- El Consistorio prevé mantener toda la recogida de residuos y anuncia multas de hasta 3.000 euros por carteles de la huelga.
La huelga general de este miércoles 11 de noviembre llega a Alcalá de Henares acompañada de un doble frente de controversia entre el Gobierno municipal y las organizaciones sindicales. Por un lado, el Ayuntamiento ha establecido unos servicios mínimos de 46 empleados municipales que CCOO, UGT y CGT han rechazado pese a la reducción de la propuesta inicial. Por otro, el Ejecutivo local ha anunciado la apertura de expedientes sancionadores por la colocación de carteles relacionados con la convocatoria, con multas que podrían alcanzar los 3.000 euros.
Las dos decisiones, comunicadas este martes 10 de noviembre, sitúan al Gobierno municipal de PP y Vox ante una jornada de movilización que tendrá uno de sus principales escenarios en las calles de Alcalá. Mientras los sindicatos preparan la manifestación convocada desde la estación de Renfe hasta la Plaza de Cervantes, el Ayuntamiento defiende la necesidad de garantizar los servicios esenciales y advierte de que el ejercicio del derecho de huelga no exime del cumplimiento de las ordenanzas municipales.
La coincidencia temporal de ambos anuncios añade un componente político a las horas previas a la movilización. El primero afecta directamente a la organización de los servicios públicos durante la jornada de paro; el segundo introduce la posibilidad de sanciones económicas por actuaciones relacionadas con su difusión. Son dos procedimientos distintos, aunque ambos se producen en el contexto de una convocatoria sindical que ha elevado la tensión entre las organizaciones de trabajadores y el Ejecutivo local.
El Ayuntamiento sostiene que sus decisiones responden exclusivamente a criterios de funcionamiento de los servicios públicos, protección del patrimonio y cumplimiento de la normativa. Las organizaciones sindicales, por su parte, han rechazado los servicios mínimos propuestos, aunque las notas municipales no recogen sus argumentos ni incluyen una valoración sindical sobre los expedientes anunciados.
Cuarenta y seis empleados municipales y un desacuerdo que llega hasta la víspera
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha decretado unos servicios mínimos de 46 empleados municipales para la huelga general del miércoles, una cifra que, según el Gobierno local, representa aproximadamente el 3 % de la plantilla.
La resolución pretende compatibilizar el ejercicio del derecho de huelga con la atención de las necesidades esenciales de la ciudadanía y la respuesta ante incidencias que no puedan aplazarse. Sin embargo, la negociación con las organizaciones convocantes no ha permitido alcanzar un acuerdo.
La concejala de Recursos Humanos, Orlena de Miguel, ha defendido el esfuerzo realizado por el Consistorio para reducir la propuesta inicial. “Hemos hecho un esfuerzo de negociación y reducido en más de la mitad los efectivos de la propuesta inicial. Pese a ello, los sindicatos convocantes han rechazado unos servicios mínimos que representan alrededor del 3 % de la plantilla municipal y que están destinados a garantizar prestaciones esenciales para los ciudadanos”, ha señalado.
La reunión de negociación tuvo lugar el pasado 4 de noviembre. Según la información facilitada por el Ayuntamiento, después de presentar una segunda propuesta con una reducción superior al 50 % respecto a la primera, CCOO y UGT mantuvieron su rechazo y formularon alegaciones. La distribución de los 46 trabajadores contempla 28 auxiliares de control y mantenimiento en colegios, siete empleados de Obras y Mantenimiento, cinco de Hacienda, Contratación y Patrimonio, dos de Atención Ciudadana, dos de Servicios Sociales, uno de Recursos Humanos y un responsable técnico del Teatro Salón Cervantes, donde se desarrolla estos días la programación del festival ALCINE.
El Gobierno municipal justifica estas dotaciones por la necesidad de garantizar la seguridad de personas e instalaciones, atender urgencias sociales y asegurar el cumplimiento de trámites administrativos que no puedan demorarse. La presencia de personal en los centros educativos responde a la necesidad de mantener determinadas funciones de control y mantenimiento, mientras que los efectivos asignados a Obras y Mantenimiento deberán atender posibles incidencias durante la jornada. Los servicios sociales y administrativos conservarán también una dotación mínima para responder a situaciones consideradas esenciales.
No obstante, la cifra del 3 % requiere una precisión importante. Los 46 empleados corresponden a la distribución de personal municipal recogida en la resolución, mientras que las previsiones de limpieza viaria, recogida de residuos y mantenimiento de zonas verdes aparecen detalladas por separado en la comunicación oficial.Por tanto, el porcentaje anunciado por el Ayuntamiento no permite conocer por sí solo el alcance total de los efectivos previstos para mantener los distintos servicios públicos durante la huelga.
Basuras al cien por cien, limpieza al setenta y 24 trabajadores en zonas verdes
La planificación municipal contempla mantener el 100 % de los servicios de recogida de residuos programados para el miércoles. Esta previsión incluye las distintas fracciones de basura —resto, envases ligeros, cartón y materia orgánica—, así como la recogida en el entorno de los contenedores. También se mantendrían los servicios previstos en la calle Mayor, la recogida puerta a puerta de establecimientos comerciales y la correspondiente a las galerías.
En limpieza viaria, el Ayuntamiento establece una prestación equivalente al 70 % de los servicios programados, con especial atención a los accesos y entornos de centros sanitarios y educativos, mercados municipales, Casco Histórico y principales ejes comerciales y hosteleros.La planificación incorpora igualmente el vaciado de papeleras, el barrido manual y mixto, el baldeo en determinadas zonas y la utilización de equipos multidisciplinares con agua a presión.
El concejal de Medio Ambiente y Limpieza Viaria, Vicente Pérez, ha explicado que el objetivo es evitar problemas de salubridad durante la jornada. “La prioridad es evitar la acumulación de residuos y atender los espacios donde la limpieza resulta especialmente necesaria para la salud y la seguridad de los vecinos. También se han previsto retenes para intervenir ante vertidos de sustancias peligrosas, aceites, accidentes y otras emergencias”, ha afirmado.
En el caso de las zonas verdes, la previsión municipal contempla una dotación de 24 trabajadores distribuidos entre equipos de riego, poda, limpieza de residuos y jardinería, mantenimiento de mobiliario, recogida de restos vegetales, apertura y cierre de parques y manejo de camiones cisterna. A estos equipos se añade personal técnico, administrativo y de coordinación, según la información facilitada por el Gobierno municipal.
La diferencia entre las cifras anunciadas para el personal municipal y las dotaciones previstas en los servicios de limpieza y jardinería constituye uno de los aspectos que necesitarían una explicación adicional para conocer el dispositivo completo. Además, conviene distinguir entre los servicios mínimos establecidos y la planificación operativa anunciada para las empresas o servicios encargados de la limpieza y el mantenimiento urbano. Las notas municipales no precisan suficientemente esa relación ni permiten determinar cuántos trabajadores estarán finalmente obligados a prestar servicio en cada ámbito.
En cualquier caso, el Ejecutivo local insiste en que las previsiones buscan garantizar las prestaciones esenciales sin impedir el ejercicio del derecho de huelga, una interpretación que no ha conseguido el respaldo de los sindicatos convocantes.
Diez actuaciones por carteles y multas que pueden llegar a 3.000 euros
El segundo frente abierto por el Gobierno municipal afecta a la colocación de carteles relacionados con la huelga general. El concejal de Medio Ambiente, Vicente Pérez, ha anunciado que el Ayuntamiento iniciará expedientes sancionadores por la instalación de publicidad sindical sin la correspondiente autorización. El edil sostiene que determinadas actuaciones han provocado daños en fachadas y deterioro del mobiliario urbano, con el consiguiente coste para el patrimonio municipal.
La ordenanza prohíbe colocar carteles, pancartas, adhesivos o publicidad en espacios públicos y elementos del mobiliario urbano fuera de los lugares habilitados y sin autorización previa. Las infracciones contemplan multas de entre 751 y 1.500 euros, que pueden alcanzar los 3.000 euros en determinados supuestos agravados.
Según la información municipal, durante octubre y noviembre se han localizado diez actuaciones relacionadas con la colocación de cartelería. Tres cuentan ya con actas confirmadas: una del 3 de octubre en la calle Azucena, otra del 22 de octubre en el número 2 de esa misma vía —correspondiente al expediente 1789/2026— y una tercera del 8 de noviembre en la calle Gustavo Adolfo Bécquer.
Las otras siete actuaciones también disponen de actas de la Policía Municipal, aunque todavía están pendientes de incorporarse al sistema de denuncias Eurocop. Estas últimas corresponden a carteles detectados el 5 de noviembre en el paseo de la Alameda; el 6 de noviembre en las calles Imagen, Mayor y Nueva, así como en las plazas de Palacio y de las Bernardas; y el 7 de noviembre en la calle Teniente Ruiz.
El Ayuntamiento señala que tramitará los expedientes conforme se incorporen las actas y se determine quiénes son los responsables de las actuaciones. Esta última precisión resulta especialmente relevante porque, aunque el titular de la comunicación municipal atribuye directamente a los sindicatos el deterioro de fachadas y mobiliario urbano, el propio contenido de la nota reconoce que todavía debe establecerse la responsabilidad de las personas o entidades implicadas.
La existencia de carteles relacionados con una convocatoria sindical no acredita por sí sola quién los colocó ni permite atribuir automáticamente una infracción a las organizaciones convocantes. Tampoco se detallan en la comunicación los daños materiales concretos que se habrían producido en cada emplazamiento.
Vicente Pérez ha defendido la aplicación de la normativa municipal con independencia de la finalidad de los carteles. “La defensa de los derechos laborales y el ejercicio de la huelga son plenamente legítimos, pero no justifican incumplir las normas de convivencia ni deteriorar el patrimonio de todos. Cada cartel que daña una fachada o deteriora el mobiliario urbano genera un coste que acaba recayendo sobre los vecinos”, ha manifestado.
El concejal ha recordado que durante 2026 se han levantado 53 actas por colocación de cartelería o publicidad en Alcalá de Henares, aunque la nota no especifica cuántas corresponden a propaganda comercial, política, sindical o de cualquier otra naturaleza. “La normativa debe aplicarse a todos por igual. Los espacios públicos son de todos y quienes colocan publicidad sin autorización deben responder por ello”, ha concluido.
Los dos anuncios municipales llegan apenas unas horas antes de que Alcalá de Henares se convierta en uno de los escenarios de las movilizaciones convocadas para el 11 de noviembre.La manifestación prevista para el mediodía, con salida desde la estación de Renfe y llegada a la Plaza de Cervantes, trasladará a las calles una protesta laboral que ya ha encontrado en el Ayuntamiento un primer escenario de confrontación.
Con los servicios mínimos rechazados por CCOO, UGT y CGT, y los expedientes sancionadores todavía pendientes de tramitación y determinación de responsabilidades, la jornada de huelga arranca marcada por el desacuerdo.
El Gobierno municipal reivindica la continuidad de los servicios públicos y el cumplimiento de las ordenanzas. Los sindicatos mantienen su convocatoria. Y entre ambas posiciones queda una cuestión que solo podrá valorarse con mayor precisión una vez concluida la jornada: cómo se ha compatibilizado realmente el ejercicio del derecho de huelga con el funcionamiento de los servicios municipales.
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