La cultura alcalaína bajo la alfombra / Por Javier Bardón

• Javier Bardón denuncia trabas a iniciativas culturales y reclama criterios transparentes para garantizar el acceso igualitario a espacios públicos.

Si no lo veo, no existe. Esa lógica que aplican los niños cuando se tapan los ojos para no ver al monstruo parece ser la misma que siguen nuestros próceres locales con aquellas actividades culturales que no son de su agrado.

Yo debí de ser ese monstruo aterrador cuando se me ocurrió la feliz idea de presentar en Alcalá el libro Republicanas, una estupenda biografía de las nueve únicas mujeres congresistas durante la Segunda República. Desde el Ayuntamiento se taparon los ojos e hicieron como que no me veían. Poco importó que el autor fuera un historiador y periodista de primerísimo nivel, con más de treinta años de experiencia y una biografía de Azaña a sus espaldas; tampoco que las historias de esas pioneras, a las que tanto debemos, hayan sido silenciadas —con alguna excepción— durante décadas. Por lo visto es mejor que sigan sepultadas, como tantas otras desmemorias, bajo el manto de silencio que impuso primero la dictadura y luego la transición.

Imbuido de la fe del creyente en la causa, escribí a la concejalía de Cultura y les propuse un par de fechas para la presentación del libro, indicando que eran meramente orientativas. La respuesta fue tan breve como esclarecedora: el salón de actos estaba ocupado. Ninguna alternativa, ninguna explicación adicional. Simplemente me remitieron a un enlace genérico del Ayuntamiento para solicitar otro espacio.

En mi inocente empeño, desestimé la vía telemática y decidí intentarlo en la concejalía de Educación. Me parecía un lugar razonable para presentar el libro: al fin y al cabo, casi todas aquellas mujeres, antes de llegar al Congreso, habían dedicado buena parte de su vida a la enseñanza.

Una amable funcionaria me ayudó a completar el formulario para solicitar el pequeño espacio con el que cuentan y me dijo —lo juro— que no pensaba que hubiera ningún problema, que lo hablaría con la concejala y me contestarían por correo electrónico en un plazo de dos o tres días. A la semana siguiente, le escribí para ver si habían tomado ya una decisión. Otra vez agua. Bueno, a decir verdad, ni agua ni enlace genérico ni siquiera respuesta.

Ese silencio administrativo podría pasar como mera negligencia, de no ser porque los casos se acumulan. Llámenme malpensado, pero ante tanta reiteración uno termina desconfiando. No todo va a ser achacable a la desidia funcionarial.

Algo parecido sucedió también con el decimoquinto aniversario del 15M, para el que se solicitó la explanada de la Capilla del Oidor, por haber sido el epicentro de aquel movimiento que removió los cimientos del bipartidismo. Tampoco esta vez se concedió el espacio, y el acto se celebró en otra plaza de menor visibilidad. La del Oidor quedó desierta, sin rastro del supuesto impedimento que había justificado la negativa, pasto de unos niños en triciclo.

No son los únicos ejemplos; varios colectivos se vienen quejando de esa forma sutil de censura que se ejerce más por omisión que por prohibición expresa, que retrasa, obstaculiza y termina expulsando del espacio público aquellas expresiones culturales que resultan incómodas para quien tiene el poder de decidir. Pasó con el grupo de escritores y artistas locales representados en la Mesa de Diálogo para la Cultura, pasó con La Locandiera, con la asociación para la recuperación de la memoria histórica, con Alcalá es Música. ¿Casualidad? Júzguenlo ustedes por sí mismos.

Matías Escalera ya denunció este asunto hace unos meses en estas mismas páginas. Recuerdo que dejé un comentario en aquella noticia, al que el concejal de Cultura tuvo a bien responder. Su argumento era sencillo: ¿de qué podía quejarme yo, si a mí se me había permitido presentar mi última novela en Santa María la Rica?

La respuesta me pareció muy reveladora de las lógicas desde las que se opera. No se informa de la disponibilidad del espacio, ni se entra a valorar la adecuación del evento, su relevancia o la pluralidad que pueda suponer para la ciudadanía. Todo parece más bien una cuestión discrecional, de favores. Como si el acceso a los espacios públicos dependiera de la gracia del concejal de turno y no fuera un derecho de la ciudadanía que sostiene esos espacios —y a esos concejales— con sus impuestos.

La cultura no desaparece por esconderla debajo de la alfombra. Los libros, los colectivos y las ideas que algunos preferirían no ver siguen ahí. Y cuando una institución decide qué expresiones merecen ocupar el espacio público y cuáles quedar relegadas a los márgenes, sin reglas transparentes y conocidas por todos, la frontera entre lo que es gestión cultural y lo que es censura se vuelve peligrosamente difusa

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