionalidad.
En España, la causa tiene una resonancia particular. Más de 264.000 personas procedentes de Ucrania han recibido protección temporal desde 2022, cerca de un 30% de ellas menores. La diáspora ucraniana, muy activa en ciudades como Madrid o Alcalá de Henares, mantiene redes de apoyo, memoria y denuncia que conectan la experiencia del exilio con la situación de quienes permanecen en territorios ocupados o bajo control ruso.
Alcalá, ciudad de acogida y memoria
La movilización del 24 de febrero volvió a evidenciar el papel de Alcalá de Henares como ciudad de acogida para población ucraniana desde el inicio de la guerra. En estos cuatro años, la comunidad local ha tejido vínculos con asociaciones, centros educativos, parroquias e instituciones municipales que han facilitado la integración de familias desplazadas. La parroquia de Nuestra Señora de Belén, punto de partida de la marcha, se ha convertido en uno de los espacios de encuentro y apoyo de esta comunidad.
El recorrido hasta la plaza de Cervantes tuvo un carácter simbólico: desde un espacio de acogida cotidiana hasta el corazón cívico de la ciudad. Allí, ante el Ayuntamiento y el patrimonio histórico complutense, la asociación quiso situar la denuncia en un plano universal: el de los derechos humanos vulnerados y la necesidad de justicia internacional. Los participantes leyeron mensajes de memoria, dolor y resistencia, insistiendo en que el paso del tiempo no puede erosionar la atención sobre la guerra ni sobre sus víctimas más vulnerables.
El presidente de la asociación, Andriy Modrystskyy, agradeció la presencia institucional y ciudadana en una fecha “tan dura” para su pueblo y reiteró el compromiso de la comunidad ucraniana de Alcalá de seguir recordando al mundo que la guerra continúa. “Seguimos unidos. Seguimos firmes. Seguimos recordando que Ucrania necesita apoyo”, expresó, en palabras que condensaban el sentido del acto.
La movilización concluyó en silencio, con velas encendidas y banderas ucranianas frente al Ayuntamiento, en un gesto de duelo y esperanza. No fue una concentración multitudinaria, pero sí significativa: la expresión de una memoria persistente en una ciudad que ha hecho suya, en parte, la historia reciente de Ucrania.
Cuatro años después del inicio de la invasión a gran escala, la comunidad ucraniana de Alcalá quiso recordar que detrás de cada cifra hay una infancia interrumpida y una familia separada. La causa de los niños deportados continúa siendo una prioridad humanitaria global y un símbolo de la devastación que la guerra provoca en las generaciones futuras. En la plaza de Cervantes, el mensaje quedó claro: que la distancia geográfica no diluye la responsabilidad moral, y que la voz de quienes reclaman el regreso de los menores sigue viva, firme y necesaria.
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