Al día siguiente, cinco de marzo, toda mi familia quedamos confinados en nuestra casa, sin mascarillas y sin alcohol, pues ya empezaban a escasear. Tengo la suerte que mi hija trabaja como psicóloga a través de consultas por internet, y en su casa como escritora; mi hijo también hace su trabajo por internet y reuniones presenciales que ahora están suspendidas; y mi mujer y yo, en Can Marita, resort de primera categoría, a mí me lo parece, o sea, mi casa, jubilados desde no hace mucho tiempo. Hemos conseguido mentalizarnos y lo estamos llevando bastante bien, aunque nos falta la caricia del sol en el cuerpo.
Transcurrido el Estado de Alarma decretado por el Gobierno, hemos sabido que durante el segundo trimestre de este año se han destruido más de un millón de empleos, los peores datos en la historia de España para un solo trimestre.
Ante el rebrote de la pandemia, el Gobierno ha retorcido las leyes, de forma legal pero torticera, para recobrar el mando sobre aquellas ciudades con más de cien mil habitantes, sesenta y dos en el total del país, aplicando el Principio de Pareto: Se concentra en pocas personas (aquí hay que aplicar ciudades), mucha riqueza (aquí hay que aplicar control de ciudadanos).
Digo torticera porque se ha marcado un número de 500 casos por 100.000 habitantes de una forma política y sin consultar con verdaderos expertos en el tema, y se han añadido otros dos condicionantes: Que el municipio presente un porcentaje de positividad en los resultados de las pruebas diagnósticas de infección activa por COVID-19 realizadas en las dos semanas previas superior al 10%, y que la comunidad autónoma a la que pertenezca el municipio presente una ocupación de camas por pacientes COVID-19 en unidades de cuidados intensivos superior al 35% de la dotación habitual (época pre-COVID-19) de camas de cuidados críticos en los centros hospitalarios existentes. El resumen es que la única CCAA a la que atañe es Madrid, gobernada por el Partido Popular, quedando fuera otras ciudades que tienen más de 500 casos /100.000 habitantes, pero fuera de los otros dos condicionamientos, algunas de ellas con marcado propósito secesionista.
Vivo en una de esas ciudades que quedan confinadas por la Resolución del Ministerio de Sanidad publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado, en las que, de forma resumida, se aplicarán las siguientes restricciones:
- Restricción de la entrada y la salida en los municipios confinados, a excepciones de aquellos desplazamientos que estén justificados por motivos de trabajo, sanitaros, legales y judiciales, de educación.
- La circulación por carreteras que atraviesan los municipios será posible siempre y cuando tenga origen y destino fuera de los mismos.
- Será posible la circulación de personas residentes dentro de los municipios, siempre que se respeten las medidas de protección individual y colectiva establecidas por las autoridades sanitarias.
- Reducción de las reuniones sociales y familiares a un máximo de seis personas.
- Suspensión de la actividad en los parques infantiles de uso público.
- Los establecimientos de hostelería y restauración y de juegos y apuestas cerrarán a las 23.00 horas (excepto entrega de comida a domicilio). No podrán aceptar el acceso de clientes después de las 22.00 horas.
- El aforo máximo en bares y restaurantes será de un máximo del 50% en espacios interiores y del 60% en espacios exteriores.
- El consumo en las barras no está permitido y la ocupación máxima será de seis personas por mesa.
- En las instalaciones deportivas, el aforo se limita al 50% en espacios interiores y del 60% en exteriores.
- La práctica deportiva en grupos disminuye a un máximo de seis personas.
- El aforo máximo en los lugares de culto será de un tercio y en los velatorios podrá haber 15 personas en espacios al aire libre o diez en cerrados.
- En las academias, autoescuelas y centros privados de enseñanza no regladas, el aforo máximo será de un 50%.
Centrándonos en la Comunidad de Madrid, no he visto ninguna referencia a las llegadas y salidas a través de aeropuertos, estaciones de trenes y de autobuses; tampoco a la llegada de inmigrantes ilegales y MENAS; ni los que salen y entran diariamente en esta Comunidad: profesores, médicos, notarios, funcionarios, empleados de banca, que viven en Madrid y se desplazan todos los días por la mañana a Guadalajara, Toledo, Puertollano y Ciudad Real, bastante menos a Cuenca y Albacete; de los que compraron una vivienda o chalet adosado en Guadalajara, Toledo, Puertollano o Ciudad Real, y van y vienen a trabajar a Madrid todos los días; de los técnicos y empleados que van todos los días desde Madrid a trabajar a los polígonos industriales que subvencionó la Junta de CLM en las “fronteras” de Madrid con Guadalajara, Toledo y Ciudad Real, cuyas empresas pagan impuestos en esa Comunidad; de los albañiles, yesaires, talochas y escayolistas que salen desde muchos pueblos de Guadalajara, Toledo y Ciudad Real todos los días en una furgoneta cargada con 6/8 0 10 personas que van a trabajar a Madrid y alrededores, y vuelven a la caída del sol, a 140 kilómetros por hora en la autovía de Andalucía; de los estudiantes de Guadalajara que todos los días tienen que ir a la Universidad de Alcalá de Henares, de los médicos y enfermeras de la Universidad de Alcalá de Henares que atienden al Hospital Universitario de Guadalajara, de quienes viven en Camarma, Daganzo, Villalbilla, Meco y otros pueblos cercanos, y van y vienen diariamente a Alcalá de Henares ….. No sé si todas estas personas son inmunes al virus por resolución del Ministerio de Sanidad, o se les va a controlar y hacer pruebas víricas a la entrada y a la salida de las carreteras de su circunscripción autonómica.
El metro lineal ya no tiene cien centímetros para todo el mundo en España, la economía no puede esperar más, la salud es innegociable. Señores políticos, dejen de jugar con nuestras vidas, pónganse de acuerdo, pero no nos dejen morir por coronavirus ni por hambre.