- Las denuncias de trabajadores del CAED reavivan la exigencia de Judith Piquet, que intensifica la presión institucional y mediática para cerrar el centro.
La controversia en torno al macrocentro de inmigrantes ubicado en el antiguo cuartel Primo de Rivera vuelve a escalar. Esta semana, el diario El Mundo recogía las quejas de trabajadores del centro por la llegada de menores a unas instalaciones diseñadas exclusivamente para adultos, además de peleas, venta de drogas y sensación de indefensión. Un testimonio que ha dado un giro al debate político en la ciudad complutense.
La alcaldesa Judith Piquet asegura que estas denuncias refuerzan lo que desde el Ayuntamiento y el Partido Popular llevan meses advirtiendo. “Lo que queda claro es que ya no es una denuncia solo de la alcaldesa o del PP, sino que lo denuncian los propios trabajadores”, señaló este lunes en Espejo Público (Antena 3).
Piquet recordó que el centro “está macrosaturado” y que “doblaba la capacidad de lo permitido”. Esa situación, dijo, “originaba problemas de convivencia entre los internos dentro del centro y fuera del mismo”. También con los vecinos, que ven cómo muchas instalaciones municipales “están saturadas” por la presión que ejerce el elevado número de residentes.
Para la regidora, lo relevante es que ahora no solo lo dice el Consistorio: “Queremos saber si es verdad que hay menores en ese centro que tendrían que estar tutelados por las comunidades autónomas y no en un centro para mayores que está saturado y viven en condiciones indignas”.
La alcaldesa insiste en que no hay un discurso ideológico detrás, sino la denuncia de una situación concreta. “No venimos con un discurso por pura ideología, venimos a denunciar la situación que está viviendo Alcalá de Henares con un macrocentro de inmigrantes impuesto por el Gobierno de Sánchez y con una inacción y caos migratorio impuesto por el Gobierno central”.
Desde Espejo Público se consultó al Ministerio de Inclusión y Migraciones, que ofreció una versión muy distinta. Según señalaron fuentes ministeriales, el sistema del centro es flexible, se adapta a las circunstancias y, en estos momentos, incluso dispone de camas libres. Eso sí, no ofrecieron un número exacto de residentes.
Una respuesta que no convence a Piquet: “No dan números exactos de nada porque no tienen ni idea. No son capaces de decir cuántas camas hay ni dónde están. Me gustaría preguntarle al Gobierno de Sánchez, a la ministra de Inmigraciones o al propio delegado del Gobierno, ese que dice que no representa a los madrileños, dónde han ido las 90 personas que han salido del centro”.
La alcaldesa recordó que desde la agresión sexual sufrida por una vecina el pasado 28 de junio “no han traído inmigrantes a ese centro”. Según sus cifras, el Gobierno ha dejado que los internos se vayan marchando sin dar explicaciones: “Donde antes teníamos 1.680, ahora tenemos 1.129”.
Contexto político y despliegue mediático
El Pleno Municipal del 15 de julio ya aprobó, con los votos de PP y VOX, la moción presentada por el Grupo Popular para reclamar al Gobierno de España el cierre inmediato del CAED. Aquella votación se produjo en paralelo a la ofensiva mediática de Piquet, que durante julio intervino en distintos programas de televisión nacionales defendiendo el mismo mensaje.
Hoy, además, la alcaldesa ha remitido una carta al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, con copia al presidente Pedro Sánchez, en la que exige de nuevo el cierre inmediato del centro. “En Alcalá de Henares no hacemos populismo ni ideología. Hablamos de seguridad, de convivencia y de dignidad para nuestros vecinos y también para las personas que llegan en condiciones indignas”, concluyó.
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