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l nuevo ciclo musical municipal sale adelante entre críticas por su origen, dudas sobre su gestión y un debate de fondo sobre el modelo cultural.
La escena musical complutense, esa que durante años ha sobrevivido entre salas escasas, festivales intermitentes y mucha autogestión, aterrizó esta semana en el Salón de Plenos con más ruido del habitual. No hubo guitarras ni amplificadores, pero sí un debate intenso, por momentos agrio, sobre el futuro de la programación musical en la ciudad. El resultado es ya conocido: el proyecto municipal “Alcalá Jam Session” salió adelante con los votos de PP y VOX, desestimando las enmiendas de la oposición. Habrá ciclo en Gilitos. La pregunta es otra: qué modelo cultural se abre paso con él.
Porque lo que se discutía no era solo un programa de conciertos, sino algo más profundo: quién diseña la cultura local, cómo se gestiona y hasta qué punto las instituciones pueden, o deben, apropiarse de iniciativas nacidas desde el tejido asociativo. Y ahí, más allá del titular fácil, es donde se sitúa el verdadero conflicto que dejó el Pleno.
De un proyecto compartido a una propuesta municipal
El punto de partida es relativamente claro. Varias asociaciones musicales de la ciudad, Alcalá es Música, Complutum Club, Diablo Club, Holy Youth, La Rubia Producciones y las peñas, habían trabajado en un borrador de proyecto conjunto para dinamizar el Centro Cultural Gilitos. Aquel documento planteaba un ciclo periódico de actividades con conciertos, talleres, mercadillos y una dimensión solidaria articulada a través de las peñas. El espíritu era reconocible: colaboración, reparto de responsabilidades y una gestión compartida entre entidades.
Meses después, el equipo de Gobierno llevó al Pleno una moción para crear el ciclo “Alcalá Jam Session”. Y es ahí donde saltó la chispa. Porque, como expuso el presidente de Alcalá es Música, César Gallego, las similitudes entre ambos planteamientos son difíciles de ignorar: mismo espacio, formato periódico, combinación de actividades musicales y formativas y un enfoque centrado en músicos locales y emergentes. Su conclusión fue directa: resulta complicado no ver una apropiación del trabajo previo de las asociaciones.
Sin embargo, la intervención de Gallego no se limitó a esa idea. El núcleo de su crítica estuvo en otro concepto que resonó durante toda la sesión: la arbitrariedad. Según explicó, el proyecto municipal carece de elementos básicos que garanticen la transparencia: no hay bases definidas, ni criterios claros de selección, ni un modelo concreto de remuneración. En ese vacío, advertía, se abre la puerta a decisiones discrecionales que pueden condicionar el acceso de los músicos a la programación.
Un Pleno tenso: reproches, legalidad y “monopolios”
Su intervención terminó con una mezcla de escepticismo y deseo sincero: ojalá dentro de un año tenga que reconocer que estaba equivocado y que el ciclo funciona de manera ejemplar. Una frase que, más allá de la ironía, marcó el tono de un debate donde la desconfianza fue protagonista.
La respuesta del concejal de Cultura, Santiago Alonso, llegó con un planteamiento diferente. Su argumento se apoyó en dos pilares. El primero, de carácter legal: la imposibilidad de mantener modelos anteriores en los términos en que se venían desarrollando, debido a la normativa de contratación pública y a la existencia de marcas registradas que limitan la libre concurrencia. El segundo, más político, apuntaba a la necesidad de acabar con lo que definió como “monopolios culturales”.
Desde esa perspectiva, la Jam Session no sería una copia, sino el resultado de un proceso de escucha a múltiples actores del sector. Un proyecto que recoge propuestas surgidas en encuentros con artistas y entidades y que busca abrir la programación a un espectro más amplio de participantes a través del Directorio Artístico municipal. En palabras del concejal, se trata de garantizar que cualquier músico pueda acceder a oportunidades sin depender de estructuras previas.
El tono de su intervención, sin embargo, contribuyó a elevar la tensión. Las referencias personales al presidente de la asociación y a su trayectoria política trasladaron el debate a un terreno más áspero, en el que la confrontación superó por momentos el contenido técnico del proyecto.
Dos modelos en disputa: participación frente a control institucional
La oposición, por su parte, se movió en una posición intermedia. Tanto Más Madrid como el PSOE coincidieron en un punto esencial: el problema no es la idea, sino cómo se articula. Desde Más Madrid se denunció un patrón que consideran recurrente en la política cultural del Gobierno local: iniciativas bienintencionadas pero mal diseñadas, sin reglamentos claros ni criterios objetivos.
El PSOE fue más contundente, llegando a hablar de “vampirización” de proyectos ajenos. Su intervención introdujo además una comparación directa con el desaparecido Alcalá Suena, subrayando diferencias en escala, participación y retorno cultural. Donde antes había un festival masivo al aire libre con decenas de conciertos, ahora se plantea un ciclo más reducido en un espacio cerrado. Donde antes existía un jurado y un sistema de selección, ahora, según la crítica, no hay mecanismos definidos.
Ambos grupos coincidieron también en cuestionar el requisito de inscripción en el Directorio Artístico como puerta de acceso, al considerarlo potencialmente excluyente y poco transparente. La enmienda socialista, que buscaba introducir criterios más claros y recuperar modelos anteriores de referencia, fue finalmente rechazada.
Más allá de las posiciones políticas, el Pleno dejó al descubierto un debate de fondo que trasciende este proyecto concreto. Por un lado, un modelo asociativo basado en la colaboración, la autogestión y la experiencia acumulada del sector. Por otro, un modelo institucional que busca ordenar y centralizar la programación cultural bajo criterios administrativos y de concurrencia pública.
La tensión entre ambos no es nueva, pero en este caso se ha hecho especialmente visible. Y lo interesante es que ambos comparten un diagnóstico común: la necesidad de apoyar a los músicos locales y generar espacios donde puedan actuar. La diferencia está en el cómo, en quién toma las decisiones y en qué papel se reserva a las asociaciones en ese proceso.
Aquí es donde aparece la pregunta clave: ¿es cuestionable que un Ayuntamiento tome una idea del tejido asociativo y la convierta en un proyecto municipal? Desde un punto de vista institucional, no necesariamente. De hecho, podría interpretarse como una forma de canalizar demandas ciudadanas y convertirlas en políticas públicas.
Pero esa transformación implica decisiones que no son neutras. Cambia el modelo de gestión, redefine los equilibrios de poder y, en ocasiones, diluye el papel de quienes impulsaron la idea original. En el caso de la Jam Session, lo que parece haber ocurrido no es una copia literal, sino una apropiación política de una propuesta colectiva adaptada a un modelo más centralizado.
Aprobación y horizonte: la prueba será la ejecución
No es ilegal ni excepcional. Pero sí plantea preguntas sobre reconocimiento, participación y transparencia. Y, sobre todo, sobre la capacidad del Ayuntamiento para integrar al tejido cultural en lugar de sustituirlo.
El concepto de arbitrariedad, repetido durante el debate, se convierte así en un punto crítico. En el ámbito cultural, donde los criterios pueden ser subjetivos, la existencia de reglas claras es fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades. La ausencia de bases o procedimientos definidos no implica necesariamente un uso discrecional del poder, pero sí genera desconfianza. Y en un sector acostumbrado a la precariedad, esa desconfianza pesa.
El desenlace del Pleno cerró el capítulo político, pero abre el práctico. Con la aprobación de la moción, Alcalá tendrá su ciclo Jam Session en Gilitos. A partir de ahora, el foco se traslada a la ejecución: programación, selección de artistas, condiciones económicas y respuesta del público.
Será en ese terreno donde el proyecto se juegue su credibilidad. Si logra generar actividad, dar espacio real a los músicos locales y establecer un marco transparente, podrá consolidarse como una herramienta útil para la escena cultural de la ciudad. Si no, el conflicto que ha marcado su nacimiento no hará más que crecer.
El propio César Gallego lo resumió con una frase que quedó flotando en el ambiente del Pleno: ojalá tener que reconocer dentro de un año que el ciclo funciona y que sus críticas eran erróneas. En esa declaración hay tanto escepticismo como voluntad de que el proyecto salga bien.
Porque, en el fondo, todos los actores implicados comparten un objetivo: que la música en Alcalá tenga más espacio, más público y mejores condiciones. La cuestión es si ese objetivo se alcanzará desde la cooperación o desde la confrontación.
Lo ocurrido en el Pleno deja una conclusión difícil de esquivar: la cultura en Alcalá ha entrado de lleno en el terreno de la disputa política. Y en ese escenario, la Jam Session no es solo un ciclo de conciertos. Es también un símbolo de cómo se entiende, y se quiere gestionar, lo público. A partir de ahora, el tiempo, y no los discursos, tendrá la última palabra.
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