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Los trabajadores denuncian que los recursos empresariales paralizan sus mejoras salariales y exigen soluciones al Ayuntamiento antes de convocar posibles movilizaciones.
La paciencia también tiene fecha de caducidad. Y en la Escuela Infantil Los Molinos de Alcalá de Henares parece que hace tiempo que se agotó. Mientras los procedimientos administrativos avanzan entre recursos, suspensiones y disputas empresariales, la plantilla continúa esperando una subida salarial que, según denuncian sus representantes, ya cuenta con financiación presupuestaria. El último recurso presentado contra la licitación del servicio ha vuelto a paralizar el proceso de adjudicación y ha dejado a sus profesionales en una situación que consideran tan injusta como evitable.
Hay una burocracia que se mide en expedientes, plazos y resoluciones, y otra que se mide en nóminas que no mejoran, facturas que siguen llegando y meses de espera que nadie devuelve. Esta última es la que conocen demasiado bien los trabajadores y trabajadoras de la Escuela Infantil Los Molinos, uno de los centros educativos de Alcalá de Henares cuya gestión depende de un contrato público que parece condenado a tropezar una y otra vez con los obstáculos administrativos.
El pasado 26 de octubre, la plantilla hizo público un comunicado en el que expresaba su profunda indignación por una nueva suspensión del procedimiento de licitación para gestionar la escuela. La causa inmediata es la presentación de un recurso especial por parte de una de las empresas participantes en el concurso, una circunstancia que vuelve a detener la adjudicación y, con ella, la posibilidad de aplicar las mejoras salariales previstas en el nuevo contrato.
El expediente afectado, identificado con el número 34634/2026, se ha convertido así en algo más que una referencia administrativa. Para quienes trabajan diariamente en Los Molinos representa la distancia entre una mejora económica anunciada y una realidad laboral que permanece inmóvil.Porque los recursos se presentan, los expedientes se suspenden y las empresas defienden sus intereses, pero el calendario de quienes esperan cobrar un salario actualizado continúa avanzando sin contemplaciones.
La plantilla sostiene que lleva meses aguardando una actualización retributiva destinada a compensar, al menos parcialmente, la pérdida de poder adquisitivo acumulada. Una reivindicación que consideran especialmente justificada en un sector como el de la educación infantil, donde las exigencias profesionales y la responsabilidad cotidiana no siempre encuentran correspondencia en las condiciones económicas.
«El dinero está; falta voluntad política»
Y aquí aparece la cuestión que ha terminado por encender los ánimos: según aseguran los trabajadores, el dinero necesario para afrontar esa subida salarial ya está aprobado y consignado en los presupuestos municipales.
No estaríamos, por tanto, ante una reclamación para la que hubiera que buscar financiación adicional, sino ante la exigencia de encontrar una fórmula que permita utilizar unos recursos que, siempre según la representación laboral, ya están previstos para mejorar sus condiciones. «El dinero está; falta voluntad política», resumen los afectados en una frase que concentra buena parte de su malestar.
Los trabajadores consideran inadmisible que el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y la concejalía competente se limiten a esperar la resolución de los recursos empresariales mientras sus retribuciones permanecen congeladas. Entienden que la administración municipal debería explorar, junto con la actual empresa gestora, las posibilidades legales existentes para anticipar las mejoras salariales sin necesidad de aguardar a la adjudicación definitiva. «Exigimos al Ayuntamiento y a la empresa gestora actual que busquen fórmulas legales y de concertación para que la subida salarial se ejecute ya. El dinero está disponible y no hay justificación para que los trabajadores paguemos el pato de los pleitos empresariales», declaran portavoces de la plantilla. La expresión es coloquial, pero describe con bastante precisión el sentimiento que transmiten: quienes no participan en las disputas entre empresas son precisamente quienes terminan soportando sus consecuencias económicas.
Naturalmente, la existencia de una partida presupuestaria no significa por sí sola que el Ayuntamiento pueda modificar las condiciones económicas de un contrato vigente sin seguir los procedimientos legales correspondientes. Esa es una cuestión que requiere determinar qué mecanismos administrativos y contractuales resultarían aplicables. Pero precisamente ahí sitúan los trabajadores el núcleo de su reclamación: no piden que se ignore la ley, sino que se estudien todas las posibilidades que ofrece para evitar que una nueva suspensión prolongue indefinidamente la espera.
La educación infantil, mucho más que un contrato administrativo
El conflicto tiene, además, una dimensión que trasciende las nóminas. Las escuelas infantiles forman parte de esa infraestructura cotidiana de servicios públicos cuya importancia suele hacerse visible cuando algo deja de funcionar. Cada mañana, muchas familias confían el cuidado y la educación de sus hijos más pequeños a profesionales que desempeñan una tarea exigente, delicada y esencial para la conciliación de la vida familiar y laboral.
No se trata únicamente de abrir las puertas de un centro y mantener unas instalaciones en funcionamiento. Detrás hay atención individualizada, acompañamiento emocional, desarrollo educativo, responsabilidad y una dedicación que difícilmente puede reducirse a las cifras de una adjudicación administrativa. La plantilla de Los Molinos recuerda precisamente esa relación entre la calidad del servicio y las condiciones laborales de quienes lo prestan. Considera que dignificar sus salarios no es una cuestión secundaria, sino una parte necesaria del reconocimiento profesional que merece la educación infantil. Y mientras tanto, la maquinaria administrativa continúa su recorrido.
El recurso presentado por una de las empresas licitadoras deberá resolverse conforme a los procedimientos establecidos. La suspensión del expediente condiciona la entrada en vigor del nuevo contrato y mantiene la incertidumbre sobre cuándo podrán aplicarse las condiciones económicas previstas.Lo que los trabajadores cuestionan no es el derecho de las empresas a recurrir, sino que el ejercicio de ese derecho termine aplazando una y otra vez sus expectativas salariales sin que, a su juicio, la administración busque una salida alternativa.
La diferencia no es menor. En una contratación pública confluyen intereses empresariales, obligaciones administrativas, garantías jurídicas y necesidades del servicio. Pero también existen personas cuya economía doméstica depende de decisiones que se adoptan lejos de las aulas en las que desarrollan su trabajo. Por eso, la plantilla ha decidido elevar el tono de sus reclamaciones y advertir de que la paciencia está llegando a su límite.
La plantilla advierte de posibles movilizaciones
En su comunicado no descartan iniciar un calendario de movilizaciones y protestas si el Ayuntamiento no ofrece una solución que permita aplicar cuanto antes las mejoras retributivas. No han concretado todavía las fechas ni las características de esas posibles acciones, pero el aviso refleja un malestar que, según explican, viene acumulándose desde hace meses.Su exigencia es que se habilite una solución de emergencia, jurídicamente viable, que garantice la actualización salarial con independencia del tiempo que pueda prolongarse el litigio entre las empresas participantes en el concurso.
La pelota queda ahora en el tejado del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, al que los trabajadores reclaman una respuesta que vaya más allá de la espera administrativa. También interpelan a la empresa que actualmente gestiona el centro, cuya participación consideran necesaria para alcanzar cualquier acuerdo. Por el momento, el comunicado de la plantilla no permite establecer si existe una vía legal concreta para anticipar esos incrementos, ni recoge una respuesta municipal a esta última reclamación. Son dos cuestiones fundamentales para conocer hasta dónde llega realmente el margen de actuación de la administración.
Lo que sí queda claro es que el conflicto ha dejado de ser una simple discrepancia sobre los tiempos de una licitación. Se ha convertido en una reivindicación laboral que enfrenta las expectativas salariales de los profesionales con las demoras de un procedimiento de contratación pública. En Los Molinos, entretanto, las aulas siguen siendo aulas, las familias continúan necesitando el servicio y los profesionales siguen desempeñando su trabajo. Nada de eso se detiene porque una empresa presente un recurso o porque un expediente quede suspendido. Las nóminas, sin embargo, tampoco cambian.
Y esa es la paradoja que los trabajadores quieren poner sobre la mesa: mientras el dinero que, según aseguran, debe financiar sus mejoras salariales permanece consignado, quienes tendrían que beneficiarse de él continúan esperando.Porque una cosa es que la administración necesite tiempo para resolver un contrato y otra muy distinta que quienes sostienen diariamente el servicio tengan que esperar indefinidamente para mejorar sus condiciones laborales. En la Escuela Infantil Los Molinos, esa diferencia empieza a resultar demasiado cara.
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