PERDIDOS EN EL RELATO | Por Santiago López Legarda

• En un decreto ómnibus cabe de todo, como en una columna del inolvidable Francisco Umbral o en un botillo berciano.

Si a un español del siglo XIX, o incluso del XX, le dijeran de pronto que en el Congreso de los Diputados ha sido rechazado un decreto ómnibus, seguramente pensaría que se trataba de algún desencuentro sobre medios de transporte. Pero no, el decreto ómnibus (hay que agradecer  a la  prensa que, al menos, haya dado con un nombre de cierta elegancia literaria o poética) es un producto de la muy peculiar técnica legislativa que impera actualmente en España. Una técnica criticada y rechazada en repetidas ocasiones por el Tribunal Constitucional. Una técnica cuya cualidad distintiva es la tendencia a mezclar churras con merinas.

En un decreto ómnibus cabe de todo, como en una columna del inolvidable Francisco Umbral o en un botillo berciano. Y debemos estar agradecidos de que no se le haya puesto el nombre del famoso embutido, sabrosísimo sin duda ninguna, pero sospechoso siempre de provocar digestiones demasiado arduas.

El Gobierno se presentó ante la Cámara Baja con un texto casi inabarcable, de más de cien artículos, en el que se incluían cosas como la subida de las pensiones, las subvenciones al transporte público, las ayudas a los damnificados por las inundaciones de Valencia y el volcán de La Palma, la prórroga de las ayudas a las familias vulnerables, las entregas a cuenta a las Comunidades Autónomas, las deducciones fiscales a los vehículos eléctricos y, oh casualidad, la devolución al PNV de un edificio histórico en París, hoy sede del Instituto Cervantes, que en su día les fue incautado a los nacionalistas vascos por la Gestapo, con la colaboración de la dictadura franquista.

El decreto era un batiburrillo, pero no dejaba de tener cierta coherencia, puesto que casi en su totalidad estaba compuesto por partes de eso que se ha dado en llamar el escudo social. Era un decreto de gran contenido social, con impacto directo en los bolsillos de millones de ciudadanos. Y si la política española estuviera hoy presidida por la racionalidad y la mesura, lo más lógico habría sido que la derecha votara a favor o se abstuviera en atención a esos innumerables aspectos de gran interés social. Y también sería lógico pensar que un partido como Junts, independentista nada menos, debería haber votado a favor, aunque solo fuera por aprobar la restitución al PNV de un patrimonio histórico expoliado. Pero la racionalidad y la mesura han desaparecido de nuestra escena y aquí todo el mundo va a pisarle los callos a todo el mundo, mientras millones de ciudadanos, atónitos, puede que acabemos pagando los platos rotos de este aquelarre.

El Partido Popular parece estar muy seguro de sus argumentos, puesto que ha corrido el riesgo de agraviar a una gran parte de la ciudadanía con tal de desgastar en el Parlamento al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Pero al Presidente del Consejo y a sus ministros parece que también les va la marcha de la confrontación, puesto que prefirieron defender un decreto chapuza, sabiendo además que podía ser tumbado, en lugar de elaborar un decreto para cada cosa. Y de ese modo les sirvieron a los populares la excusa perfecta en bandeja de plata. ¿Qué sentido tiene meter en el mismo saco la actualización de las pensiones, la devolución de un edificio histórico al PNV y las ayudas al coche eléctrico? Y hacerlo además sin una negociación previa para asegurarse los votos necesarios.

Así que fue terminarse la batalla de la votación en el Congreso y comenzar la batalla, una nueva batalla, del relato: a ver quién queda peor ante la opinión pública, a ver  quién consigue arrimar un poco más el ascua a su sardina. Y en esa batalla estamos perdidos. Pedro Sánchez y los suyos han insistido en el dolor social  que causa la derecha que tenemos; y podrían llegar al extremo de consentir que las pensiones retrocedan en febrero a la cuantía que tenían en diciembre para dejar bien palpable la maldad intrínseca del PP. Pero no olvidemos que la revisión de las pensiones es un mandato legal que debe cumplirse y que si no se cumple la Administración podría ser llevaba a los tribunales. Y quien dirige la Administración y tiene toda la responsabilidad de que se cumplan las leyes es hoy por hoy el Gobierno que preside Pedro Sánchez.

Así que yo me atrevería a pronosticar que, al menos en el asunto de las pensiones, habrá una solución para que las nóminas de febrero sean iguales que las de enero. Y si no la hubiera, habrá un anuncio a bombo y platillo de que se cobrarán los atrasos correspondientes, como pasa muchas veces con los convenios. Los populares tendrían en ese caso nuevas y magníficas excusas para seguir insistiendo en que España no puede ir bien con un Gobierno de inútiles que ya deberían haber tirado la toalla hace mucho tiempo. Y mientras tanto seguirá creciendo el número de los que piensan que la democracia es inservible para resolver los problemas y mejorar la vida de los ciudadanos. Ojo al dato.

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