COLAPSO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS TRAS LA REGULARIZACIÓN MASIVA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA | Por Isabel Ruiz

• Ruiz Maldonado critica la política migratoria del Gobierno, denuncia presión sobre servicios municipales y advierte de riesgos para la seguridad jurídica.

Pedro Sánchez vuelve a poner patas arribas nuestro país. Le da igual utilizar a los ministros de “masajistas” de Begoña o irse a China a hablar, nada más y nada menos que de los derechos humanos. Tremendo.

El Gobierno de España no tiene política migratoria, no controla las fronteras, practica un relato que genera efecto llamada y después se desentiende de los problemas transfiriendo la carga a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, que se están viendo obligados a afrontar con sus recursos las consecuencias de la irresponsabilidad del Gobierno.

Las regularizaciones extraordinarias nacen para dar respuesta, en un plazo reducido, a un número elevado de situaciones administrativas irregulares, siendo mecanismos puntuales, insertos en un marco jurídico limitado y requieren especial cuidado en su aplicación. Pero el gobierno lo que ha hecho ha sido incorporar por sorpresa el certificado de vulnerabilidad, como una herramienta técnica destinada a identificar situaciones de especial fragilidad social que justifiquen su arraigo en nuestro país, pero no hay que olvidar que, dentro del marco europeo, el arraigo social es fundamental para alejar a las mafias oportunistas, y acreditar los vínculos reales del ciudadano con su municipio.

Cuando vemos largas colas ante los ayuntamientos, lo que se hace visible es algo más profundo: los Servicios Sociales necesitan tiempo para hacer bien su trabajo, para demostrar esos vínculos, algo que no se demuestra con un certificado de empadronamiento.

Los Servicios Sociales trabajan desde la escucha, la cercanía y la intervención profesional, poniendo a las personas en el centro de cada proceso. Exigir informes complejos en plazos tan ajustados genera inevitablemente retrasos, frustración y una sensación de abandono que no beneficia a nadie.

Esta regularización masiva del gobierno carece de los mecanismos de control necesarios, y vulnera los principios europeos en materia migratoria, además de contravenir los objetivos fijados en el Pacto Europeo de Migración y Asilo. Y, sobre todo, en materia de extranjería deberían de haber tramitado cualquier modificación como proyecto o proposición de ley en el Congreso de los Diputados, garantizando el debate parlamentario, la seguridad jurídica y la participación de los grupos políticos. Parecería que estamos ante la segunda amnistía de este gobierno.

Sánchez es plenamente consciente de que una concentración masiva de solicitudes en el ámbito local lo que está provocando son tensiones organizativas, listas de espera y dificultades para ofrecer una respuesta ágil, por lo que está poniendo en riesgo la seguridad jurídica y la calidad del servicio. Aun así, esa carga ha recaído, una vez más, sobre los ayuntamientos, con los que Sánchez no ha contado. El gobierno ha actuado de forma irresponsable, sin criterio y sin planificación.

Muchas de las personas que han llegado a nuestro país lo han hecho buscando algo muy concreto: seguridad jurídica, transparencia y un trato digno por parte de las instituciones. Son valores que definen a una sociedad democrática y que forman parte de nuestra mejor identidad como país. Cuando estos procedimientos de regularización se gestionan desde la improvisación o desde la demagogia, no solo se perjudica a quienes necesitan regularizar su situación. Se generan falsas expectativas, se tensionan los servicios públicos y se resiente la confianza en la administración.

La dignidad de las personas y la seguridad jurídica no pueden depender del ruido político, ni de expectativas electorales, sino de una administración preparada, coherente y con los recursos necesarios para responder bien, y respetar los derechos de todos los ciudadanos. Una buena gestión migratoria se construye con planificación, con coordinación entre administraciones y con un compromiso real con los derechos civiles.

Toda la razón para la postura de nuestra alcaldesa Judith Piquet. Es un gobierno de propaganda y es un gobierno de mentiras constantes, de división entre el pueblo español, de búsqueda de votos incluso por debajo de las lápidas y de fabricar tensiones una y otra vez.

Estamos en el mismo discurso todos los días: mintiendo una y otra vez. Se nos dijo que el centro de Atención a Inmigrantes iba a ser temporal y con una capacidad de 400 personas; hemos llegado a una capacidad de 1650, y ya han pasado por sus instalaciones más de 12.000 personas.

El gobierno de Pedro Sánchez además de retorcer la realidad, de ser corrupto y de enfrentar a los españoles, no gestiona, coloniza las instituciones del Estado y pone en peligro evidente el futuro próximo de nuestro país.

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