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Las profesionales denuncian precariedad, ratios excesivas y falta de inversión mientras reclaman soluciones urgentes para asegurar una educación infantil pública de calidad.
La llamada ‘marea amarilla’ ya es una realidad en Alcalá de Henares. Las educadoras y educadores de las escuelas infantiles de 0 a 3 años han iniciado una huelga indefinida que, más allá de una reivindicación laboral, se presenta como un grito colectivo en defensa de la calidad educativa, del bienestar de la infancia y de un modelo que consideran al borde del colapso. El conflicto, lejos de ser puntual, evidencia un malestar acumulado durante años que ahora emerge con fuerza en las calles.
Quienes sostienen esta etapa clave del sistema educativo denuncian condiciones que califican de precarias e incompatibles con la responsabilidad que asumen a diario. Salarios que apenas alcanzan el mínimo interprofesional, ratios elevadas —una educadora para ocho bebés, catorce niños de uno a dos años o veinte en el tramo de dos a tres— y una creciente complejidad en las aulas, con presencia de menores con necesidades educativas especiales, dibujan un escenario que, según el colectivo, sitúa a España a la cola de Europa. No se trata, insisten, de un problema sectorial, sino de una cuestión estructural que afecta al conjunto de la sociedad.
Ratios al límite y una normativa que se queda atrás
El contraste con otros municipios de la Comunidad de Madrid añade más leña al fuego. Mientras en la capital se han implementado mejoras como la figura de la pareja educativa, en Alcalá las profesionales aseguran seguir sujetas a una normativa obsoleta. La pregunta que lanzan es directa: ¿cómo es posible que bajo administraciones del mismo signo político existan diferencias tan marcadas en derechos y condiciones laborales?
A esta situación se suma la incertidumbre sobre el futuro inmediato. La falta de información por parte del Ayuntamiento en relación con los nuevos pliegos de las escuelas infantiles de gestión indirecta genera inquietud tanto entre las trabajadoras como entre las familias. Mientras otros municipios avanzan en procesos de licitación que permitirán aplicar mejoras salariales, en Alcalá el silencio administrativo alimenta la sensación de abandono.
Centros sin climatización y un mantenimiento en entredicho
El deterioro de las condiciones materiales de los centros es otro de los pilares de la protesta. Las escuelas infantiles municipales, denuncian, carecen de climatización, lo que provoca que en verano las aulas superen los 30 grados con bebés en su interior. Las soluciones adoptadas hasta ahora, como la instalación de ventiladores, resultan claramente insuficientes para un servicio público de estas características.
Pero el problema va más allá del calor. Filtraciones en los tejados, goteras que obligan a colocar cubos en las aulas, puertas deterioradas y patios en mal estado configuran una imagen que el colectivo considera impropia de un entorno educativo, y más aún tratándose de la primera infancia. La falta de toldos en ventanas y espacios exteriores limita además el uso de los patios durante buena parte del año, reduciendo las posibilidades de desarrollo y juego de los menores.
Con este panorama, las educadoras y educadores han decidido dar un paso al frente. Su reivindicación, explican, no es solo por dignidad laboral, sino también por la calidad del servicio que reciben los niños y niñas. Un llamamiento que extienden tanto a la ciudadanía como a los responsables políticos, a quienes piden respuestas, diálogo y medidas concretas. Porque, como subrayan, no puede haber educación de calidad sin condiciones dignas para quienes la hacen posible.
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