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Delegación y FMM cruzan reproches por VioGén, con los ayuntamientos reclamando más efectivos, recursos y compromiso estatal en la protección de víctimas.
El arranque del año ha traído un nuevo frente político en la Comunidad de Madrid, esta vez con la violencia de género y la seguridad municipal como telón de fondo. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha remitido una carta a los alcaldes y alcaldesas de 34 municipios madrileños para instarles a que se adhieran al Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén). La iniciativa ha provocado una respuesta inmediata y muy crítica por parte de la presidenta de la Federación Madrileña de Municipios (FMM) y alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, que acusa al delegado de “hipocresía política”.
La carta, enviada este jueves, va dirigida a ayuntamientos que cuentan con al menos ocho agentes de Policía Local, el umbral que la Delegación del Gobierno considera mínimo para poder incorporarse al sistema. En ella, Martín anima a los regidores a “valorar” junto a sus equipos de gobierno y los servicios municipales la adhesión a VioGén, al que define como una herramienta “esencial para la valoración del riesgo, el seguimiento de casos y la protección efectiva de las víctimas de violencia de género”.
Entre los municipios destinatarios figuran Ajalvir, El Álamo, Algete, Alpedrete, Arroyomolinos, El Boalo, Camarma de Esteruelas, Campo Real, Chinchón, Cobeña, El Escorial, Fuente el Saz de Jarama, Galapagar, Griñón, Guadarrama, Hoyo de Manzanares y Humanes de Madrid, además de Loeches, Meco, El Molar, Los Molinos, Morata de Tajuña, Navacerrada, Navalagamella, Paracuellos de Jarama, San Lorenzo de El Escorial, Sevilla la Nueva, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Torrelodones, Valdemorillo, Valdemoro, Villanueva de la Cañada y Villarejo de Salvanés.
El escrito fue remitido también a la presidenta de la Federación Madrileña de Municipios, cargo que ocupa Judith Piquet, lo que ha convertido la iniciativa en un choque directo entre ambas instituciones. En su argumentación, el delegado del Gobierno apela a los datos de violencia machista registrados el pasado año: 46 mujeres asesinadas en España por sus parejas o exparejas, cuatro de ellas en la Comunidad de Madrid. Unas cifras que, a su juicio, “evidencian la magnitud del desafío” y obligan a una respuesta “integral, sostenida y coordinada” por parte de todas las administraciones.
Martín defiende que la incorporación de las policías locales a VioGén tiene un “impacto directo” en la vida de las víctimas, al mejorar la detección de situaciones de riesgo y acelerar la respuesta policial. En la carta subraya además la disposición de la Guardia Civil para firmar protocolos de actuación adaptados a la realidad de cada municipio y solicita a los ayuntamientos que designen una persona de “enlace municipal” para coordinar el proceso con la Delegación del Gobierno y las fuerzas de seguridad del Estado. Según el planteamiento trasladado, ese enlace participaría en reuniones técnicas, presenciales o telemáticas, para despejar dudas y facilitar la implantación del sistema.
La respuesta desde la FMM no se ha hecho esperar. Judith Piquet ha denunciado públicamente la “hipocresía política” del delegado del Gobierno y le reprocha que exija actuaciones a los ayuntamientos mientras, según sostiene, no cumple con sus propias competencias en materia de seguridad ciudadana. La alcaldesa de Alcalá de Henares pone el foco en la falta de efectivos estatales en muchos municipios y en las condiciones materiales en las que trabajan Policía Nacional y Guardia Civil.
Piquet recuerda que buena parte de los municipios a los que se dirige la carta “no cuentan con efectivos suficientes de Policía Nacional o Guardia Civil, carecen de medios materiales adecuados y no disponen de instalaciones dignas para que los agentes puedan desarrollar su trabajo con normalidad”. En ese contexto, sostiene que la seguridad ciudadana es una competencia exclusiva del Gobierno de España y critica fallos recientes de planificación en eventos con gran afluencia de público, donde, según afirma, se han producido refuerzos de urgencia o problemas de cobertura policial.
La presidenta de la FMM añade además otra crítica de fondo: la falta de reacción del delegado del Gobierno ante los problemas detectados en algunos recursos clave de protección a las víctimas. “No le hemos oído pronunciarse cuando han fallado de forma reiterada las pulseras telemáticas de protección, ni le hemos visto exigir al Ministerio la renovación o sustitución de unos dispositivos que están poniendo en riesgo a las víctimas”, ha señalado.
Así, el debate sobre la adhesión a VioGén trasciende el plano técnico y se instala de lleno en el terreno político, con un cruce de reproches entre la Delegación del Gobierno y los municipios madrileños. Mientras Martín insiste en la necesidad de sumar a las policías locales a un sistema estatal de coordinación frente a la violencia machista, Piquet y la FMM reclaman más recursos, más medios y un mayor compromiso del Gobierno central antes de trasladar nuevas exigencias a los ayuntamientos. El choque está servido y, por ahora, no parece que vaya a cerrarse con una simple carta.

















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