- El vandalismo tras la Cabalgata desata denuncias, una moción política y un debate de fondo sobre pluralidad, seguridad y libertad de expresión.
La Cabalgata de Reyes de Alcalá de Henares, uno de los actos más populares y transversales del calendario local, ha terminado convertida en objeto de controversia política, judicial y social. Lo que comenzó como un debate sobre la participación de determinados colectivos en un desfile infantil ha derivado en actos vandálicos, denuncias ante los tribunales, una moción conjunta de PP y VOX en el Pleno municipal y un fondo de preguntas incómodas que van más allá del caso concreto: ¿dónde acaba la crítica política y empieza el señalamiento?, ¿qué papel juega la libertad de expresión?, ¿y hasta qué punto la organización municipal garantiza la seguridad de los actos públicos?
La secuencia de los hechos es conocida. Tras las críticas públicas de Más Madrid Alcalá a la presencia de entidades provida en la Cabalgata, una de las carrozas fue vandalizada una vez finalizado el desfile, quedando prácticamente destruida. El colectivo afectado anunció inicialmente su intención de emprender acciones legales, y posteriormente la Fundación Española de Abogados Cristianos formalizó una denuncia ante los juzgados de instrucción de Alcalá de Henares.
A partir de ahí, el conflicto se amplía: denuncia judicial, debate político, y una pregunta que sobrevuela todo el proceso: ¿se protegió adecuadamente el recinto y los bienes municipales tras la Cabalgata?
Un concurso público y una participación reglada
Conviene empezar por el principio. La participación en la Cabalgata de Reyes de Alcalá no es arbitraria ni discrecional. Se articula mediante procedimientos públicos, con bases conocidas, criterios objetivos y resolución administrativa. No se trata de una invitación ideológica, sino de un concurso de participación, en el que pueden concurrir asociaciones, colectivos y entidades que cumplan los requisitos establecidos.
Desde el Ayuntamiento de Alcalá de Henares se ha insistido en este punto: todas las carrozas participan en igualdad de condiciones, sin filtros políticos o ideológicos. Esa es, de hecho, la base sobre la que el Consistorio defiende el carácter plural del desfile.
Aquí surge una de las primeras tensiones de fondo. El derecho al aborto es un derecho legal reconocido en el ordenamiento jurídico español. Nadie lo discute. Pero la oposición ideológica al aborto también forma parte del marco constitucional de la libertad de expresión, siempre que se exprese por vías legales y sin incitación al odio. Que una entidad provida participe en una Cabalgata tras superar un procedimiento público no convierte automáticamente el desfile en un acto político, del mismo modo que la presencia de asociaciones de distinto signo social, cultural o ideológico lo ha hecho en años anteriores.
La pregunta incómoda es clara: ¿puede una administración vetar una participación legal por el contenido ideológico de quien cumple las normas? Si la respuesta es no, y jurídicamente lo es, el debate debería situarse en otro plano.
Del debate político al señalamiento
El conflicto se tensó cuando el debate político dejó de ser abstracto y pasó a poner nombre y apellido a un colectivo concreto, cuestionando públicamente su legitimidad para participar en un acto dirigido a la infancia. Ahí se cruza una línea delicada.
Criticar una idea, una corriente o una posición política entra dentro del juego democrático. Señalar públicamente a un colectivo concreto, identificable y participante en un acto público, tiene otra dimensión. Especialmente cuando ese acto no es un mitin ni una manifestación, sino una celebración infantil multitudinaria.
La posterior vandalización de la carroza, producida,dato relevante, una vez finalizado el desfile, introduce un elemento que nadie debería minimizar. No se trató de un incidente fortuito en mitad de la Cabalgata, sino de una acción posterior, cuando las carrozas estaban estacionadas y el ambiente festivo había concluido.
El colectivo afectado anunció en un primer momento que se planteaba presentar querella, antes incluso de que Abogados Cristianos formalizara la denuncia judicial. Ese dato refuerza la percepción de que los daños fueron vividos como algo más que una gamberrada: como un ataque con carga simbólica.
¿Falló la vigilancia del recinto?
Más allá del debate ideológico, hay una cuestión netamente municipal que merece ser abordada con seriedad: la seguridad y la vigilancia del recinto una vez finalizado el desfile.
La Cabalgata moviliza recursos humanos, policiales y logísticos durante su desarrollo. Pero, ¿qué ocurre después? ¿Existe un protocolo claro de custodia de carrozas y materiales? ¿Se mantuvo vigilancia suficiente en las zonas donde quedaron estacionadas?
Son preguntas legítimas. No para señalar culpables políticos, sino para evaluar si los dispositivos de seguridad fueron adecuados. La propia denuncia presentada solicita el análisis de grabaciones de seguridad, lo que apunta a que existían cámaras o sistemas de vigilancia, pero también deja entrever que estos no evitaron los destrozos.
En un contexto de creciente polarización, quizá sea razonable preguntarse si los dispositivos de seguridad deben adaptarse cuando existen tensiones previas conocidas. No para censurar participaciones legales, sino precisamente para protegerlas y evitar que el conflicto derive en hechos consumados.
El Pleno entra en escena
El conflicto llegará ahora al Pleno municipal del 20 de enero, con una moción conjunta de PP y VOX que será defendida por el concejal de Fiestas y Tradiciones Populares, Antonio Saldaña. La iniciativa insta a la portavoz de Más Madrid, Rosa Romero, a una retractación pública y a pedir disculpas, y abre la puerta tanto a su reprobación en Pleno como al estudio de posibles acciones legales.
El texto de la moción introduce además una referencia explícita al artículo 510 del Código Penal, relativo a delitos de odio. Es un terreno delicado. Corresponderá exclusivamente a los tribunales determinar si existe o no responsabilidad penal. Pero el hecho de que el debate haya llegado a ese punto da una medida del nivel de tensión alcanzado.
Aquí conviene una reflexión serena. No todo discurso político incómodo es delito, ni toda crítica dura constituye incitación al odio. Pero tampoco es inocuo el uso de la palabra pública desde una posición institucional. La política local, precisamente por su cercanía, tiene efectos inmediatos y tangibles.
Una ciudad plural… también cuando incomoda
Alcalá de Henares presume, con razón, de ser una ciudad plural, universitaria y diversa. Esa pluralidad no se demuestra solo cuando todos piensan parecido, sino cuando conviven posiciones incómodas, siempre que lo hagan dentro de la legalidad.
La Cabalgata de Reyes no es el lugar para dirimir debates ideológicos de fondo. Pero tampoco debería serlo para vetos selectivos ni para convertir la discrepancia en estigmatización. Si una participación es legal, reglada y autorizada, el desacuerdo político debe expresarse en otros espacios, no trasladarse a un acto infantil ni, mucho menos, desembocar en vandalismo.
El episodio deja varias lecciones pendientes: revisar protocolos de seguridad, rebajar la temperatura del discurso público y recordar que la libertad de expresión es un derecho de ida y vuelta, incluso cuando no gusta lo que se expresa. La Cabalgata pasará, los Reyes volverán el año que viene, pero el reto de fondo seguirá ahí: cómo gestionar la pluralidad sin romper la convivencia.
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Está claro que el delito de odio se aplica selectivamente siempre del mismo lado.