Incertidumbre sobre el destino de las basuras de Alcalá y de los municipios del Este

En un extenso artículo publicado hoy mismo por el diario EL PAÍS, J. A. Aunión rubrica una información que vuelve a poner en primer plano de actualidad los problemas de los vertidos en la zona Este de Madrid. 

Se afirma en este importante medio nacional  que ” El Ayuntamiento de Pozuelo del Rey, un municipio de 1.000 habitantes a 40 kilómetros de la capital, está estudiando la posibilidad ofrecer su término municipal para acoger la futura planta de tratamiento de residuos del este. La nueva infraestrucura es vital para las 31 localidades de la zona porque el vertedero que ahora usan, el de Alcalá de Henares, estará lleno en 2018. Pero el pueblo que debía acogerla, Loeches, se ha echado atrás. Por eso, Pozuelo del Rey se está planteando dar un paso al frente con un proyecto que podría aliviar una deuda municipal que asciende a 1,5 millones de euros, unas tres veces su presupuesto anual.”

En la Mancomunidad del Este, el organismo que gestiona la recogida de residuos de los 31 municipios del Corredor del Henares, saben desde hace tiempo que deben buscar una alternativa al vertedero de Alcalá de Henares, donde acaba la basura de los 650.000 vecinos de la zona. Porque esta infraestructura que funciona desde hace 35 años tiene sus días contados, y no solo por la incompatibilidad de un vertedero a cielo abierto con los estándares ambientales actuales, sino sobre todo porque dentro de poco allí no cabrán más desechos urbanos. Al ritmo actual, de unas 250.000 toneladas sin ningún tratamiento, el quinto y último vaso abierto en 2012 (se hacen enormes agujeros en los que la basura se va superponiendo por capas y luego se compacta) estará completamente colmatado a finales en 2018.

Por eso, tras un primer intento frustrado —se había proyectado un complejo en una zona muy cercana a la Base Aérea de Torrejón de Ardoz—, en 2009 la mancomunidad planteó la construcción de una planta recogida y tratamiento de residuos en el municipio de Loeches, una localidad de algo más de 8.000 vecinos entre Alcalá de Henares y Arganda del Rey. En abril de 2011, el entonces alcalde socialista de Loeches votó a favor del proyecto que luego aceptó el siguiente alcalde del PP, Antonio Notario, aunque este exigió que la planta no tuviera incineradora y que Loeches recibiera compensaciones por acogerla.

Notario volvió a ganar las elecciones de 2015, pero se quedó en minoría, a merced de una oposición que rechaza forntalmente el llamado complejo medioambiental de reciclaje Ecoparque. “Los grupos de la oposición aprobaron una moción que impide que se construya aquí”, explicó Notario el pasado enero a El País.

El tiempo se agota

Pero, más allá de la decisión final de Pozuelo del Rey, el tiempo apremia por el agotamiento en 2018 del espacio en el vertedero de Alcalá de Henares y un cambio de ubicación requeriría volver a empezar de cero, lo que supondría unos cinco años de tramitaciones ambientales, aseguran fuentes de la Mancomunidad del Este. La Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid ha insistido en todo momento en que la ubicación de las nuevas instalaciones no les compete a ellos, sino que depende única y exclusivamente de la mancomunidad. Ellos, por su parte, solo pueden seguir con la tramitación del expediente que se les ha presentado, es decir, el de Loeches.

La resistencia de Loeches

El alcalde de Alcalá de Henares y presidente de la Mancomunidad del Este, Javier Rodríguez, aseguró el pasado mes de marzo, en una comisión de la Asamblea de Madrid, que decidieron aplazar el debate sobre la ubicación de la nueva planta hasta tener el visto bueno ambiental definitivo de la Comunidad. La pregunta, en todo caso, es si habría alguna posibilidad de llevarlo a término si el municipio en cuestión se opone, por más que haya un convenio firmado de por medio.

De hecho, en la misma comisión de la Asamblea, el alcalde de Loeches insistió en que ya han comunicado su decisión a la mancomunidad, que les han pedido que se suspenda el convenio y que, si no ocurre, propondrán “tomar todas las medidas legalmente posibles para que esto no se lleve a cabo”, dijo Notario.

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