Judith Piquet defiende más vivienda, menos burocracia y seguridad jurídica frente al «intervencionismo y la pésima gestión» de Sánchez

En plena campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre, Judith Piquet ha defendido en Alcalá las propuestas del Partido Popular para facilitar el acceso a la vivienda, especialmente entre los jóvenes. La alcaldesa participó en un acto de Nuevas Generaciones celebrado en la calle Teniente Ruiz, apenas cinco días después de que el Congreso convalidara el decreto de vivienda del Gobierno de Sánchez, que incluye medidas contra los desahucios y ayudas para nuevos compradores.

Judith Piquet interviene en el encuentro sobre vivienda organizado por Nuevas Generaciones en Alcalá de Henares. © Fotografía remitida por el PP
  • La alcaldesa reivindica las 700 viviendas del Plan VIVE y respalda la promesa electoral de Feijóo de construir un millón de pisos.
Colllage con fotos remitidas por el PP

La vivienda se ha convertido en uno de los asuntos centrales de la campaña para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, y el Partido Popular de Alcalá de Henares ha querido situar sus propuestas en el debate electoral. La alcaldesa, Judith Piquet, participó este lunes en un encuentro organizado por Nuevas Generaciones en El Patio Events, un establecimiento de la céntrica calle Teniente Ruiz, muy próximo a la sede local del PP, donde defendió un modelo basado en la construcción de nuevas viviendas, la reducción de trabas administrativas, la seguridad jurídica y los incentivos fiscales, frente a lo que calificó como «el intervencionismo, la burocratización y la pésima gestión» del Gobierno de Pedro Sánchez.

El encuentro reunió al presidente nacional de Nuevas Generaciones, Ignacio Dancausa; al presidente de la organización juvenil en la Comunidad de Madrid, Álvaro Picazo; y a la presidenta de Nuevas Generaciones de Alcalá de Henares, Almudena Corral, que figura además como segunda suplente al Senado en las candidaturas populares. La presencia de estos dirigentes, junto a la alcaldesa complutense, situó el acto en el marco de la campaña electoral, con especial atención a las dificultades que encuentran los jóvenes para emanciparse y acceder a su primera vivienda.

Piquet defendió la necesidad de acelerar los procedimientos urbanísticos y administrativos para incrementar la oferta residencial. «Queremos reducir los trámites y protocolos burocráticos para acelerar la construcción y el acceso a la vivienda; no podemos sufrir más demoras ni eternizar los procesos y tramitaciones», afirmó. La alcaldesa reclamó también unas normas «fijas, estables y transparentes» que proporcionen seguridad jurídica a promotores, propietarios e inquilinos, así como una legislación del suelo que establezca con claridad los derechos y obligaciones de las partes e incorpore medidas contra la ocupación ilegal.

La regidora insistió en la importancia de movilizar suelo disponible, especialmente en las zonas con mayor demanda, y de reforzar la colaboración público-privada como instrumento para ampliar el parque residencial. Como ejemplo de este modelo citó el Plan VIVE de la Comunidad de Madrid, que contempla más de 700 viviendas de alquiler asequible en Alcalá de Henares. Se trata de una de las principales actuaciones residenciales impulsadas por el Gobierno regional en la ciudad, aunque la nota del PP no concreta cuántas de esas viviendas se encuentran ya disponibles ni los plazos de entrega de las restantes.

La alcaldesa añadió a estas propuestas las rebajas fiscales, las ayudas económicas y los mecanismos de garantía pública destinados a facilitar el acceso a la primera vivienda. En particular, destacó la importancia de los avales para superar uno de los principales obstáculos de los jóvenes compradores: la falta de ahorro suficiente para afrontar la entrada de una hipoteca. Piquet vinculó estas medidas con otras políticas de empleo y formación, al considerar que la emancipación juvenil requiere una respuesta más amplia que la estrictamente inmobiliaria. «La seguridad y la independencia que aporta tener un techo es un paso indispensable», señaló.

El acto se celebró apenas cinco días después de que la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados convalidara, el pasado 12 de noviembre, el Real Decreto-ley 29/2026 de medidas urgentes en materia de vivienda, conocido popularmente como el decreto de Maricarmen por el caso de la mujer de 87 años desahuciada en Madrid que contribuyó a situar el problema de la vivienda en el centro del debate político. La norma salió adelante por un ajustadísimo resultado de 35 votos a favor y 34 en contra, gracias al respaldo del PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos y el PNV, mientras que PP, Vox y Junts votaron en contra.

El decreto convalidado incluye la ampliación hasta el 31 de diciembre de 2030 de determinadas medidas de protección frente a los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, una prórroga extraordinaria de hasta dos años para los contratos de alquiler que cumplan los requisitos establecidos y límites a las actualizaciones anuales de las rentas hasta finales de 2027. También contempla préstamos públicos de hasta 50.000 euros para facilitar la entrada de la primera vivienda, además de incentivos fiscales y medidas destinadas a incrementar la oferta de alquiler asequible.

Sin embargo, la misma sesión parlamentaria rechazó un segundo decreto que planteaba la renovación automática de los contratos de alquiler con carácter indefinido, una medida defendida por Sumar que no obtuvo el respaldo necesario. En esta segunda votación, el PNV se alineó con PP, Vox y Junts, dejando sin efecto una de las propuestas más controvertidas del Gobierno en materia de arrendamientos.

La coincidencia temporal entre estas decisiones parlamentarias y el acto organizado por Nuevas Generaciones refleja la importancia que ha adquirido la vivienda en la recta final de la campaña electoral. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez defiende la intervención pública para proteger a los inquilinos, limitar determinadas subidas de precios y ampliar las garantías frente a los desahucios, el Partido Popular pone el acento en el incremento de la oferta, la movilización de suelo, los incentivos fiscales y la reducción de las cargas administrativas. Son planteamientos diferentes sobre las causas de la crisis residencial y las herramientas necesarias para afrontarla, aunque ambos incorporan mecanismos de apoyo público al acceso a la vivienda.

En este contexto, Piquet aprovechó su intervención para respaldar uno de los principales compromisos electorales de Alberto Núñez Feijóo: la construcción de un millón de viviendas durante los próximos cuatro años si el Partido Popular llega al Gobierno tras las elecciones del 29 de noviembre. La alcaldesa sostuvo que el aumento de la oferta, acompañado de promociones específicas para jóvenes, debe contribuir a moderar los precios y ampliar las posibilidades de compra y alquiler.

La propuesta de Feijóo supone un objetivo de 250.000 viviendas anuales, cuya materialización dependería de factores como la disponibilidad de suelo, los procedimientos urbanísticos, la financiación, la capacidad del sector de la construcción y la colaboración entre administraciones. El comunicado difundido por el PP de Alcalá no detalla qué parte de ese compromiso correspondería a la Comunidad de Madrid ni qué actuaciones adicionales podrían desarrollarse en la ciudad complutense.

El encuentro de Nuevas Generaciones permitió así trasladar al ámbito local uno de los principales debates de la campaña nacional, en una ciudad donde el acceso a la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler, constituye una preocupación para numerosos jóvenes y familias. La referencia a las más de 700 viviendas del Plan VIVE sirvió a Piquet para presentar las actuaciones de la Comunidad de Madrid como ejemplo de las políticas defendidas por su partido.

La alcaldesa cerró su intervención reivindicando el compromiso del PP con la emancipación juvenil y el acceso a la vivienda. «No hay un partido que vaya a tomarse más en serio el acceso a la vivienda de los más jóvenes que el Partido Popular», afirmó. Una declaración formulada en plena campaña electoral, cuando las distintas fuerzas políticas confrontan sus propuestas sobre un problema que afecta directamente a las posibilidades de independencia económica y residencial de buena parte de la ciudadanía.

 

 

 

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