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PP y VOX aprueban la nueva estación interurbana entre críticas de PSOE y Más Madrid por ubicación, coste municipal y modelo movilidad.
[PUNTO SEIS. Dictamen de la Comisión Permanente del Área de Desarrollo Urbano relativo a la aprobación definitiva del Plan Especial de la Estación de Autobuses Interurbanos en Vía Complutense número 132.]
El viejo Parque Municipal de Servicios ya tiene destino político y urbanístico. El Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares aprobó definitivamente este martes el Plan Especial que permitirá construir la futura estación de autobuses interurbanos en el número 132 de la Vía Complutense. Un proyecto largamente anunciado por el Gobierno regional y municipal que salió adelante con los votos del bloque PP-VOX y que dejó uno de los debates más ásperos de la sesión plenaria entre Gobierno y oposición.
Porque detrás del aparcamiento de 161 plazas, las dársenas cubiertas, las salas climatizadas y las futuras lanzaderas hacia la A-2, lo que realmente se discutía era otra cosa: qué modelo de movilidad necesita una ciudad de más de 200.000 habitantes y quién paga políticamente la factura de una infraestructura que unos presentan como “histórica” y otros como una simple cochera de autobuses maquillada de intercambiador.
La concejala de Urbanismo y Movilidad, Cristina Alcañiz, defendió el expediente como una actuación “estratégica” para la ciudad y vinculó directamente el proyecto al compromiso conjunto del Ejecutivo de Judith Piquet y del Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso. Según explicó, el plan permitirá transformar una parcela municipal “hoy degradada y sin actividad” en una infraestructura moderna destinada a ordenar el transporte interurbano y regenerar toda la zona oriental de la ciudad.
El choque semántico: estación o intercambiador
Pero el debate político arrancó prácticamente desde el propio nombre del proyecto.Desde Más Madrid, Rosa Romero Escudero cuestionó que el diseño responda realmente al concepto de intercambiador intermodal prometido por la presidenta regional en campaña electoral. La portavoz insistió en que la futura infraestructura no conectará directamente con Cercanías ni con los principales nodos urbanos de transporte, criticando que se ubique “en un extremo de la ciudad” y no junto a alguna de las estaciones ferroviarias. Para la formación progresista, la actuación “no resolverá los problemas de movilidad urbana e interurbana” y obligará a muchos vecinos a atravesar Alcalá para utilizarla.
El PSOE endureció todavía más el tono. Alberto Blázquez sostuvo que el proyecto anunciado por PP y Comunidad de Madrid “no es un intercambiador nodal”, sino “una cochera o aparcadero de autobuses” que responde más a las necesidades operativas del Consorcio Regional de Transportes que a las de los alcalaínos. El portavoz socialista defendió que la ciudad sí necesita un gran intercambiador, pero conectado con las estaciones de Cercanías de Alcalá Central o La Garena y acompañado de aparcamientos disuasorios similares a los del plan AparcaT.
El grupo municipal socialista puso además el foco en el coste indirecto de la operación. Según Blázquez, la recalificación supone destinar más de 14.000 metros cuadrados de suelo municipal lucrativo a equipamiento público, lo que, según sus cálculo, implicaría una pérdida patrimonial cercana a los 11 millones de euros, a los que habría que sumar las obras de adecuación viaria y las asistencias técnicas contratadas por el Ayuntamiento. Un argumento económico que el Gobierno municipal rechazó de plano.
“El no por el no”
La respuesta de Cristina Alcañiz llegó cargada de artillería política. La edil popular reprochó a PSOE y Más Madrid haberse instalado “en el no por el no” y votar contra una infraestructura que, a su juicio, “Alcalá lleva demasiado tiempo esperando”.
La concejala insistió en que la ubicación escogida fue seleccionada tras analizar cuatro alternativas junto al Consorcio Regional de Transportes y defendió que el antiguo Parque de Servicios ofrece el mejor equilibrio entre conexión directa con la A-2, cercanía relativa a los barrios y minimización de molestias vecinales derivadas de la regulación de líneas interurbanas.
El Gobierno municipal trató además de convertir el debate técnico en un contraste político más amplio. Alcañiz llegó a recordar que el espacio “se degradó en la legislatura anterior” y contrapuso esa imagen con la de un Ejecutivo local que “transforma la ciudad con proyectos reales, útiles y pensados para los vecinos”.
En uno de los momentos más visuales del debate, la edil popular mostró incluso imágenes del futuro complejo para reivindicar que “este sí va a ser nuestro intercambiador”, en referencia implícita a proyectos anteriores nunca ejecutados.
Una infraestructura que cambia el mapa del transporte
Más allá del ruido político, el expediente aprobado definitivamente desbloquea un proyecto largamente esperado en el urbanismo complutense.
La futura estación contará con once líneas interurbanas, zonas cubiertas de espera, cafetería, taquillas, espacios climatizados, plazas adaptadas para personas con movilidad reducida y puntos de recarga eléctrica. Además, el diseño prevé reorganizar los viales colindantes y compatibilizar temporalmente el espacio con instalaciones vinculadas al Museo Arqueológico Regional.
El argumento central del Ejecutivo local es que situar el punto de regulación en el extremo oriental de la ciudad permitirá que muchas líneas sigan realizando varias paradas dentro de Alcalá antes de finalizar recorrido, evitando trasladar toda la actividad al nuevo recinto. Precisamente ahí está una de las claves técnicas y políticas del proyecto: la estación no sustituirá completamente las paradas urbanas actuales, sino que funcionará como nodo de regulación y cabecera de líneas.
Esa matización, sin embargo, no convence a la oposición, que considera que la operación responde más a criterios logísticos regionales que a una verdadera transformación del transporte metropolitano complutense.
Un debate que va más allá de los autobuses
El enfrentamiento dejó también una lectura política de fondo. El PP convirtió la aprobación en un símbolo de colaboración institucional con la Comunidad de Madrid y de capacidad ejecutiva frente a una oposición a la que acusa de bloquear cualquier gran actuación urbana. PSOE y Más Madrid, por su parte, intentaron presentar el proyecto como un ejemplo de renuncia municipal ante los intereses del Gobierno regional.
En realidad, el debate recordó mucho a otras grandes discusiones urbanísticas vividas en Alcalá durante las últimas décadas: dónde colocar las infraestructuras, quién las financia realmente y qué barrios ganan o pierden con cada decisión.
La diferencia es que esta vez el suelo ya está recalificado, el trámite urbanístico está aprobado y la batalla política entra ahora en una nueva fase: la de comprobar si la prometida estación de autobuses acaba convirtiéndose en el gran intercambiador que anuncia el Gobierno municipal… o en la “cochera premium” que denuncia la oposición.
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