- La formación también pedirá responsabilidades a la ONG gestora del centro y al Ministerio de Inclusión.
Vox ha confirmado este jueves su presencia como acusación popular en el caso de la agresión sexual sufrida por una joven en junio en las inmediaciones del centro de acogida de emergencia y derivación (CAED) de Alcalá de Henares. La coordinadora nacional jurídica del partido, Marta Castro, acudió a las declaraciones de la víctima, que se celebraron en sede judicial.
Según informó la formación, su participación en la vista responde al compromiso de impulsar que “caiga todo el peso de la ley sobre el agresor” y, en su caso, solicitar “las penas más duras posibles” y la expulsión del territorio nacional una vez cumplida la condena. La presencia de Castro en el acto procesal marca un paso más en la implicación directa de Vox en el procedimiento, tras haberse personado como acusación popular.
El partido subraya que la asistencia a la declaración se enmarca en su objetivo de “acompañar a la víctima y velar porque el procedimiento se desarrolle con todas las garantías necesarias para la defensa de sus derechos”. En este sentido, la formación ha insistido en que mantendrá un seguimiento permanente del caso hasta la celebración del juicio.
La investigación, desarrollada por la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, se inició a raíz de la denuncia presentada en junio, tras la supuesta violación ocurrida en las inmediaciones del CAED. Las grabaciones de las cámaras de seguridad situadas en el perímetro del acuartelamiento Primo de Rivera fueron clave para la identificación del sospechoso, un hombre de 21 años de origen maliense residente en dicho centro.
Detención y situación judicial
El arresto se produjo el martes 1 de julio a las 15:00 horas en el interior del propio CAED. El titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de Alcalá de Henares decretó el 4 de julio prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido, acusado de un delito de agresión sexual y otro de lesiones. El investigado se acogió a su derecho a no declarar en la vista judicial.
Por motivos legales y de protección de la víctima, no han trascendido detalles del contenido de su declaración. Fuentes judiciales señalan que su testimonio, junto a las pruebas forenses y el material videográfico obtenido, constituye la base principal del caso. Las diligencias continúan abiertas para determinar con precisión las circunstancias de los hechos y la implicación del acusado.
Vox ha adelantado que, además de su intervención en el procedimiento penal contra el presunto agresor, solicitará responsabilidades a la ONG ACCEM, gestora del centro, y al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Según la formación, estas entidades “deben responder por lo ocurrido” dada su vinculación con la gestión del recurso donde residía el acusado.
La postura del partido se enmarca en su línea política sobre menores no acompañados, en la que reclama el cierre de este tipo de centros, la devolución de los menores a sus familias y el refuerzo de los controles fronterizos.
A pesar de que la causa se encuentra bajo secreto parcial de sumario, la presencia de Vox en la declaración judicial refuerza su papel como parte acusadora y asegura que la formación tendrá acceso a las actuaciones y podrá formular las peticiones que considere oportunas durante todo el proceso.
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