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El PP celebra la sentencia que avala el nombramiento de Paula Ortega Güell y acusa al PSOE de una persecución política injustificada.
La concejala de Urbanismo, Cristina Alcañiz, ha celebrado el “varapalo judicial” al PSOE tras conocerse la Sentencia nº 220/2025 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 17 de Madrid. El fallo desestima íntegramente el recurso interpuesto por el grupo socialista contra el nombramiento de Paula Ortega Güell como directora general de Urbanismo, Proyectos y Vivienda del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, y reconoce la legalidad del proceso y la idoneidad profesional de la arquitecta.
Según destaca el Partido Popular, la resolución judicial “pone fin a una campaña de persecución política, personal y profesional sin precedentes” y deja en evidencia la estrategia del PSOE complutense, “basada en la mentira, la difamación y la utilización de los tribunales como altavoz político”.
“La Justicia ha sido contundente: el nombramiento fue plenamente legal y la profesional reunía los requisitos de formación y experiencia exigidos. Lo que hicieron Rodríguez Palacios y su subalterno Blázquez fue una persecución política y personal para intentar manchar la reputación de una trabajadora honesta y valiosa para la ciudad”, ha afirmado Alcañiz.
De la polémica al fallo judicial
El origen del conflicto se remonta a septiembre de 2023, cuando el PSOE de Alcalá exigió explicaciones públicas a la alcaldesa Judith Piquet por la designación de Paula Ortega Güell como directora general de Urbanismo. En un comunicado emitido el 22 de septiembre, los socialistas cuestionaron la “idoneidad” de la elegida, sugirieron que no cumplía los requisitos de experiencia y, de forma insinuante, mencionaron una “relación de vecindad” con la concejala de Urbanismo, Cristina Alcañiz.
Durante el pleno del 19 de septiembre, el entonces portavoz socialista Alberto Blázquez insistió en esas sospechas, habló de una supuesta “ciudad de los enchufes” y acusó al nuevo gobierno local de practicar “amiguismo institucionalizado”. Días después, el PSOE dio un paso más e interpuso un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de nombramiento, alegando falta de transparencia, ausencia de mérito y presunto trato de favor.
El 28 de septiembre de 2023, apenas veinte días después de su nombramiento, Paula Ortega Güell presentó su dimisión “por la presión mediática y política” que había generado la polémica. “Nadie dimite por gusto —recuerda hoy una fuente cercana al gobierno—; lo hizo para proteger su nombre y evitar que la maquinaria partidista del PSOE siguiera triturando su reputación”.
Dos años después, la sentencia 220/2025 da la razón al Ayuntamiento. El juez descarta todas las acusaciones socialistas y certifica que el nombramiento “se ajustó plenamente al procedimiento legal”, recordando que los cargos directivos de libre designación “no se rigen por concurso u oposición, sino por criterios de idoneidad, capacidad y confianza dentro del marco legal vigente”.
El fallo, además, subraya que Ortega Güell “posee titulación universitaria, experiencia técnica en el ámbito urbanístico y acreditada competencia para el desempeño del cargo”. No hubo, según el juez, “ninguna vulneración de los principios de mérito o igualdad”. Con ello, el tribunal desactiva la tesis socialista de que el puesto se había concedido de manera arbitraria o con favoritismo personal.
“Una campaña de persecución personal sin precedentes”
Para la concejala de Urbanismo, Cristina Alcañiz, el caso demuestra “hasta dónde fue capaz de llegar el PSOE complutense para embarrar la gestión del nuevo gobierno”. “Rodríguez Palacios y Blázquez han fracasado en su persecución política. Han utilizado los tribunales como arma de oposición y la mentira como método de trabajo. Pero la Justicia les ha dicho que no todo vale”, sostiene.
En el comunicado difundido este miércoles, el PP remarca que “Paula Ortega Güell no era una política, sino una técnica con formación, experiencia y compromiso con Alcalá”. Según Alcañiz, “la experiencia profesional no solo se acredita con una vida laboral, sino con la participación en proyectos y la capacidad técnica demostrada”.
“Paula Ortega reunía méritos sobrados para ocupar el puesto. Su nombramiento fue legal y legítimo. Lo que hizo el PSOE fue intentar destruir su nombre para desgastar al gobierno de Judith Piquet. Y eso, a la vista de la sentencia, no solo fue injusto, sino profundamente inmoral”, añade la edil.
El PP considera que el fallo “devuelve la dignidad a una profesional ejemplar” y “retrata la falta de escrúpulos de una oposición que confundió el control político con la caza de personas”.
Ciclos que se cierran
Con el fallo judicial firme, el caso Ortega Güell se da por concluido. Pero en el plano político, la herida no está del todo cerrada. El PSOE, que en 2023 hizo bandera de la denuncia, no ha reaccionado públicamente a la resolución del juzgado. Tampoco ha pedido disculpas a la afectada.
La sentencia no solo invalida los argumentos del recurso, sino también el relato político que acompañó a aquella campaña. Los plenos de 2023 se convirtieron en escenario de ataques personales, titulares incendiarios y presunciones sin pruebas. La dimisión de Ortega fue presentada por la oposición como una “admisión de culpa”, cuando hoy los hechos demuestran que fue una retirada por dignidad ante la presión.
Y quizá en este punto sea inevitable una observación con retranca: el PSOE y su secretario general en Alcalá parecen tener una querencia especial por los juzgados. A veces acuden como acusación; otras, como investigados. Sin resoluciones firmes todavía, pero con una familiaridad procesal que empieza a ser costumbre.
Ahora, la Justicia ha hablado. Y las preguntas que quedan ya no son jurídicas, sino morales: ¿Se va a restituir en su puesto a Paula Ortega Güell? ¿Alguien en el PSOE asumirá responsabilidades por este señalamiento judicial?
Son preguntas que no buscan revancha, sino reparación. Porque Paula Ortega Güell no era una política ni una protagonista de la refriega partidista, sino una técnica municipal que creyó en el servicio público y acabó pagando el precio de un linchamiento mediático. Dos años después, un juez ha puesto las cosas en su sitio. Pero el daño personal, como la confianza perdida, no siempre se restaura con una sentencia.
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