El fiscal acusa a dos ediles del PP de Alcalá por delito ambiental

Según informa el diario EL PAÍS esta misma mañana, el fiscal ha pedido la apertura de juicio oral contra Tomás Marcelo Isoldi, concejal del PP de Alcalá de Henares, y Francisco Javier Fernández, exedil del mismo grupo, por haber permitido que una estación de autobuses, que recibía hasta 152 vehículos diarios, funcionara durante años sin las licencias necesarias. Isoldi sostiene en su descargo que las competencias eran de la Comunidad de Madrid y que ellos intentaron buscar soluciones que no se tuvieron en cuenta.

Marcelo Isoldi con el entonces alcalde Javier Bello. Foto de archivo de ALCALÁ HOY

  • Los vecinos soportaron la instalación hasta 2015 —año en la que se trasladó—, que producía altos niveles de ruido, vibraciones, y contaminación, indica el fiscal.

  • Fernández ocupó el puesto de concejal de Movilidad y Medio Ambiente desde principios de 2010 a julio de 2012, fecha en la que le sustituyó Isoldi hasta julio de 2014.

 

El antiguo intercambiador de autobuses. Foto de la Federación de Asociaciones de Vecinos.

Según la información de EL PAÍS, rubricada por Esther Sánchez en la tarde del domingo 3 de diciembre,  La estación de autobuses, situada en la calle Brihuega, carecía de licencia de actividad y de funcionamiento: solo tenía una autorización municipal para trabajar como “despacho de billetes, sala de espera, cafetería y administración de autobuses”. Una circunstancia de la cual los “acusados eran perfectos conocedores”, dice el escrito del fiscal, porque en 1990 se reconoció el carácter provisional de las instalaciones.

  • Mantuvieron una estación de autobuses que carecía de permisos
Foto de Ricardo Espinosa Ibeas

El fiscal considera que los hechos son “constitutivos de un delito de prevaricación ambiental”. Por ese motivo, pide para los dos acusados un año y nueve meses de prisión, inhabilitación especial para empleo o cargo público durante ocho años y una multa de 15 euros diarios durante 15 meses, entre otras medidas.

“No tiene sentido que nos denuncien de forma personal, porque las competencias son de la Consejería de Transportes”, replica Isoldi. El concejal añade que ellos mandaban las quejas de los vecinos al Consorcio Regional de Transportes, además de proponer que se aplicaran medidas paliativas, como que los autobuses apagaran los motores. “También intentamos llevar el intercambiador a unos hangares, pero el resto de los grupos lo rechazó”.

“Omisión consciente”

EL PAÍS desvela que el escrito de fiscalía sostiene, sin embargo, que “omitieron de forma consciente sus obligaciones”, porque permitieron su funcionamiento sin que se respetaran los límites de emisión de ruidos. Y ello, “a sabiendas de las molestias que estaban ocasionando por los ruidos a los vecinos incluso en horario nocturno”. El nivel de ruido permitido se llegó a superar hasta en 24 decibelios y en periodo de noche hasta en 32, según las mediciones realizadas.

Isoldi explica que la denuncia lleva en marcha desde 2012. “A mí me llamaron en marzo de 2016 y ahora nos encontramos con esto. Realmente no lo entiendo, porque nosotros no tomamos ninguna decisión personal. Todo pasa por junta de gobierno y, además, tampoco teníamos competencia en ello”, insiste.

 

 

 

 

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2 Comentarios

  1. Una actividad lucrativa sin licencia de actividad y de funcionamiento.
    Unos vecinos sin poder dormir, sin poder estar en su domicilio.
    ¿Alguno de esos vecinos era del partido?
    Seguro que si alguno de esos vecinos hubiera sido del partido lo habrían clausurado. solamente por el hecho de no tener licencia.
    Espero que los reclamantes tengan dinero para un buen abogado.
    El juez/a se va a poner de parte del político. ¿Por qué? Porque sino, no asciende y ademas corre el peligro de que lo envíen de Juez de Paz a mi pueblo.

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