- El Ayuntamiento denuncia daños durante la huelga, pero su comunicado introduce reproches ideológicos mientras miles de manifestantes se manifiestan pacíficamente en la ciudad
Hay días en los que la elección de las palabras importa tanto como los hechos que se pretende contar. Y hay comunicados institucionales cuyo momento de publicación, su titular y el énfasis elegido merecen una lectura que vaya más allá de la mera reproducción de una nota de prensa. Este miércoles 11 de noviembre, mientras miles de personas ejercían pacíficamente su derecho de manifestación por las calles de Alcalá de Henares, el Gobierno municipal de PP y Vox decidió poner el foco de su comunicación pública en los actos vandálicos registrados durante la jornada y, especialmente, en lo que denomina el «discurso populista de izquierdas».
Los incidentes denunciados por el Ayuntamiento son relevantes y deben ser conocidos. Los daños a establecimientos comerciales, la rotura de escaparates o los desperfectos en autobuses no forman parte del ejercicio legítimo del derecho de huelga. Son conductas que merecen una investigación y, cuando corresponda, la exigencia de responsabilidades. Pero una cosa es informar de esos hechos y otra convertirlos en el eje de un relato político sobre una jornada cuya imagen más significativa ha sido la de miles de personas manifestándose pacíficamente desde la estación central de Renfe hasta la Plaza de Cervantes, de la que ofreceremos una amplia crónica en las próximas horas.
La nota municipal, titulada «El Gobierno municipal condena el vandalismo contra las inmobiliarias y critica el discurso populista que estigmatiza al sector», combina información policial con una interpretación ideológica de los acontecimientos. Según el comunicado, la Policía Municipal tuvo conocimiento de daños en varias agencias inmobiliarias durante la huelga general. Una de las incidencias, localizada en un establecimiento de la avenida de Guadalajara, fue trasladada a la Policía Nacional.
La concejala de Seguridad, Orlena de Miguel, sostiene que «señalar indiscriminadamente a las inmobiliarias no aporta soluciones y alimenta la hostilidad contra negocios y trabajadores. La discrepancia política nunca puede justificar amenazas ni daños». Una afirmación razonable en su rechazo a la violencia, aunque el comunicado no identifica a los responsables de los desperfectos ni aporta elementos que permitan establecer una relación directa entre esos actos y las organizaciones convocantes de la movilización.
Ese matiz no es menor. En una jornada de huelga general, atribuir políticamente unos incidentes sin conocer su autoría puede contribuir a proyectar sobre el conjunto de los manifestantes una sospecha que los hechos conocidos no justifican. El Ayuntamiento no acusa expresamente a los sindicatos de haber cometido los daños, pero la asociación entre vandalismo, movilización y «populismo de izquierdas» introduce una interpretación política que trasciende la información policial.
Y lo hace en un contexto especialmente significativo. Desde el mediodía, miles de personas han recorrido el centro de Alcalá en una manifestación convocada por la Mesa Sindical del Corredor del Henares. La marcha ha partido de la estación de Renfe y ha avanzado hasta la Plaza de Cervantes, donde han confluido trabajadores, representantes sindicales y ciudadanía movilizada. La protesta ha transcurrido pacíficamente, sin que la nota municipal describa incidentes durante su recorrido.
El comunicado también recoge otras incidencias. Según el Ayuntamiento, alrededor de las 22:30 horas se comunicaron roturas de lunas en autobuses situados en la zona de la Universidad, así como un bloqueo temporal de la salida de vehículos de las cocheras. La intervención de la Policía Local y la Policía Nacional permitió restablecer la circulación hacia las 22:40 horas. La nota no precisa expresamente que esos hechos correspondieran a la noche anterior, pese a difundirse durante la jornada del miércoles.
El Ayuntamiento añade que desde las cinco de la madrugada se realizaron acompañamientos policiales y que todos los autobuses pudieron salir con normalidad. También informa de cerraduras rotas o bloqueadas en varias escuelas infantiles y colegios, además de la rotura del escaparate de La Floratería, en la calle Pedro Sarmiento de Gamboa.
En la Ciudad Deportiva de Espartales, la sala de pesas y la piscina no pudieron abrir porque, según la información municipal, no habían llegado los monitores. El comunicado incluye esta circunstancia entre las incidencias, aunque no establece si la ausencia respondió al ejercicio del derecho de huelga o a cualquier otra causa. Conviene distinguir entre daños materiales, posibles coacciones y consecuencias ordinarias de un paro laboral.
El propio Gobierno municipal reconoce, además, que hubo piquetes que desarrollaron su actividad pacíficamente. En el polígono de la calle Francisco Alonso, una patrulla comprobó que las personas concentradas informaban sobre la huelga sin provocar cortes de tráfico ni incidencias.
Sin embargo, el comunicado reserva sus expresiones más contundentes para la crítica ideológica. «El populismo convierte problemas reales en consignas y busca culpables fáciles. Los vecinos necesitan medidas eficaces, no que se normalice el señalamiento», afirma Orlena de Miguel.
La referencia al acceso a la vivienda introduce otro elemento de controversia. Criticar las prácticas de determinadas empresas, cuestionar las políticas públicas de vivienda o reclamar una regulación más eficaz del mercado no equivale a justificar ataques contra establecimientos comerciales. Del mismo modo, condenar esos ataques no debería utilizarse para desacreditar reivindicaciones sociales legítimas.
El comunicado del Gobierno de Judith Piquet se mueve precisamente en esa frontera. Parte de unos incidentes concretos para introducir una censura general al discurso de la izquierda sobre la vivienda, sin acreditar una relación causal entre ambas cuestiones. Tampoco especifica cuántas inmobiliarias resultaron afectadas, cuál fue la entidad de los daños o si se ha identificado a alguna persona responsable.
El Ayuntamiento tiene la obligación de informar sobre las incidencias que afectan a la seguridad ciudadana. También tiene derecho a defender sus posiciones políticas. Lo discutible aparece cuando ambos planos se entrelazan en una comunicación institucional, especialmente en una jornada de movilización social de esta magnitud.
La elección del titular municipal resulta reveladora. No se limita a anunciar daños ni a ofrecer un balance policial de la huelga. Introduce desde el primer momento una crítica al «discurso populista», una valoración política difundida desde los canales oficiales del Ayuntamiento.
No conocemos las motivaciones internas de esa decisión comunicativa. Sí conocemos su resultado: el Gobierno municipal ha situado en primer plano los daños denunciados y el reproche ideológico, mientras miles de personas han ocupado pacíficamente las calles de Alcalá para expresar sus reivindicaciones.
Ambas realidades forman parte de este 11 de noviembre. Los desperfectos deben investigarse y sus responsables responder por ellos. Pero una movilización multitudinaria y pacífica tampoco debería quedar eclipsada por unos incidentes cuya autoría no se ha esclarecido. La responsabilidad de una información pública equilibrada consiste en contar ambas cosas, distinguirlas con claridad y evitar que la interpretación política sustituya a los hechos.
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